Ex jefe del organismo represivo del régimen militar se negó a concurrir a tribunales para ser informado de su sentencia por la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval, el primer caso en el que la Corte Suprema se pronunció sobre la figura del secuestro calificado. Los otros cuatro involucrados, en tanto, asistieron a la diligencia con normalidad.
Hasta el penal Cordillera fue trasladado por Gendarmería el general (R) del Ejército Manuel Contreras, luego de ser notificado de su condena a 12 años de presidio por el secuestro calificado del mirista Miguel Ángel Sandoval.
En un caótico proceso, el ministro en visita que sustanció el caso, Alejandro Solís, debió ordenar la detención del militar luego que éste declinara presentarse en el tribunal.
Fue por ello que efectivos del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones se trasladaron hasta el domicilio del retirado militar, en el sector alto de la comuna de Peñalolén, para aprehenderlo y trasladarlo al Palacio de Tribunales.
Sin embargo, la diligencia se dilató, al menos por dos horas, luego que Contreras se negara a ser aprehendido y sacara un arma desde un escritorio, tras lo cual fue conducido al cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones para consignar el incidente.
El incidente hizo recordar el episodio de 1995, cuando Contreras se negó a presentarse ante los tribunales para ser notificado por su condena por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington.
En esa oportunidad, el ex militar se atrincheró, protegido por numerosos guardaespaldas, en una finca de Osorno, desde la que huyó subrepticiamente para reaparecer, tras varios días de tensión, internado en un Hospital Naval.
Incidente en domicilio
Versiones radiales indicaron que el traslado al recinto se debió a que el citado alto oficial intentó hacer uso de un arma de fuego que estaba en su escritorio, pero fue reducido y llevado a la sede policial.
Su abogado, Juan Carlos Manns, desmintió el hecho, acusando al responsable del operativo, el prefecto Rafael Castillo, de propiciar un violento incidente. Según el profesional, primero se acordó una «medida alternativa» para efectuar una entrega «sin tanto escándalo» al mediodía.
Posteriormente, y cuando Contreras «se despedía en la puerta de su casa del general Carter -su yerno-, Castillo hizo un ademán y entraron 25 personas (policías) cuando la puerta estaba abierta, destruyendo cuanta cosa había, golpeando a las hijas, sobrinas y yernos» de su cliente, «al que tomaron en forma violenta sin que haya mediado ninguna oposición».
Manns negó que su representado haya usado un arma de fuego y reveló que el episodio fue registrado en audio por el programa de Chilevisión El Termómetro, cuya producción había llamado telefónicamente en ese momento al retirado militar.
Una grabación en video divulgada por TVN, si bien no aclara del todo los hechos, como el uso de un arma de fuego ni el origen del altercado, ratifica que hubo conversaciones. Sin embargo -se explicó en el noticiario-, la plática de los policías con Contreras y su entorno no habría correspondido a una negociación, sino a una coartada para lograr su detención.
Tras su paso por el cuartel Borgoño, el general (R) fue trasladado hasta la oficina del ministro Solís, para cumplir con la mentada notificación. Allí, decenas de personas apostadas en la esquina de las calles Compañía y Morandé intentaron agredirlo lanzando agua y un sinfín de elementos contundentes, a su ingreso y salida.
Fallida diligencia
El mismo Manns concurrió a tribunales pasadas las 09:30 horas -60 minutos más tarde del plazo estipulado para su cliente- para notificarse en calidad de apoderado, pero el juez rechazó la curiosa sugerencia.
Más temprano, acudieron a conocer sus condenas varios ex miembros de la cúpula de la DINA, entre ellos, el brigadier (R) Miguel Krassnoff (10 años), coronel (R) Marcelo Moren Brito (10 años), brigadier (R) Fernando Laureani (5 años, como cómplice) y el teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy (5 años, como cómplice, que irá a Punta Peuco).
Los militares retirados fueron trasladados en conjunto al penal Cordillera, ubicado en las ex dependencias del ex comando de Telecomunicaciones del Ejército, en un carro celular de Gendarmería, hasta donde debe llegar también Contreras.
El fallo del juez Solís -del 17 de noviembre pasado- se trató del primero en que la Corte Suprema se pronunció sobre el secuestro calificado, ratificando las condenas y descartando la ley de amnistía.
