Frente al nuevo escenario planteado por la Suprema, el abogado de la familia del menor espera que antes de seis meses hayan resoluciones que impliquen el procesamiento de los responsables de la muerte de Rodrigo Anfruns. También se refirió al juicio que lleva en Talca, contra la familia Zaror, y a los atentados en sus oficinas.
Con la certeza de que la extraña muerte de Rodrigo Anfruns Papi forma parte de las 315 causas por violaciones a los derechos humanos que -según la Corte Suprema- están en etapa de sumario, el abogado Roberto Celedón, que representa a la madre del menor, apuesta por el cierre de la investigación dentro de los seis meses fijados por el máximo tribunal.
Prefiere no opinar sobre las críticas contra esa fórmula de parte de organizaciones de familiares y víctimas de la represión del régimen militar, y más bien considera que ese plazo perentorio permitirá esclarecer el deceso de Rodrigo y dictar los procesamientos respectivos, aunque reconoce que si se aplica el sobreseimiento sería "garantizar la impunidad".
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| Rodrigo Anfruns. |
Celedón ha mantenido en bajo perfil el caso del menor, secuestrado el 3 de junio de 1979 y encontrado muerto doce días después, pues se acaban de terminar diligencias que, a su juicio, permitirán determinar la veracidad de la versión del capitán (R) de Carabineros Jorge Rodríguez Márquez.
El ex uniformado, cuyo testimonio fue clave en la reapertura del caso 25 años después, asegura que el cuerpo de Rodrigo fue dejado en un sitio eriazo por agentes de Investigaciones, lo que contraría la tesis de las autoridades de la época, que señalaron que el cuerpo siempre estuvo en el mismo lugar y que el asesino fue P.P.V., luego declarad inimputable.
Sin pronunciarse en detalle sobre las diligencias, el profesional asegura que las piezas que se conservan son suficientes para aclarar el caso, incluso si no se encuentra el expediente de la primera investigación, por lo que a su juicio esto debería redundar en los procesamientos de los autores materiales o de los que intentaron encubrir el crimen.
-¿Cree que los plazos establecidos por la Corte Suprema para acelerar las causas de derechos humanos tengan algún impacto en el caso de Rodrigo Anfruns?
-Este es un caso de derechos humanos. Estimo, sin pronunciarme sobre el fondo de lo que ha decretado la Corte Suprema, que antes del plazo de seis meses debería estar completamente esclarecido el caso Anfruns.
-¿Consideró favorable la medida?
– No digo que sea una medida favorable, pero ya que la Corte Suprema ha hablado de un plazo de seis meses, en este caso concreto -no me pronuncio sobre otros-, la investigación ha avanzado bastante, por lo que puede estar terminada antes de ese plazo con resultados concretos y resoluciones judiciales que impliquen procesamiento de los partícipes.
Sin embargo, existe la posibilidad -planteada también por la Suprema- de que el caso sea sobreseído temporal o definitivamente. ¿Cómo recibiría esa medida?
– Eso sería una manera de ponerle término al juicio y asegurar la impunidad en este caso, pero espero que produzca las encargatorias de reos que correspondan… Lo importante es que tenemos que descifrar dos temas: quiénes participaron en el secuestro, tortura y homicidio del niño y los que trataron de encubrir esta situación para hacerla parecer un delito común, cometido por alguien que resultó ser inimputable. Quienes participaron en el encubrimiento, algún grado de conocimiento deben tener de quiénes son los autores materiales.
Diligencias clave
-¿Ha tenido novedades del expediente extraviado del caso?
– El expediente hasta la fecha no ha aparecido, pero si los autores creían que su sustracción iba a definitivamente a liberarlos de cualquier riesgo, han errado camino. Las piezas que se conservan son suficientes para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos.
-Usted está esperanzado, pero ¿en qué hechos concretamente?
– Ha habido avances extraordinariamente importantes que permitirán esclarecer, a pesar del tiempo transcurrido, las circunstancias que rodearon la muerte del niño Rodrigo Anfruns. El tribunal ha hecho una investigación bastante acuciosa y entre las últimas diligencias hay una especialmente relevante que nos permitirá establecer definitivamente quien ha dicho la verdad: si la versión oficial es real o la que se formula en la querella, en la que se imputa responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, tortura y homicidio cometido por agentes del Estado el año 1979.
-¿Cuáles son esas diligencias?
