La carta rogatoria también incluiría interrogatorios al ex militar, Lucía Hiriart y Oscar Aitken. Si esta petición es aprobada por el máximo tribunal, el ministro Muñoz debería evaluar una solicitud de desafuero contra el ex uniformado.
El juez español del Juzgado de Instrucción Número 5 de Madrid, Baltasar Garzón, arremetió nuevamente en el caso de las millonarias cuentas que el general en retiro Augusto Pinochet Ugarte mantuvo en el banco Riggs, de Estados Unidos.
El magistrado envió a Chile un nuevo exhorto, con el objetivo de que la Justicia decrete el embargo de los bienes de quien fuera el principal asesor para la creación de empresas de Pinochet en paraísos fiscales de Pinochet, Oscar Aitken Lavanchy.
La carta rogatoria llegó a Chile a través de la Cancillería y fue derivada a la Corte donde se roló con el número 5497-2004, e implica una ampliación del exhorto anterior enviado por Garzón, donde pedía el embargo de todos los bienes de Augusto Pinochet.
El pedido también incluiría, aunque esta versión no pudo ser confirmada oficialmente, interrogatorios a Pinochet, su mujer, Lucía Hiriart, y Atiken. Esto implicaría que el ministro que investiga el caso en Chile, Sergio Muñoz, debería evaluar que el ex militar declare voluntariamente o bien pedir su desafuero.
El exhorto deberá ser revisado por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien deberá analizarlo y elevar un informe en derecho a la Segunda Sala (Penal) del máximo tribunal. Existe una posibilidad de que los supremos decidan acumular esta petición a la anterior hecha por Garzón, en la que pedía el embargo de los bienes de Pinochet, y resolver todo en conjunto.
El pedido marca la ampliación del criterio del juez Garzón, porque primero sólo dirigió sus dardos contra Pinochet, en cambio ahora también apunta a las personas que lo asesoraron para poder esconder los dineros que el mismo Garzón intentó embargar cuando ordenó su detención en Londres, en 1998.
En el exhorto anterior, la fiscal Maldonado elevó un informe "favorable" para que la Sala Penal acogiera la presentación de Garzón, es decir, que remitiera los antecedentes al ministro de fuero Sergio Muñoz, para que éste decretara el embargo de los bienes.
La sola posibilidad que el máximo tribunal ordenara al ministro embargar los bienes del ex militar, derivó en una rápida presentación del Servicio de Impuestos internos (SII) para que el ministro Muñoz adoptara esa decisión, embargando los bienes del ex militar por $2,5 mil millones, en la cuerda separada por la querella por fraude tributario presentada por el organismo.
De esta manera, el SII se adelantó no sólo a Garzón, sino que a los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza, que también pretendían formular una solicitud en tal sentido.
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