Después de una larga espera entre las víctimas de la represión durante el régimen militar, el Presidente de la República dio a conocer sus impresiones respecto al informe sobre Prisión Política y Tortura, y las medidas de reparación a favor de las casi 35 mil personas que entregaron su testimonio.
El Presidente Ricardo Lagos aseguró que la prisión política y la tortura constituyeron una "práctica institucional de Estado", al dar conocer esta noche sus apreciaciones respecto al informe sobre Prisión Política y Tortura, que documentó los casos de 35 mil chilenos que sufrieron apremios ilegítimos durante el régimen militar.
"El informe nos hace mirar de frente una realidad insoslayable. La prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado, que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile", afirmó el Presidente.
El gobernante señaló que se trata de un paso "sin precedentes en el mundo", pues Chile ha sido capaz, 31 años después, de enfrentar una "dimensión oscura de la vida nacional" y un "abismo de profundo sufrimiento y de tormentos" a raíz de los delitos cometidos durante el régimen militar.
Lagos explicó que la comisión encabezada por el obispo católico Sergio Valech recibió 35 mil testimonios, pero que siete mil de ellos no fueron aceptados porque no cumplieron con todos los requisitos exigidos. Sin embargo, tendrán derecho a que sus casos vuelvan a ser revisados.
El grupo, que trabajó por cerca de un año, también lo integraron María Luisa Sepúlveda, Miguel Amunátegui, Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira Kornfeld, Lucas Sierra Iribarren y Alvaro Varela.
Estremecedor
Lagos afirmó que «recorrer los miles de testimonios me ha conmovido, como les conmoverá a ustedes cuando lo lean", y añadió que sintió muy de cerca "la magnitud del sufrimiento, la sinrazón, la crueldad extrema, la inmensidad del dolor".
"Expreso públicamente mi solidaridad, mi afecto, mi aprecio y mi cariño a todas las víctimas y a sus familias", agregó el gobernante.
El Presidente se preguntó "¿cómo explicar tanto horror?. ¿Qué pudo producir conductas humanas como las que ahí aparecen? No tengo respuesta frente a ello. ¿Cómo explicar que el 94% señalen que fueron objeto de torturas? ¿Cómo explicar que de las 3.400 mujeres que entregaron testimonio, casi todas señalen haber sido objeto de alguna violencia sexual?".
Asimismo, lamentó que el país haya vivido más de 30 años de silencio frente a esta materia, situación que atribuyó al miedo de las víctimas, pero también a una actitud de «dignidad básica».
«Descorrer el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y sicológica es algo muy difícil de hacer, incluso ante los propios cónyuges. Ese mismo silencio comprensible, fue ahondando el daño de los sufrimientos no compartidos, de aquello que preferimos esconder, ocultar, arrancar de los archivos de nuestra historia«, agregó Lagos.
El Mandatario señaló que todas estas personas sufrieron un quiebre en sus vidas, sus familias fueron destruidas, al igual que sus proyectos personales, lo que ha estado cubierto por un «velo de silencio, espeso, insano». No obstante, Lagos destacó que esto «ha terminado», porque a pesar de todo el silencio no pudo convertirse en olvido.
Respecto a las razones que hubo para realizar este informe 30 años después, Lagos explicó que muchas personas continúan sufriendo el impacto de los vejámenes a los que fueron sometidos durante el régimen militar y porque se trata de una verdad que el país debía enfrentar, para completar la justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
"Reconocer el desvarío, la pérdida del rumbo, que hizo que las instituciones armadas y el Estado se apartaran de su tradición histórica, de sus propias doctrinas que las vieron nacer y desarrollarse, es lo que nos permite retomar la senda de siempre y enfrentar con optimismo el futuro", agregó Lagos.
Reparaciones
El gobernante afirmó que la difusión del informe y los testimonios es el "acto más importante para reparar a las víctimas en su dolor", porque de esta manera se "terminó el silencio, se desterró el olvido y se ha reivindicado la dignidad de cada uno de ellos".
Sin embargo, admitió que son necesarias medidas que estén destinadas a "sanar las heridas, no a reabrirlas", pues está comprometida la participación de agentes del Estado.
En esa línea, anunció la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que promueva el respeto de estos derechos a través de la educación y se haga cargo del patrimonio y la confidencialidad de la información existente en Chile sobre esta materia, desde los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, pasando por el Informe Rettig, hasta el informe Valech.