– Hay varias diligencias en torno de un tema que es clave para resolver definitivamente este caso. Necesitamos la opinión de personas versadas que nos permita tener plena certeza científica respecto de una información que nos tendrá que dar plena luz de la verdad… están interviniendo médicos legistas y forenses. La materia misma preferiría mantenerla en secreto hasta que no estén todos los informes en el tribunal, pero puedo decir que sobre la base de la información oficial de la época, se podrán esclarecer datos fundamentales sobre la muerte de Rodrigo.
-¿Se ha evaluado la exhumación del cuerpo?
– Por el momento no ha sido necesaria. Si el tribunal lo estimase, así se decretara. Por el momento no ha sido necesaria la exhumación.
-¿En qué informes están trabajando los peritos?
– Hay informes de la época y nuevos. Eso va a dar plena luz sobre el caso. No quisiera entrar en detalle, pero tengo la opinión de un científico que prestó declaración, es un desatacado profesor y médico legista, que ha permitido seguir una línea de investigación a la jueza.
-¿Vienen nuevas diligencias?
– Estamos a la espera de ampliaciones de informes periciales que se han realizado y eventualmente de otras opiniones científicas.
-¿Habrá nuevas citaciones o testigos?
-Nuevos testigos no, es muy probable que sean reinterrogados algunos.
El caso Zaror
Celedón también tiene en sus manos un emblemático caso que se lleva en Talca, en el que a su juicio las instituciones de justicia de la Región del Maule han operado irregularmente, obviando antecedentes que juegan a favor de sus defendidos, José Selim y Valerio Bravo, condenados por un incendio en un inmueble que arrendaban a la familia Zaror.
A juicio del profesional, se han desestimado los antecedentes respecto a que la familia Zaror fue la única beneficiada con el cobro de los seguros comprometidos y que días después de ese siniestro, otra de sus propiedades sufrió un incidente similar.
Aunque él prefiere no ligarlos, los últimos tres atentados que han sufrido sus oficinas de Talca y Santiago podrían estar vinculados a alguno de los casos que lleva adelante, pues informes de bomberos comprobaron que los episodios fueron intencionales.
-A parte del caso Anfruns, tiene en sus manos una causa que ha generado polémica en Talca.
– Es un juicio en el que se han acusado a dos personas absolutamente inocentes, en una investigación en la que se han violado todos los principios de objetividad que asegure una racional y justa investigación. Los señores José Selim y Valerio Bravo han sido condenados, uno como autor de delito frustrado y el otro de delito consumado de incendio de un inmueble ubicado en la calle Uno Sur en Talca, en circunstancias en que no se investigó en modo alguno al dueño del inmueble que pertenece a una familia pudiente y adinerada de esa ciudad -Zaror- y que es la principal beneficiaria de los seguros.
-¿De cuánto era el seguro de la propiedad siniestrada?
-El seguro le pago al propietario 161 millones de pesos
-¿No hay nada que inculpe a sus clientes?
– No. Ellos arrendaban la heladería el Rey por más de 40 años y fueron brutalmente perjudicados por el incendio y no hay pruebas de ningún orden que permitan establecer la participación de ellos en el ilícito, pero han sido condenados. El tribunal y la fiscalía han asumido la defensa del propietario del inmueble, pese a que sólo días antes los propietarios habían sufrido otro incendio en otro inmueble que les pertenece…. estamos frente a un cuadro de injusticia atroz.
-¿Cuál es su próximo paso en el juicio?
-Ellos están condenados en primera instancia y recurriremos a la Corte Suprema de nulidad.
Atentados
-¿Cuándo se produjeron los incendios en sus oficinas de Talca y Santiago?
-Lunes, Miércoles y Jueves de la semana pasada.
-¿Se comprobó que no eran accidentales?
-Los incendios son completamente intencionales. Bomberos comprobó que se utilizaron acelerantes en su gestación.
-¿Usted liga los atentados con el caso que lleva en Talca?
-No sé. En este momento mi preocupación son las dos personas que ya están privadas de libertad hace más de ocho meses, con un enorme daño a sus familias. Sobre las represalias que yo pueda sufrir como abogado, espero que la justicia nos dé la debida protección.
-¿Presentó los antecedentes para que sean investigados?
-Sí y quiero agradecer públicamente la preocupación el Gobierno, especialmente al Ministerio del Interior, por los atentados que hemos sufrido tanto en Talca como en Santiago.
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