Ministro de Justicia, Luis Bates, reiteró que la iniciativa que pone un plazo que va desde seis meses a dos años para el cierre de causas, con el fin de empalmar el antiguo sistema con el que comenzará a regir el 16 de junio, tras la reforma procesal penal, no es un «punto final». Sin embargo, defensores de los derechos humanos todavía no le creen al secretario de Estado.
Preocupación y temores siguen rondando en los sectores vinculados a los derechos humanos (DDHH), luego que el Gobierno anunciara ayer el envío al Congreso del proyecto de ley de "empalme" que permitirá conciliar las causas del antiguo sistema procesal penal, con la entrada en vigencia de la reforma de justicia en la Región Metropolitana el 16 de junio.
La idea del Ejecutivo es que todas las causas ingresadas un año seis meses antes de la aprobación del proyecto, sean cerradas en un plazo máximo de 6 meses. Mientras que los juicios con menos de 18 meses tendrán como fecha de tope de cierre dos años desde la entrada en vigor de la normativa, tal como rige en el nuevo sistema procesal.
El ministro de Justicia, Luis Bates, insistió ayer que "hemos dicho reiteradamente que este proyecto no es punto final encubierto, implícito ni solapado (…) Se respetan las normas de imprescriptibilidad o no amnistía de determinados procesos". Y agregó que siempre que existan antecedentes fundados de culpabilidad, se mantendrán abiertos los procesos hasta que los jueces lo determinen.
En enero, cuando el ministerio dio a conocer la propuesta, el secretario de Estado precisó que en 2004 ingresaron a tramitación 347.008 causas en la Región Metropolitana, mientras que las de derechos humanos, tal como anunció la Corte Suprema ese mismo mes, sólo llegan a 356, 315 de las cuales están en etapa de investigación.
"Empalme" bueno, pero…
Para el abogado de DDHH, Hugo Gutiérrez, sin embargo el proyecto "resulta ser irónicamente más conveniente que el acuerdo adoptado por la Corte Suprema que dio un plazo de seis meses a los jueces para que cerraran las causas de derechos humanos y siendo así el acuerdo de la Corte es totalmente impertinente en relación a ese proyecto de ley".
Por ello, la preocupación del profesional radica más en lo que propusieron los jueces, que en lo planteado por el Gobierno: "Lo que debería hacer la Corte Suprema entonces es reexaminar ese acuerdo de enero pasado y ponerse a tono con el proyecto".
En todo caso, Gutiérrez puntualizó que el "empalme" no es del todo perfecto, ya que "ningún proyecto que pretenda acelerar las causas de derechos humanos puede ir por el sendero correcto. Pero sin duda en relación a lo que la Corte había resuelto es más adecuado".
Sobre el punto, el senador PS y miembro de la Comisión de DDHH de la Cámara Alta, Jaime Naranjo, indicó que todavía no tiene todos los antecedentes de la propuesta del Gobierno para formarse una opinión, no obstante anticipó que será riguroso en su análisis.
"Lo tengo que ver con mucha calma porque evidentemente va a depender en qué situación van a quedar los juicios de derechos humanos. Porque si se aplican las normas de la nueva reforma penal no estaría de acuerdo con respaldar esa iniciativa. Pero voy a ser muy cuidadoso", afirmó.
A su turno, el presidente de Amnistía Internacional (AI), Sergio Laurenti, quien ya en enero manifestó su rechazo al instructivo de la Corte Suprema para cerrar las causas de derechos humanos en un plazo de seis meses, sostuvo que si el proyecto de ley de "empalme" establece restricciones a los plazos de los jueces obviamente AI está en contra de su aprobación.
Preocupación por causas sin querellantes
En tanto, Verónica Reyna, Jefe de la División Jurídica de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), indicó que existe preocupación porque los jueces no podrán alcanzar la tramitación de los juicios en plazos tan cortos, cuestionando de paso también la decisión de la Corte Suprema.
"Nosotros vemos con preocupación lo que puede significar para las causas de derechos humanos y tenemos la misma aprehensión que le hicimos saber a la Suprema respecto del acuerdo del pleno. Porque todos saben lo que ha costado avanzar en la búsqueda de la verdad en este tipo de procesos", sostuvo.
Reyna agregó que el Gobierno no puede cambiar las reglas del juego a "la mitad" de un proceso: "Eso es inconstitucional. Ahí viene nuestra preocupación, como eso no se puede hacer, entonces van a cerrar las causas, especialmente las que no tienen querellantes activos . Hay muchas causas que vienen con bastante tiempo de tramitación -por iniciativa de los magistrados- que no tienen un querellante. Entonces a esas causas seguramente no se les va a dar la oportunidad para que presenten su defensa, sus recursos, si no se está de acuerdo con la resolución que se dicte", comentó.
La abogada dijo que Fasic seguirá la "batalla" contra el proyecto en el Parlamento, por lo que van a pedir reuniones con las comisiones respectivas con el fin de plantear las inquietudes y temores frente a la iniciativa del Ejecutivo. Porque "tal como dice el ministro Bates el ‘empalme’ no sólo abarca las causas de derechos humanos, sino que abarca un número más amplio de juicios. Él, por supuesto, dice que están a salvo los derechos de las partes, pero estas causas son más especiales que el restos de los delitos criminales".
DDHH mejor en el sistema antiguo
La abogada del Partido Comunista, Julia Urquieta, expresó su temor por el plazo que establece el proyecto y que tendrán en el Congreso que certificar que ello no afectará la tramitación de las causas de derechos humanos.
"Creemos que en definitiva los plazos no deberían afectar a las causas por violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que habrá que ver en el Parlamento y evaluar bien si eso puede influir o no en que se afecten o no las casos. Porque lo concreto es que bajo este mecanismo no pude existir ni el más mínimo elemento de punto final", señaló.
Finalmente, Urquieta plantea la necesidad que los casos sigan avanzando en el sistema antiguo: "A nuestro entender debieran seguir en manos de los ministros, tal como ha sido hasta el momento, porque eso ha sido en definitiva el mecanismo más eficaz. Por eso no compartimos tampoco la decisión de la Corte Suprema de terminar con los ministros especiales, porque a la larga será impracticable y la fuerza de los hechos se encargará de darnos la razón", concluyó.
Columna:
Empalme o punto final por Luis Correa Bluas
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