Suprema rechazó aplicar amnistía y condenó a cúpula de la ex DINA - El Mostrador

Martes, 23 de enero de 2018 Actualizado a las 18:43

Fallo histórico: secuestro cal

Suprema rechazó aplicar amnistía y condenó a cúpula de la ex DINA

por 17 noviembre, 2004

Máximo tribunal desestimó un recurso de casación presentado por la defensa del general (R) Manuel Contreras, ex jefe de la disuelta DINA, que buscaba dejar sin efecto la condena que enfrenta por la detención y posterior desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval. Noticia en desarrollo

La Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema resolvió, por unanimidad, rechazar un recurso de casación presentado por la defensa del general en retiro Manuel Contreras que buscaba aplicar aplicación de la ley de Amnistía en el caso del secuestro calificado del mirista Miguel Ángel Sandoval.



Este es un fallo histórico que modifica el criterio respecto a todos los casos de derechos humanos que se están tramitando en el país.



Asimismo, la resolución establece que el delito de secuestro calificado es de carácter permanente, por lo que este hecho es un apoyo profundo a todos los magistrados que sustancian causas de este tipo. También implicará que el resto de las sentencias podrán, eventualmente, seguir la misma suerte.



El fallo fue dictado por los ministros Alberto Chaigenau, Jaime Rodríguez Espoz, Enrique Cury y los abogados integrantes, Fernando Castro y María Jordán.



En tèrminos generales, los magistrados estimaron que el delito de secuestro permanente es completamente aplicable al caso del mirista Miguel Angel Sandoval, ya que se siguió perpetrando en la medida en que nunca hubo noticias reales de què sucedií² con el cuerpo, ni tampoco si fue asesinado.



La redacción de la resolución estuvo precedida de al menos cuatro reuniones entre los integrantes de la Sala, así como consultas relacionadas con la ley de Amnistía y con la teoría del secuestro calificado.



El encargado de redactar este histórico fallo fue el ministro Jaime Rodríguez Espoz, quien curiosamente fue el mismo que redactó la versión de mayoría del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que, en 2000, por primera vez desaforó a Pinochet por el caso Caravana de la Muerte. Rodríguez Espoz, antes de llagar a Santiago, era ministro en el tribunal de alzada de Valparaíso.



El caso de Miguel Angel Sandoval, comenzó con un proceso sustanciado por el ministro con dedicación exclusiva, Alejandro Solís. Este último finalmente condenó en abril de 2003, por el delito de secuestro calificado a Manuel Contreras a quince años, Miguel Krassnoff a diez; Marcelo Moren Brito 15 años; Fernando Laureani cinco años; Gerardo Godoy cinco años y un día. Todos apelaron a la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó las sentencias de Solís.



Posteriormente continuaron a la Corte Suprema con sus alegaciones. Primero, el abogado Juan Carlos Manns intentó que el Pleno del máximo tribunal generara una suerte de acuerdo-jurisprudencia, para que se aplicara la Amnistía de 1978, pero el ampliado de ministros lo derivó a la Segunda Sala (penal) para que resolviera.



Fue así como los recursos de casación de los agentes de la DINA fueron alegados en septiembre por el abogado Luis Valentín Ferrada quien, en una novedosa estrategia puso a disposición de los magistrados los manuales de tortura que usaba el Ejército para entrenar a sus miembros y sacó una teoría de que era responsabilidad de Estado, que se hubiera torturado en Chile, debido a que estas prácticas eran incluso anteriores al régimen de Pinochet.



El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en tanto, alegó pidiendo que la Suprema confirmara las condenas a los agentes de la DINA, debido a que la causa había llegado a un estado, donde no se podía deshacer lo investigado.



Al mismo tiempo propuso al máximo tribunal que para los otros casos de derechos humanos, principalmente los que tienen que ver con detenidos desaparecidos y secuestro calificado, se generara un nuevo criterio para que los jueces a cargo de éstos establecieran por todos los medios legales existentes la muerte presunta del cuerpo no habido. Este hecho generó la ira de las agrupaciones de derechos humanos e incluso de los mismos abogados del CDE. También generó que los mismas organizaciones presentaran una querella contra Clara Szczaransky.

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