Además, reiteró -tal como lo anunciara el año pasado- medidas de reparación "simbólicas y colectivas" para expresar el reconocimiento moral hacia las víctimas, y de carácter jurídico, que prevengan que estos hechos vuelvan a ocurrir hasta el país. Sin embargo, garantizó que éstas no suponen una afrenta para las Fuerzas Armadas.
Asimismo, anunció iniciativas jurídicas a favor de quienes fueron acusados «de delitos que nunca cometieron, y por tanto, el restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos», mientras que en el aspecto económico, insistió en que sería «una falta de respeto hacia las víctimas el que este valioso proceso de regeneración moral derivara en una pura discusión sobre dineros».
A pesar de ello, estimó necesario hacer un esfuerzo a favor de quienes sufrieron estos apremios, tal como se hizo en su momento con los familiares de los ejecutados, desaparecidos, exiliados y exonerados por razones políticas. «Debe entonces ahora el Estado entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido», dijo Lagos.
En esa línea, anunció el envío de un proyecto de ley para garantizar una pensión vitalicia, equivalente al valor de una y media pensión mínima -112 mil pesos mensuales-, que aumentará cuando se cumplen los 70 y 75 años de edad.
«Estoy conciente que para muchos el reconocimiento de su calidad de detenido político constituye ya una reparación moral suficiente para recuperar su dignidad. Es probable que muchos de ellos, en un gesto solidario, renuncien a la reparación económica a que tienen derecho, y quiero decir que esos fondos, a los cuales ellos renuncian, serán aportados para las actividades del Instituto Nacional de Derechos Humanos», afirmó Lagos.
Asimismo, anunció que estas personas tengan acogida preferencial en el ámbito de la educación, a través de becas; la salud, mediante su inclusión en el Programa de Rehabilitación y Atención Integral de Salud (Prais), y en vivienda, los que serán anunciados próximamente.
«Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo»
Finalmente, Lagos agradeció la labor del la Comisión Valech, y a todas las personas que estuvieron dispuestas al presentar sus casos. «Tal como ellos lo pidieron, sus testimonios serán confidenciales y, por tanto, nadie tendrá acceso a ellos durante los próximos 50 años», afirmó.
El Presidente reconoció que «el camino de hacernos cargo de este pasado ha sido largo, difícil, complejo. Asumir la cruda verdad de lo ocurrido y la responsabilidad de lo obrado, no ha sido fácil para ningún chileno«.
Sin embargo, indicó que «como sociedad hemos ido abriendo los ojos a la realidad de nuestros compatriotas, los desaparecidos, los ejecutados, los exiliados, los exonerados. Ahora, abrimos los ojos a quienes sufrieron prisión política y tortura».
En ese sentido, dijo que el Estado ha ido reparando de manera paulatina a las víctimas de la represión política durante el régimen militar, y que de esta manera se cumplió un capítulo. «Lo completamos para mirar el futuro, no para escudriñar eternamente en el pasado», afirmó.
En ese sentido, señaló que «lo hemos hecho no para reavivar rencores y divisiones, sino para fortalecer la convivencia y la unidad de todos los chilenos. Ese es el espíritu de este Informe. Ese es el espíritu que debe prevalecer una vez conocido el sufrimiento y el dolor».
«Porque hemos sido capaces de mirar toda la verdad de frente, podemos empezar a superar el dolor, a restaurar las heridas. Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo«, puntualizó.
Responsabilidades
La entrega del informe estuvo precedida por el reconocimiento del Ejército, respecto a que las violaciones a los derechos humanos fueron una práctica institucional, y el emplazamiento que se ha hecho a otras ramas de las Fuerzas Armadas para que asuman una postura similar.
Al respecto, la Armada ha sido el principal flanco de estas críticas, particularmente porque hasta el momento ha minimizado el impacto que tuvo el uso del buque escuela Esmeralda como uno de los centros de torturas.
Con todo, el almirante Miguel Ángel Vergara ha señalado que una vez que conozca la totalidad del documento, emitirá un pronunciamiento oficial, el mismo argumento que ha usado la Fuerza Aérea.
El debate también se ha trasladado al Poder Judicial, cuyo rol en el régimen militar en la defensa de los derechos humanos, también ha sido puesta en entredicho.
Al respecto, el presidente del máximo tribunal, Marcos Libedinsky, explicó que una vez que cuenten con el documento, será el Pleno el que decida si, por una parte, se hacen cargo de su contenido y, por otra, si se habrá algún reconocimiento institucional.
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