La Corporación Administrativa del estamento ya se encuentra buscando recintos que cumplan con las características necesarias para que estos tribunales puedan operar de forma adecuada a partir de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana. Algunos ministros de la Corte Suprema manifestaron su molestia con esta situación.
A lo menos dos locales extras deberá arrendar la Corporación Administrativa del Poder Judicial para cumplir con la instalación de los 67 jueces de Garantía y 8 magistrados del Tribunal Oral en lo Penal que deberán asumir sus funciones el próximo 16 de junio, en las jurisdicciones de Santiago y San Miguel, según lo establece la Ley 19.861.
Aunque, según el último informe presentado por el ministerio de Obras Públicas ante la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, a fines de mayo se traspasará a esta entidad un edificio completo de 10 pisos, incluido en el Centro de Justicia de Santiago, este recinto no dará abasto para el funcionamiento de 15 Juzgados de Garantía que agruparán a este número de magistrados.
Fuentes de la Corporación Administrativa confirmaron a El Mostrador.cl que se encuentran evaluando las posibilidades que existen para decidir cuáles serán los recintos que se alquilarán, dado que la oferta que existe no es muy amplia y, por lo mismo, no hay muchas posibilidades de negociación para obtener un precio conveniente.
En esa línea, otro de los consultados sobre este tema señaló que los valores de renta de los inmuebles que podrían servir se han disparado, producto de la especulación que existe respecto a que no hay posibilidades que la puesta en marcha del nuevo proceso penal, en la Región Metropolitana, sea nuevamente postergado.
38 salas de audiencia son insuficientes
Respecto a la cantidad de salas de audiencia (38) que tendrá el único edificio entregado del Centro de Justicia de Santiago -y que tendrá que ser habilitado en un plazo récord-, las mismas fuentes explicaron que no existe una relación matemática entre este número de dependencias y los jueces que podrían operar ahí.
Esto, porque, además, este inmueble tendrá que albergar a un total de 910 funcionarios, los cuales también necesitarán espacio para poder cumplir sus labores.
En todo caso, precisaron que a lo menos dos tercios de la planta de trabajadores, incluidos los jueces (850 personas en total), deberán instalarse en el módulo que entregará el MOP.
Cabe recordar que, según la planificación original de la construcción del Centro de Justicia de Santiago, a fines del presente mes se deberían haber entregado dos edificios de 10 pisos cada uno, lo cual evidentemente no se cumplió.
Postergación de RRP versus autonomía
Esta salida para cumplir con los plazos que fijó el gobierno para la entrada en vigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal ha causado un gran malestar entre algunos integrantes de la Corte Suprema, dado que consideran que los costos que puede significar esta solución improvisada recaerán sólo en el Poder Judicial.
Algunos supremos consultados por este medio reiteraron que -para ellos- la mejor salida sería esperar que se entreguen los dos edificios que son necesarios para los Juzgados de Garantía, lo cual se concretaría con un desfase de aproximadamente dos meses, según se informó en la Unidad Coordinadora de la RPP, del ministerio de Justicia.
Sin embargo, dada la circunstancia de estar en un año cruzado por las elecciones presidenciales, el Ejecutivo no cederá respecto a postergar otra vez este cambio en la justicia penal, el cual constituye uno de los avances más emblemáticos logrados por los gobiernos de la Concertación.
Pero esa no es la única explicación que justificaría la condescendiente actitud adoptada por el máximo tribunal, ya que como señalaron algunos de sus miembros, una negación por parte del Poder Judicial a operar en estas accidentadas condiciones podría significar un eventual empantanamiento de los proyectos de ley referidos a la autonomía de este estamento.
Ese sería el mayor temor que tendría la Suprema frente a reclamar públicamente por la falta de infraestructura adecuada, ya que ello podría repercutir en que el gobierno saque del parlamento las cinco iniciativas legislativas que fueron pactadas en la llamada Mesa Judicial y que se constituyen como la aspiración más importante del Poder Judicial.
El Ministerio Público también arrendará
En tanto, el pasado lunes el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, también reconoció que el ministerio Público deberá arrendar inmuebles cuando entre en vigencia la reforma procesal penal.
El funcionario explicó que esta es una medida de contingencia debido a que al 15 de mayo próximo estará entregado sólo el 40 por ciento de las obras necesarias para que el Centro de Justicia entre en funcionamiento.
«Se nos va a entregar un edificio de garantía de 10 pisos, tres pisos de la fiscalía y cinco pisos a la defensoría, lo que nos obligó a arrendar inmuebles en el centro de Santiago como plan de contingencia y las obras las van a entregar a fines de mayo», afirmó Piedrabuena, quien además agregó que este tema ya está aprobado por el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.
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