Junto con reiterar que la diligencia de incautación de los e-mails se apegó a la legalidad, la jueza relata que recibió la visita de dos abogadas del MOP, quienes le manifestaron su preocupación de que los correos pudieran desaparecer misteriosamente.
La ministra en visita que sustancia el caso Gate, Gloria Ana Chevesich, realizó una cerrada defensa de su gestión a cargo del proceso y de paso deslizó sugerentes críticas al ministro de Obras Públicas Javier Etcheberry, en un informe enviado a la Corte de Apelaciones de Santiago, a propósito del recurso de protección que presentaron en su contra los funcionarios de esa cartera, tras la incautación de sus e-mail el pasado 20 de octubre en la Dirección de Concesiones.
El documento de cinco páginas, al que tuvo acceso exclusivo El Mostrador.cl, llegó a la Corte la semana pasada y fue ingresado al expediente que contiene la acción legal presentada por el abogado Eugenio Evans y que será visto por la Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino el próximo viernes 12 de noviembre.
Chevesich asegura que la pesquisa que realizó en las dependencias de calle Merced, cuando fue agredida por los enardecidos funcionarios que reclamaban ser víctimas de un atropello a su derecho a la privacidad, se apegó a las normas vigentes y que por lo tanto no importaría ningún vicio de inconstitucionalidad, que es precisamente lo que busca resguardar el recurso de protección.
Sin embargo, a poco de recorrer el informe de Chevesich, la magistrada evidencia una serie de hechos hasta ahora desconocidos que, asegura, sucedieron antes de que decretara formalmente la diligencia.
El informe policial
El primero de ellos es el contenido de un informe preparado por el policía que trabaja en el caso, el inspector César Rocuant. Este último relata una conversación con la jefa de la Unidad de Informática de la Coordinación General de Concesiones, Marcia Román Morales. Según el detective, la profesional la habría indicado que no habían registros de los e-mail desde el año 1997 hasta el 2003, y que sólo se guardarían los enviados en los últimos meses.
Si bien Chevesich no lo dice expresamente, queda claro de la lectura de su informe que no creyó la versión entregada por Román Morales, tras lo cual emitió una resolución -rolada a fojas 3.285-donde ordena la incautación de los correos electrónicos que, hasta donde se sabe, estaban todos respaldados.
Menciona también la petición hecha por Etcheberry de que suspendiera la diligencia, de la cual cita un párrafo para que la Corte evalúe: "Me permito adjuntar la referida misiva para que U.S.I., si lo tiene a bien y lo estima pertinente, dentro de sus facultades, revise la medida decretada en relación con el universo de personas afectadas o la forma de realizar la misma, con el objeto de disipar los temores de los funcionarios", le escribió el ministro.
La petición de Etcheberry, sencillamente no le gustó para nada a la ministra. De hecho, la consideró como una impugnación "velada" de una resolución, tras lo cual decretó lo siguiente: "Teniendo en consideración que lo planteado por el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, señor Javier Etcheberry, en su oficio signado 35 del 6 de octubre, importa impugnar en forma velada una resolución judicial, actuación que está reservada sólo a las partes en el proceso y que debe realizarse mediante la interposición de los recursos que al efecto establece la ley…".
Pero a renglón seguido, Chevesich es aún más enfática y sostiene que el secretario de Estado debe dar fiel cumplimiento a la diligencia -la que finalmente se realizó- dentro de un plazo de diez días, "bajo apercibimiento legal".
Posteriormente, dice Chevesich, hizo un curso en la Academia Judicial entre los días 12 al 14 de octubre durante las tardes, ya que durante las mañanas, le correspondía integrar la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Fue así como la magistrada se enteró de un nuevo oficio enviado por el ministro Etcheberry, "signado con el número 37 del 15 de octubre".
"En él hace presente que en las dependencias de la Unidad de Informática de Concesiones se encuentra a disposición del tribunal, las cintas, el software y el hardware necesarios para llevar adelante el proceso de bajar y copiar las cintas y desagregar la información solicitada del resto de la contenida en ellas. Señala que este trabajo lo puede realizar personal de Concesiones con dedicación exclusiva, con presencia de un funcionario de Investigaciones o de la forma en que el tribunal lo estime conveniente".
Chevesich asegura que, debido a la tardanza que acarrearía la copia de las cintas, decidió nombrar -el pasado 19 de octubre; es decir, un día antes de la polémica diligencia- a un perito de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (Dictuc) para que la asesorara en la incautación y posterior lectura y revisión de las cintas.
Chevesich, nuevamente, aunque en forma velada, desliza un intento de presión en su contra, pero esta vez de parte de dos abogadas que asesoran el Fiscal del MOP, Jorge Norambuena, de quienes, en todo caso, no entrega sus identidades. Según la jueza, estas profesionales le manifestaron la "inquietud" que existía entre los funcionarios, como también el temor de que las cintas desaparecieran antes de que ella se apersonara en el lugar.
Oídos estos argumentos, Chevesich les informó que realizaría la diligencia al día siguiente.
Sobre este punto, Chevesich intenta desmentir a Etcheberry, ya que este último asegura que sólo se enteró media hora antes del día 20 de octubre, cuando la jueza concurrió a concesiones.
Visita intempestiva
Así fue como, en medio de dimes y diretes judiciales, estaba por realizarse la polémica pesquisa. Eran las 8.10 am, dice Chevesich, cuando el fiscal del MOP llegó al tribunal para decirle que había una empresa privada con los equipos necesarios para la lectura de las cintas.
La ministra no aceptó la recomendación del fiscal del MOP y le indicó que incautaría lo que necesitaba. Y así lo hizo, pese a los "intentos de impugnación por parte de Marcia Román Morales, jefa de la Unidad de Informática, y en definitiva, se incautaron 180 cintas".
Respecto al recurso mismo, Chevesich asegura que su incautación tiene como objetivo el camino lógico de la justicia, pero que no podía hacer otra cosa, ya que, como se trataba de cintas donde está contenida la información de los e mails, debía obtenerlas todas, para poder leerlos y encontrar lo que busca, ya que no puede segregarse sin haber hecho esto antes.
Por eso, dice la jueza, se reunió un día después de la diligencia con personal del Dictuc, a quienes les manifestó que debían habilitarle una oficina especial, pues sería ella misma quien revisaría uno a uno los correos electrónicos. Además de que todo aquello que tuviera el carácter de "privado" debía ser eliminado.
"En mi concepto, la práctica de la diligencia de la manera reseñada en suficiente para los funcionarios de la Coordinación General del Concesiones, que estiman conculcados sus derechos constitucionales, en la forma como lo plantean en su recurso, de que sólo el tribunal tomara conocimiento del contenido de las cintas…".
Por último, y como una crítica de broche de oro a Etcheberry, Chevesich asegura que la designación de un "tercero" -es decir, la empresa ofrecida por el MOP para llevar a cabo la copia de las cintas, como también la segregación de los correos o la ayuda de un funcionario de Concesiones- "importa una abierta infracción a los artículos 156 y siguientes del Código de Procedimiento Penal", que reservan al tribunal la realización de diligencias.
"Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que la actuación de un ‘tercero’ de ninguna manera da garantías al tribunal, más aún si como lo sugiere el señor ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry, la designación de ese ‘tercero’, recaería en un funcionarios de la Coordinación General de Concesiones", concluye el informe de la magistrada.
Lea el informe completo de la ministra
