Sala de Cuentas de la Corte Suprema acogió a trámite un recurso de inaplicabilidad presentado por abogados de derechos humanos, que objetaron la decisión de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura que rechazó entregar los antecedentes recopilados durante su trabajo, amparándose en la ley que establece su secreto por 50 años.
La Sala de Cuentas de la Corte Suprema aceptó tramitar un recurso de inaplicabilidad, cuyo objetivo es que el Pleno del máximo tribunal analice la constitucionalidad de la ley que estableció la reserva de los antecedentes recopilados por la Comisión de Prisión Política y Tortura.
La acción judicial fue presentada por los abogados Alfredo Morgado y Julia Urquieta, debido a la negativa de la denominada de la Comisión Valech respecto a entregar los testimonios de las más de 28 mil víctimas de apremios ilegítimos cometidos durante el régimen militar y que declararon ante la instancia, que estuvo encabezada por el obispo Sergio Valech.
Los profesionales patrocinaron una querella por aplicación de tormentos y asociación ilícita contra el general retirado Augusto Pinochet Ugarte, el ex ministro del Interior y hoy senador UDI, Sergio Fernández, y los que resulten responsables de la aplicación de torturas contra 21 opositores del régimen militar.
En el marco de ese proceso el ministro de fuero que instruye la investigación, Joaquín Billard, ofició a la mencionada comisión a fin de obtener los antecedentes que entregaron las víctimas de estos flagelos.
Sin embargo, este organismo no respondió a este requerimiento hasta que se promulgó la ley que estableció la reserva absoluta de los antecedentes por un plazo de 50 años. En virtud de ese hecho, los abogados querellantes presentaron este recurso de inaplicabilidad para que la Corte Suprema resuelva si esta normativa tiene vicios de inconstitucionalidad.
Obstrucción
Según explicó Alfredo Morgado a El Mostrador.cl, esta legislación puede constituirse como una seria obstrucción a la justicia, ya que no permitiría resolver los casos por delitos de torturas ocurridos durante el régimen de facto.
En ese sentido, consideró que éste es el primer paso para lograr abrir la puerta para que la Comisión Valech entregue todos los antecedentes que posee a los tribunales de Justicia.
Asimismo, informó que el máximo tribunal notificó a los querellados para que presenten sus descargos en un plazo de seis días, tras lo cual se convocará a un Pleno para resolver el fondo de esta presentación que, de paso, paralizó momentáneamente la investigación de Billard por orden de la Corte Suprema.
