Cerca de 270 mil familias viven en permanente angustia por la posibilidad del remate de sus casas por falta de pago de sus deudas habitacionales. Es por esto que han pedido en reiteradas ocasiones al gobierno que responda a su propuesta, que consiste en el pago de dividendos de acuerdo a su realidad socioeconómica.
El sueño de contar con la vivienda propia se ha transformado en una pesadilla para cerca de 270 mil familias del país, quienes se han visto impedidas de cancelar sus cuotas mensuales ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) debido a problemas de cesantía, indigencia y bajas pensiones.
Las acciones en torno a este tema han sido lideradas por familias de poblaciones de San Bernardo, La Pintana, Puente Alto, que hace más de veinte años compraron casas bajo las 500 unidades de fomento (UF), y piden al Gobierno que les entregue alternativas para regularizar sus deudas pues, aseguran, su intención no es dejar de pagar los subsidios.
Dicen que el cobro no se ajusta a su realidad. Muchos enfrentan problemas de cesantía, vejez o indigencia, mientras que otros están afectados por enfermedades catastróficas. Esto los ha llevado a resguardar, antes que todo, su supervivencia y la de su grupo familiar por sobre el pago de los dividendos.
Por lo mismo, viven en una constante inquietud frente a las amenazas de remate y cobranzas judiciales, que el Serviu ejecuta a través de la empresa Inverca. Mientras el Gobierno les entrega una respuesta a sus demandas, han pedido el cese de estas medidas.
El diputado de la Comisión Vivienda, Alejandro García Huidobro (UDI) declaró que hace más de dos años propuso al Parlamento, que estas familias debieran quedar exentas de pago, por encontrarse en una grave situación económico-social, pero el proyecto no se concretó.
"Por el no pago de las cuotas, estas personas han sido incluidas en las listas de Dicom, por lo tanto no consiguen trabajo y se crea un círculo vicioso de pobreza" recalcó el diputado.
Viviendas con daños estructurales
Respecto a las viviendas con daños estructurales, según la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha), éstas abarcan alrededor de un 20% del total de familias deudoras, situación que motivó a la Cámara de Diputados a formar una comisión investigadora.
Al respecto, el diputado García-Huidobro señala que 40 mil han sido reparadas por Serviu, pero con "arreglos parche, ya que luego vuelven a tener los mismos problemas".
Mientras, el presidente de la instancia legislativa, Aníbal Pérez (PPD), indicó que el principal objetivo es "fiscalizar los edificios de conjuntos habitacionales Serviu, que han presentado fallas, lo cual se ha producido en casi todas las regiones del país"
Entre los antecedentes que ha recibido la comisión, se encuentran los presentados por los deudores habitacionales de las regiones Sexta y Novena. Entre ellos, se encuentran habitantes de Licanray, quienes acusaron que sus casas se humedecen.
"Estas viviendas no cumplen con las certificaciones necesarias, porque algunas en vez de cemento tienen arena, y eso lo comprobamos nosotros en terreno", enfatizó García-Huidobro, agregando que "aquí se ha hecho vista gorda frente a esta situación y se ha construido de manera absolutamente irresponsable".
La comisión citará a las autoridades de Serviu responsables de fiscalizar las obras, pues se busca descubrir "qué pasó con los recursos que entregó el Estado destinados a las reparaciones de las viviendas y porqué no se iniciaron las acciones judiciales correspondientes", insistió Pérez.
La propuesta de los deudores
Los deudores elaboraron una propuesta durante el primer Congreso de la Agrupación de Deudores Habitacionales (Andha), celebrado en noviembre del año pasado, dirigida especialmente a familias que obtuvieron viviendas sociales Serviu de valores inferiores a 500 UF. (ver recuadro)
La idea de los dirigentes es que se les entregue una condonación inmediata de la deuda, incluyendo intereses y costos judiciales, para la tercera edad, indigentes, cesantes, discapacitados, enfermos catastróficos, terminales y crónicos.
En tanto, para quienes no se encuentran en esa condición, se propone un sistema de asimilación a la Vivienda Social Dinámica sin Deuda, con una cuota mensual de media UF para quienes han pagado durante más de diez años y una mínima de 10 UF, para quienes llevan menos de un año cancelado.
Comprometen solución para febrero
La dirigente de la Andha Juana Silva aseguró que representantes de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Sonia Tschorne, les dijeron que el próximo 3 de febrero obtendrían una respuesta o contrapropuesta a sus demandas. Sin embargo, en la repartición indicaron no tener conocimiento de esto.
Silva apuntó que si el Gobierno les entrega una oferta, ésta deberá ser analizada por asambleas en las diferentes regiones de Chile, aunque advirtió que si no los satisface, realizarán nuevas manifestaciones , pues "no se puede jugar con los pobres de este país".
"Dejamos de pagar los diez mil pesos que correspondían, para que el gobierno entienda que debemos cancelar de acuerdo a nuestra realidad", sostuvo, aunque precisó que depositan mil pesos mensuales, para demostrar que están interesados en regularizar su situación.
