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Proyecto de rebaja de penas queda herido de muerte por la derecha

Cuestionado proyecto fue desmantelado tras una compleja votación que dejó en silencio a la sala de la Cámara Alta, luego que parlamentarios de la UDI y RN, en bloque, dieran el «pésame» a la propuesta que, entre sus propósitos centrales, pretendía traspasar las causas de la justicia militar a la civil.


Tras un año y medio de discusión, la Alianza por Chile rechazó el proyecto de ley que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, tras una reñida votación de 19 votos en contra y 17 a favor.



El cuestionado proyecto fue desmantelado cerca de las 18 horas, tras una compleja votación que dejó en silencio a la sala de la Cámara Alta, luego que parlamentarios de la UDI y RN, en bloque, dieran el «pésame» a la propuesta, que entre sus propósitos centrales pretendía traspasar las causas de la justicia militar a la civil.



En la ocasión, la Concertación no logró aprobar ni siquiera los artículos 1, 2 y 3, iniciativas que generaron gran debate por tratar temas donde se definían los delitos a los que se aplica la ley, los partícipes que no podrán invocar sus beneficios y las atenuantes y eximentes penales para aquellos que entreguen información.



De igual forma, la derecha votó en contra de los cuatro artículos
transitorios del polémico proyecto. Situación que echó por tierra dos iniciativas emblemáticas del proyecto, como es el caso del aumento de los jueces especiales y el traspaso de las causas de la justicia militar a la civil, aunque el gobierno ya había
establecido explícitamente que la «cosa juzgada» no sería parte del proyecto de rebaja de penas.



PS se enfurece y la Alianza arremete



Al respecto, y tras el rechazo del proyecto de ley, el senador Jaime Gazmuri señaló que el tema de fondo es que existe una tremenda resistencia de parte de los autores y máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos a entregar »la información que tienen, salvo Alvaro Corvalán».



En esa línea, el presidente de la Comisión de DDHH, Jaime Naranjo, hizo hincapié en que la derecha está dando una señal clara de que todavía defiende a los violadores de los derechos humanos.



Asimismo, y tomando en cuenta la categórica votación, Naranjo dio por muerta la iniciativa estrella del gobierno que pretendía entregar beneficios procesales para aquellos que entregaran información.



Por su parte, Andrés Chadwick, indicó que la Alianza se comprometió a aprobar el proyecto original del gobierno, pero lo que hoy se voto sólo obedece a los intereses del Partido Socialista.



Finalmente, la senadora Mathei cuestionó la solidez de los valores de los parlamentarios concertacionistas, comentando que está hasta «la corona de escuchar a gente que defiende a dictadores de izquierda».



«No pueden venir a decir hoy día que están preocupados de los DDHH, cuando con mucho vigor respaldaban las atrocidades que ocurrían en la Unión Soviética. Esas mismas personas que dicen estar preocupadas de los derechos humanos acogieron con cariño a Honecker y en pocas semanas probablemente rindan pleitesía a Fidel Castro. Porque digamos la verdad: el tema de los
derechos humanos es sólo para algunos» sentencio Mathei.



Los contenidos del proyecto



El proyecto que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, contemplaba:



-Estímulos para la entrega de información a través de atenuantes calificadas y eximentes para los civiles que al momento de ocurrencia de los hechos cumplían con su servicio militar y aquellos que desempeñaban labores sanitarias de enfermería.



-Reglas procesales especiales como la reserva de identidad y secreto; la vista preferente de las causas de violaciones a los DDHH; la improcedencia de responder por falso testimonio, perjurio y obstrucción a la justicia, respecto de quienes liberen información; apreciación de prueba y libertad provisional, pero sin el traslado de causas desde la justicia militar a la justicia ordinaria; nombramiento de jueces especiales; y la integración de la Corte Suprema.

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