La adjudicación de diversos servicios a una empresa que, según informes de la Contraloría General de la República, manifiesta múltiples irregularidades, tiene en pie de guerra a concejales de la capital de la Primera Región. El edil Jorge Soria niega cualquier anomalía y asegura que los convenios se ajustan a la legalidad.
Uno de los principales problemas -y temores- que enfrentan en la actualidad los municipios son los millonarios déficits, arrastrados por varios años en muchos de los casos, situación que finalmente redunda en recortes de recursos en diferentes servicios públicos.
Ése es el caso de la Municipalidad de Iquique, encabezada por Jorge Soria (Nueva Fuerza Regional), donde existen carencias que incluso han dejado sin los servicios básicos a algunas de sus oficinas y han obligado a vender dependencias, entre ellas, la propia sede edilicia.
Se estima que el déficit municipal supera los $3.500 millones, lo que según el concejal Néstor Jofré (RN) ha afectado la calidad de la educación municipal y los programas sanitarios, situación que contrasta con los millonarios contratos que mantiene la entidad.
«En esta comuna se da el mayor registro de consumo de drogas, alcohol, contagios de SIDA en cuanto a progresión de enfermos, y de embarazos en adolescentes. Esto sucede mientras Soria se dedica a viajar por el país y contratar servicios de empresas que, por sus trabajos, han sido investigadas por la Contraloría", señaló Jofré.
Bolsa de trabajo
Uno los convenios más cuestionados por los concejales que asumieron en diciembre pasado es el suscrito con la firma de Ernesto Wittmann Contreras. Con esta empresa, el alcalde iquiqueño estableció lazos desde 1994, cuando fue contratada para administrar el cobro de estacionamientos de la comuna.
En 1998, la empresa se adjudicó un jugoso contrato para la "prestación de Servicios de Mantención a la Comunidad", según consta en la propuesta pública N°14/98. Por mantener áreas verdes, aseo y otras labores que el municipio considerara necesarias, la empresa recibió $1.140.511.320 anuales.
El contrato originalmente se extendía por doce meses, pero había una cláusula que permitía renovarlo por períodos iguales y sucesivos, la que se ha cumplido religiosamente desde entonces.
El concejal Francisco Prieto (PPD), quien ha investigado lo que denomina el "Caso Wittmann", llama la atención sobre otro aspecto del convenio, en el que municipio ofrece los materiales necesarios para que la empresa realice su trabajo.
«Con esto Iquique pone las maquinarias, mangueras y todas las herramientas para que Wittmann y sus trabajadores realicen sus servicios. Es decir, los fondos que se otorgan por este concepto se convierten en una bolsa de trabajo, por la cual se remunera a los trabajadores de una entidad que no gasta recursos en insumos".
Suculentas utilidades
En la actualidad, el presupuesto con el que cuenta el alcalde Soria bordea los $15 mil millones, de los cuales $2.623 millones se destinan para remunerar a los 310 funcionarios del municipio, cifra que difiere de los $3.100 millones otorgados a Wittmann para los sueldos de 800 trabajadores.
El concejal Prieto hizo hincapié en que se trata de una empresa que "no invierte en nada", ya que "todo el dinero lo pone la municipalidad: los camiones, el combustible, repuestos, el agua con que se riega, las mangueras. Así, cualquier empresa se hace rica".
Un informe de los contratos que mantiene el municipio con Wittman, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, permite proyectar que las utilidades de la firma para 2005 sobrepasarán los $1.400 millones, considerando sus ingresos por concepto de contratos, horas extras y una bonificación por el decreto ley 889 sobre incentivo a la contratación de mano de obra en zonas extremas.
El negocio del mundial
El alcalde de Alto Hospicio y ex concejal de Iquique, Ramón Galleguillos (UDI), acusa que durante su gestión insistentemente alegó las irregularidades que se cometían respecto a dineros públicos vinculados con la empresa Wittmann.
"La empresa Wittman tiene una situación pendiente en los tribunales de justicia, por una demanda que hizo la Contraloría con relación a que en una fecha determinada, el municipio incurrió en gastos por $100 millones, respecto a pagos por horas de sobre tiempo a personal municipal. Según la investigación, aparentemente, estos recursos coinciden con una campaña electoral de la zona. Estas platas fueron pagadas a personal que no existía en la empresa y otras que figuran como fallecidas, en lo que reviste un delito fiscal", aseguró.
