Suprema volvió a la cultura del secretismo frente la opinión pública - El Mostrador

Lunes, 20 de noviembre de 2017 Actualizado a las 01:54

Polémicas medidas adoptadas po

Suprema volvió a la cultura del secretismo frente la opinión pública

por 16 marzo, 2005

La alta magistratura reinstaló medidas tendientes a mantener en reserva los acuerdos emanados desde el pleno de esta instancia, lo que se suma a la "recomendación" dirigida a los ministros de las Cortes de Apelaciones para que eviten realizar diligencias de connotación pública en el principal edificio que alberga al Poder Judicial.

Desde principios del mes de marzo, el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, resolvió que la tabla de temas que serán abordados por todas las reuniones plenas de esta instancia son de carácter reservado, por lo cual nadie ajeno al relator del alto tribunal puede tener acceso a ellas.



Con esta medida, el magistrado terminó con un derecho adquirido por los medios de prensa que cubren el quehacer judicial, que se prologó por cerca de dos años, ya que su antecesor en el cargo, Mario Garrido Montt, le dio acceso a estos profesionales para saber qué materias se tratarían en estas citas, las cuales no sólo abordan temas estrictamente administrativos, sino también cuestiones de carácter jurisdiccional.



Esto último quiere decir que el tribunal pleno de la Suprema también revisa decisiones sobre casos judiciales que son presentados a su arbitrio, aspecto que muchas veces transforma a estas convocatorias en una fuente de muchas noticias de relevancia pública.



De esta forma, el gran número de periodistas que circulan a diario por el palacio de Tribunales no tendrán ningún antecedente sobre los temas que se tratarán en estas reuniones, hecho que les impedirá poder indagar sobre las decisiones que ahí se tomen.



Por recomendación del relator



Consultadas por esta decisión de Libedinsky, fuentes de tribunales afirmaron que la idea de que la tabla de pleno volviera a su carácter secreto provino del relator del máximo tribunal, Omar Astudillo, quien le habría hecho ver al presidente la eventual inconveniencia de que los medios de prensa tuvieran acceso a esta información.



Debido a ello y sin ninguna justificación pública, este magistrado resolvió acoger la propuesta y prohibió que hasta la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema tenga acceso a este documento, el cual sólo da cuenta de los temas que se conversarán.



Frente a ello, las mismas fuentes señalaron que no hay nada que hacer, debido a que la publicidad que permitió Garrido Montt nunca fue ordenada mediante ningún documento, por lo cual sólo se trató de un derecho que se adquirió de forma momentánea.



No más diligencias de connotación social



Esta decisión se suma al acuerdo que emanó desde el máximo tribunal referido a recomendar a los ministros de las Cortes de Apelaciones de abstenerse de realizar diligencias de connotación pública en el palacio de Tribunales.



La medida se decretó frente a los incidentes que se registraron a fines del mes de enero de este año, cuando se notificó al ex jefe de la DINA, general (r) Manuel Contreras, de su condena de 12 años y un día por el delito secuestro calificado perpetrado en la persona de Miguel Ángel Sandoval, sastre mirista desaparecido en 1974.



Para algunos abogados de la plaza, consultados sobre el tema, esta decisión perjudicaría la necesidad de transparencia que necesita la justicia chilena, la que por varias décadas ha sido fuertemente cuestionada por la falta de esta garantía y que ha significado que gran parte de la opinión pública perciba signos de corrupción en este servicio.



Esta vuelta al secretismo también ha significado que el organismo gremial de los magistrados actúe en la misma línea, ya que en su última junta nacional realizada el pasado sábado se resolvió remitir una declaración secreta al pleno del máximo tribunal.



Este documento informaría acerca del parecer de la Asociación Nacional de Magistrados en torno a las eventuales sanciones que recibirían los jueces de Santiago por oponerse al cierre de las investigaciones de delitos de derechos humanos, en un plazo de seis meses.




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