Presidente de magistrados niega que Corte Suprema busque un punto final - El Mostrador

Martes, 12 de diciembre de 2017 Actualizado a las 02:43

Evalúa como exitoso el trabajo

Presidente de magistrados niega que Corte Suprema busque un punto final

por 27 enero, 2005

Diego Simpertigue, titular de la Asociación de Magistrados, estima que el máximo tribunal de justicia quiere que se terminen los procesos de derechos humanos cuanto antes, pero esto no significa, a su juicio, que se propicie a la impunidad. Frente a esto, explica, que "como jueces debemos cumplir las órdenes".

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, Diego Simpertigue, descartó que la propuesta de la Corte Suprema para acelerar la investigación de los procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, estableciendo un plazo de seis meses para ello, constituya un punto final como aseguran las organizaciones que representan a las víctimas de los apremios.



"No hay ninguna impunidad ni punto final, ni nada parecido", aseguró categórico a El Mostrador.cl, precisando que al agilizar la tramitación de estos procesos, el máximo tribunal está pensando en el "bien superior del país". Sin embargo, aclaró que el cierre no es bajo cualquier condición, sino que una vez agotadas todas las diligencias.



Aunque evitó pronunciarse sobre su término, Simpertigue calificó como exitoso el trabajo realizado por los jueces con dedicación exclusiva o preferente de este tipo de causas, pese a reconocer que su labor se ha visto dificultada porque "no ha habido la colaboración suficiente en muchos casos para poder resolver adecuadamente los procesos".



Asimismo, desestimó los voces que señalan que esta medida afectará la independencia de los jueces para llevar adelante sus investigaciones o que es inconstitucional, al afirmar que la Suprema tiene facultades para disponer de este tipo de medidas, en "el ejercicio de las facultades correccionales y económicas que tienen sobre todo los tribunales del país".



¿Cuál es la posición de la Asociación de Magistrados frente a la decisión de la Corte Suprema de fijar plazos a los procesos de derechos humanos?

- No nos corresponde fijar una posición, pero sí es importante decir que los jueces tenemos que aplicar la ley, y cumplir las órdenes de los tribunales superiores. Por lo tanto, los jueces tendrán que ajustar su trabajo a los plazos establecidos.



Independencia



¿Esta medida afecta la independencia de los jueces?

- Lo que la Corte Suprema ha dicho es solamente que las investigaciones deben cerrarse dentro del plazo de seis meses, pero no ha dicho cómo debe investigarse, qué debe hacerse y qué no debe hacerse, si se debe someter a proceso o no, porque eso dice relación con la independencia de los jueces. La medida está tomada pensando en el interés superior del país y, particularmente, por la preocupación que existe en cuanto a que son muchos los jueces que están dedicándose a estos temas y que tuvieron que dejar de lado las funciones que desarrollaban normalmente.



¿Qué pasa con la atribución de los jueces para determinar cuándo está agotada una investigación?

- Si bien la Corte Suprema ha señalado que el plazo es de seis meses, hasta antes del proceso (las partes) pueden pedir al juez diligencias que sean importantes para la investigación, y en el evento de que el juez se niegue a realizar esas diligencias, podrían incluso interponer recursos de apelación ante el tribunal superior para que éste con un mejor estudio las decrete. De tal manera que lo que la Corte Suprema ha dicho es que está preocupada porque la justicia tiene que ser oportuna, pero al mismo tiempo, si es necesario realizar diligencias indispensable para terminar con una investigación tienen todo el camino libre para hacerlo.



Organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Fasic y la AFDD, han señalando que se trata de una medida inconstitucional, porque la función de fijar plazos sólo se puede hacer por ley, es decir, en el Congreso

- Hay opiniones en este sentido, sin embargo la mayoría de los ministros de la Corte Suprema piensa distinto. Ellos consideran que, en el ejercicio de las facultades correccionales y económicas que tienen sobre todo los tribunales del país, pueden disponer de este tipo de medidas. Efectivamente no recuerdo otro caso en que la Corte Suprema haya tomado una decisión de este tipo, pero en materias jurídicas perfectamente se pueden tener opiniones distintas.



¿Cómo evalúa el trabajo realizado por los jueces con dedicación exclusiva?

- Creo que ha sido exitoso, considerando que ellos han tenido los medios que los jueces del crimen de Santiago no tienen. Ellos están desprovistos de medios materiales y humanos para poder trabajar. Sin embargo, la gran dificultad con que se han encontrado es que no ha existido la colaboración suficiente en muchos casos para poder resolver adecuadamente los procesos.



¿Qué opina de que las causas sean reabiertas sin jueces con dedicación exclusiva?

- Lo que pasa es que una vez que vencen los seis meses y está cerrada la investigación, si el tribunal no ha podido acreditar el delito o acreditar que alguien ha participado en calidad de autor, cómplice o encubridor debería sobreseer o temporal o definitivamente la causa. Pero en el evento de encontrarse acreditado el delito y si existe un procesado, el camino que debería seguir la causa es la acusación del tribunal y luego dictar la sentencia definitiva. Respecto a lo último, los jueces con dedicación tras seis meses terminarían su trabajo y la causa pasaría a ser conocida por el tribunal que le corresponde.



"No hay impunidad, ni punto final"



Abogados de derechos humanos señalaron que con la medida instaurada por el máximo tribunal "las victimas se convierten en victimarios". ¿Qué opinión le merece este comentario?

-Yo creo que eso es un error, porque la Corte Suprema ha dicho que no es que se absuelva o que se castigue, ha dicho que hay temas que son tremendamente importantes y le ha dicho a los jueces que tienen que emplearse a fondo con la finalidad de que en este tiempo se termine la investigación.



Esta celeridad que plantea el presidente de la Suprema, Marcos Libedinsky, ha sido interpretada por muchos como un punto final.

-No. Lo que la Corte Suprema quiere es que se terminen los procesos cuanto antes, pero eso no significa que se termine en cualquier condición, más bien con todas las diligencias cumplidas y que a continuación se sobresean o se condenen dependiendo del mérito del proceso, pero que se avance. No hay ninguna impunidad ni punto final, ni nada parecido.



¿Los jueces se sienten presionados por los militares?

- Los jueces han demostrado una independencia a toda prueba. Es cosa de revisar las investigaciones, los procesamientos del último tiempo e incluso las condenas, de tal manera que no tiene una base real esa preocupación. Por otro lado, la verdad es que con esta decisión del máximo tribunal lo que tienen que hacer los jueces es que, si existen los méritos para condenar a alguien lo deben hacer, faltarían a su deber si no condenan existiendo los méritos en el proceso.



¿Que le parece la "ley de empalme"?

-Esa es una decisión de orden político, que tiene que resolver el Gobierno junto con los parlamentarios y si eso es adecuado para este momento de la vida institucional del país, los jueces tenemos que obedecer la ley y aplicarla. La única opinión que podría darle es que estamos atentos a lo que resuelva la autoridad política con la finalidad de tomar las medidas del caso.



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