La investigación de la Contraloría Regional buscaba antecedentes sobre irregularidades en la adjudicación del contrato para la mantención de áreas verdes, sobre el pago de horas extras que no recibían trabajadores y remuneraciones que recaían en personas que no figuraban en los listados de la empresa.
Mario Quezada, contralor regional de Tarapacá, confirmó la presentación de una denuncia en marzo de 2003, cuyo principal avance hasta ahora ha sido la decisión del magistrado del Segundo Juzgado del Letras de Iquique, René Cerda, quien ordenó la incautación del registro contable y del computador de la empresa.
"Durante el transcurso de los años 2002 y 2003, personal de la Contraloría procedió a fiscalizar, entre otros, el contrato Servicios de Mantención a la Comunidad. Una de estas indagaciones, culminó con la presentación de una denuncia ante la justicia con fecha 13 de marzo de 2003, radicada en el 2° Juzgado de Letras de Iquique y posee rol N° 78.295-8", explicó Quezada.
Los reparos que esgrime el órgano fiscalizador apuntan a que la propuesta pública a través de la cual la empresa Ernesto Wittmann Contreras se adjudicó la prestación de servicios de mantención a la comunidad se realizó en sólo una ocasión, en un diario de circulación local, y el mismo día en que la selección chilena de fútbol debutaba en el mundial de Francia 98, lo que vulnera el artículo 9° de la ley N°18.575, que garantiza el principio de libre concurrencia de los oferentes.
Dicha publicación, según establecen los documentos de la licitación, se habría materializado en el medio el día 13 de junio de 1998, contrariamente a lo que comprobó la Contraloría, pues esa inserción figuró el día 14 de junio.
Otras irregularidades
Además, la indagación busca esclarecer una serie de antecedentes no proporcionados por la empresa, que tiene que ver con los contratos de los trabajadores, algunos de los cuales fueron remunerados a través de honorarios, sistema que no se establece en las bases del convenio.
En el oficio N° 1349 del 10 de junio de 2003 de la Contraloría Regional, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, se añade que una serie de trabajadores eran remunerados por Wittmann con los recursos que le pagaba el municipio, pese a no figurar en la lista de personas que presentó originalmente.
Otro acto irregular detectado por la Contraloría es que el municipio autorizó y pagó horas extras que no se realizaron o que el contratista no canceló a su personal, por un monto de $100.695.601, situación que se repitió por varios meses.
El órgano fiscalizador también constató que la empresa Wittmann paga sólo $9.504.261 de los $114.051.132 equivalentes al 10% de la boleta de garantía que debe entregar la entidad al gobierno comunal.
En conversación telefónica con El Mostrador.cl, el alcalde Jorge Soria rechazó todas las acusaciones, que a su juicio buscan "enlodar su imagen de una autoridad honrada". "La propuesta pública con la empresa Wittmann tiene doce años, y no tiene irregularidades. Las cifras a las que aludes no tienen nada que ver con los datos oficiales, y yo estoy llano a entregarte esos documentos", dijo el edil.
A pesar de la voluntad manifestada por el alcalde, y tras esperar la información que supuestamente refutaría los documentos que explican los montos involucrados en la negociación, los datos nunca fueron entregados.
"El proceso lleva años sin mayor trámite, por lo que con otros concejales pretendemos llevar esta causa hasta las últimas instancias, pues lo que sucede con esta empresa tiene evidentes rasgos de irregularidad", señala el concejal Prieto, quien lamenta que la relación contractual entre el municipio y la empresa se haya mantenido invariable.
Pese a los cuestionamientos, la empresa se adjudicó en junio de 2002 otro convenio para prestar servicios relacionados con la contratación de conductores para maquinaria pesada y supervisores por un monto de $2.904.671.808 anuales, en similares condiciones que el contrato anterior. Es decir, con la posibilidad de prorrogarlo sucesivamente.
Adicionalmente, en febrero de este año Wittmann firmó otro convenio con el municio, esta vez por la operación de vehículos de recolección de residuos domiciliarios, servicio por el que recibirá $280.086.036 para remunerar a 14 conductores, 44 pionetas (ayudantes que recolectan los residuos), y dos supervisores.
Al contactar a la jueza María Soledad Fernández, que hoy dirige el citado tribunal nortino, se nos informó que la magistrada no daría audiencias respecto al caso Wittmann, que el pasado 13 de marzo cumplió su segundo año estancado en las oficinas del juzgado.
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Vea los documentos de la Contraloría
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
