Marcos Sánchez, subsecretario de Guerra en la época del envío, compareció ante el ministro en visita Alejandro Solís, ante quien reiteró la declaración que había hecho cuando el caso era visto por un juez militar. En tanto, el general (R) Florencio Tejos confirmó que la orden para retirar material bélico desde las unidades del Ejército la dio Augusto Pinochet en la reunión de Lo Curro.
En una reservada diligencia, el ministro en visita para investigar el envío ilegal de once toneladas de armas a Croacia, Alejandro Solís, interrogó el pasado viernes al ex subsecretario de Guerra Marcos Sánchez, quien por primera vez prestó declaración en forma personal en el marco de este caso.
El otrora funcionario gubernamental, que se desempeñó en el cargo durante 1991, año en que quedó al descubierto el tráfico ilegal de material bélico en el aeropuerto de Budapest, Hungría, reiteró la misma versión que ha mantenido sobre los hechos, según confirmaron fuentes judiciales a El Mostrador.cl
En su declaración anterior, prestada ante la justicia militar en 2002 a través de un oficio, Sánchez sostuvo que las autoridades de gobierno de la época fueron engañados por los mandos militares, ya que la única autorización emanada desde la cartera de Defensa fue la de una exportación de pertrechos militares a Sri Lanka.
Incluso, en esa ocasión, arrojó dudas sobre la actuación del director de Famae al momento de los hechos, el general (R) Guillermo Letelier Skinner, al relatar que éste le pidió que se defendieran juntos, ya que el subsecretario había aprobado el envío de los pertrechos.
Sin embargo, la respuesta del personero fue tajante: sólo tendría que defenderse si hubiera hecho mal en confiar en la palabra de un general del Ejército.
"Uno parte de la base que un general de la República no miente, y por consiguiente no presenta documentación falsa, aunque con esto no estoy diciendo que en ese caso me haya engañado", sostuvo en el oficio enviado a la justicia castrense.
En esa ocasión, el ex subsecretario de Guerra también aseguró que dio recomendó la venta porque "no temí irregularidades, de haberlas temido no habría recomendado la autorización".
Sobre la actuación del general (R) Augusto Pinochet, Sánchez dijo en 2002 que en averiguaciones posteriores se demostró que las armas no fueron dadas de baja antes de la venta, resolución que es competencia del comandante en jefe del Ejército. Según la indagación de la entidad castrense, este trámite reglamentario sí se había cumplido.
El otrora subsecretario añadió que no hubo petición de renuncia del general Letelier porque el Presidente no tenía atribuciones para ello, pero recordó que "hubo una solicitud informal de mi parte, personalmente le dije que debería renunciar. A pesar de ello no renunció y fue destinado al cuartel general de la Comandancia en Jefe".
Rol de Pinochet
Durante la semana pasada, el ministro Solís también Interrogó al general (R) Florencio Tejos, quien se desempeñaba como jefe de Material de Guerra del Ejército al momento de los hechos.
Según trascendió por fuentes allegadas a la causa, el ex uniformado confirmó la declaración que prestó ante el ministro en visita Claudio Pavez -a cargo de esclarecer el asesinato del coronel Gerardo Huber-, en cuanto a que fue Pinochet el que ordenó el retiro de armamento en desuso desde todas las unidades militares de Santiago con el objeto de cumplir los requerimientos de los compradores de armas.
Por otra parte, el magistrado también tomó testimonio a Carmen Gloria Molina, empleada civil del Centro de Estudios de Famae.
En agosto pasado, tras trece años de investigación, el Segundo Juzgado Militar condenó a los capitanes de la FACH Patricio Pérez Villagrán y del Ejército Patricio Araya Hermosilla, además del empleado civil de la Dirección de Logística del Ejército Ramón Pérez Orellana.
Sin embargo, en octubre, la Corte Marcial revocó el fallo de primera instancia de esta causa judicial, por estimar que en el proceso se registraron "irregularidades que denotan una ineficiente investigación en la etapa de sumario".
El dictamen emitido por el fuero castrense no sólo fue objetado por el Consejo del Estado (CDE) sino que por el propio Ejército, que estimaron que era improbable que el envío del cargamento haya sido ideado por mandos medios de la institución.
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