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Se tomará un plazo de dos sema

Lagos recibió informe de Comisión sobre Prisión Política y Tortura

por 10 noviembre, 2004

Se trata de ocho capítulos, que se concentran principalmente el contexto en el que se produjeron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, el funcionamiento de la comisión, los testimonios de las víctimas y las medidas de reparación.

El Presidente Ricardo Lagos se tomará un plazo de dos semanas para estudiar el informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que hoy recibió de parte del grupo de trabajo que encabezó el obispo católico Sergio Valech y que documentó los casos de cerca 35 mil personas que sufrieron apremios ilegítimos durante la dictadura militar (1973-1990).



El Mandatario, que se reunió por cerca de una hora y media con los integrantes del grupo de trabajo en el Palacio de La Moneda, había asegurado previo al encuentro que este documento representa un paso importante para Chile en materia de derechos humanos.



"¿Cuántos países se han atrevido a mirar en profundidad su historia, a llegar al fondo de lo que ocurrió? Chile se atreve. Es un país sólido, establece, podemos hacerlo, y espero que todos estén en condiciones de mirar con altura el paso que se está dando", subrayó el gobernante.



El informe, dividido en doce capítulos, se concentra principalmente en el funcionamiento de la comisión, el contexto en el que se produjeron las violaciones a los derechos humanos, los testimonios de las víctimas y las medidas de reparación.



Al término del encuentro, el obispo Valech recordó el nombre de la propuesta en materia de derechos humanos del Presidente Lagos, que dio forma a la comisión que le correspondió encabezar por cerca de un año: "No hay mañana, sin ayer"



"Nosotros hemos trabajado en el ayer, donde hemos podido encontrar un mundo que ya se había olvidado. Creemos que el mañana, le corresponde a todos los chilenos, guiado por el señor Presidente, que va a tomar las medidas correspondientes, de construir una patria de paz y de progreso", sostuvo Valech.



El religioso agregó que encabezar este grupo significó una oportunidad para renovar los conocimientos que había adquirido durante su paso por la Vicaría de la Solidaridad, en la Mesa de Diálogo, y el trabajo que realizó junto a personas que sufrieron durante esos años la tortura.



En tanto, la vicepresidenta ejecutiva de la comisión, María Luisa Sepúlveda, comentó que el Lagos les agradeció el trabajo realizado, y les comentó que se tomaría un plazo de dos semanas para estudiar las propuestas que se le hicieron.



"Nosotros queremos agradecerle especialmente a las personas que colaboraron y fueron a contarnos su historia, historia que está contenida en el informe que hoy entregamos al Presidente de la República", sostuvo Sepúlveda.



Consultada sobre las propuestas que realizaron, indicó que cumplieron el mandato presidencial, es decir, formular proposiciones sobre las condiciones, características, formas y modos de las medidas de reparación austeras y simbólicas que podrán otorgarse a las personas reconocidas como prisioneros políticos y/o torturados.



Ahora, dijo, es el "Presidente el que tiene que tomar una resolución", declinando explayarse sobre el tipo de propuestas reparatorias.



La entrega del informe estuvo precedida por el reconocimiento del Ejército, respecto a que las violaciones a los derechos humanos fueron una práctica institucional, y el emplazamiento que se ha hecho a otras ramas de las Fuerzas Armadas para que asuman una postura similar.



"El informe hablará por sí solo", dijo Sepúlvda, precisando que "nosotros vamos a dar cuenta de lo que escuchamos, hubo muchas víctimas, que se concentraron fundamentalmente en el año 73, y una vez que ustedes conozcan el informe, podrán sacar las conclusiones".



El grupo de trabajo también estuvo compuesto por Miguel Amunátegui, Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira Kornfeld, Lucas Sierra Iribarren y Alvaro Varela.



Según el informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, en Chile se registraron 3.197 víctimas, 1.197 de las cuales corresponden a detenidos desaparecidos.



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