Socios de Miguel Nasur afirman que el controvertido empresario nunca ha sido el propietario legítimo de estos terrenos, por lo cual solicitaron que la justicia anule la compraventa que traspasó el predio a su patrimonio. En tanto, ya ganaron la primera batalla: la prohibición absoluta de celebrar actos y contratos sobre este bien.
El 24° Juzgado Civil de Santiago decretó la prohibición absoluta de celebrar actos y contratos sobre la propiedad correspondiente a las 23,5 hectáreas en que se instaló la conocida "toma de Peñalolén", en el marco de una demanda que pretende anular la compraventa que significó que estos terrenos se traspasarán al patrimonio del empresario Miguel Nasur Alliel.
La mencionada magistratura resolvió acoger la solicitud de los recurrentes como una medida precautoria prejudicial, que paraliza cualquier intento de enajenar este predio mientras no se resuelva el fondo del tema, el cual se refiere a que la venta de esta propiedad a Nasur fue una "simulación absoluta", que habría tenido por objeto desconocer los derechos de una sociedad de hecho que se formó con el fin de concretar un proyecto inmobiliario en ese lugar.
La demanda fue presentada en octubre del año pasado, fecha en que Humberto Campos Zambra, Guillermo Campos Fauze y el abogado Arturo Yuseff Durán, recurrieron a la justicia para hacer valer los derechos que tendría sobre esos terrenos una sociedad de hecho que habrían formado junto al controvertido empresario, con la finalidad de construir un proyecto inmobiliario en ese sector.
Una larga y enredada historia
Según se relata en esta presentación judicial, a fines de 1986 Humberto Campos compró dichos terrenos a la Caja de Previsión de los Empleados del Banco del Estado a un precio de 85 millones de pesos, debido a la atractiva oferta que significaba adquirir esta propiedad -cuya dirección es José Arrieta N° 7659- a un valor que se podría fácilmente duplicar en el tiempo.
Esta transacción significó que en febrero de 1987 las tierras se inscribieran a nombre de Guillermo Campos, tío del anteriormente mencionado, dado que éste a través de la empresa Constructora Isis S.A. aportó gran parte del capital para dicha adquisición, a través de un préstamo otorgado por el Banco de Chile, mientras que el dinero restante sería pagado en cuotas.
Por este motivo se pactó una sociedad de hecho entre ambos familiares, destinada a financiar y compartir el negocio inmobiliario que proyectaron desarrollar en el inmueble adquirido, según consta en el escrito al cual tuvo acceso El Mostrador.cl.
En ese período se habría elaborado el anteproyecto de ejecución de las obras, así como se obtuvo la factibilidad de agua potable y alcantarillado, ambos aspectos que fueron aprobados por la municipalidad de Peñalolén que, en esa fecha, estuvo encabezada por la ahora diputada María Angélica Cristi.
Debido a los fracasos para obtener los recursos necesarios para concretar este negocio, los dueños del terreno se pusieron en contacto con el empresario Miguel Nasur, en razón de sus contactos financieros y de sus relaciones comerciales, con el objeto que éste se transformara en el socio capitalista del proyecto.
De este modo, la originaria sociedad de hecho incluyó a dos nuevos socios: Nasur y el abogado Arturo Yuseff. La alianza se acordó con participaciones de un 39 por ciento para Guillermo Campos, un 39 por ciento para Nasur, un 18 por ciento para Humberto Campos y un 4 por ciento para Yuseff.
Las obligaciones y exigencias de Nasur
Para entrar en el negocio, el conocido empresario se comprometió a pagar el saldo de la deuda con la Caja de Empleados del Banco del Estado y a obtener los recursos necesarios para construir el proyecto inmobiliario. Pero, además, habría exigido que el inmueble en cuestión le fuera transferido, mediante una compraventa simulada, con el propósito de acrecentar su patrimonio personal y, con ello, obtener los créditos necesarios.
Este traspaso se concretó en el septiembre de 1988, fecha desde la cual Nasur habría intentado obtener los recursos necesarios para llevar a cabo el negocio. No obstante, once años después de ese traspaso y ante los fracasos para obtener los fondos necesarios, el mencionado empresario le propuso a sus socios vender los terrenos con un precio real y actualizado en el mercado, lo cual les pareció conveniente.
Pero, sorpresivamente, el 30 de abril de 1999 Nasur vendió la propiedad a la sociedad de Inversiones Antares S.A., a un precio de 1.370.332 UF, pagaderos en 54 cuotas anuales sin intereses. Empero, el asombro fue mayor cuando el resto de los socios constataron que la mencionada entidad es de propiedad del supuesto financista del negocio y su cónyuge, María Bodero Encalada.
Ante el requerimiento de los perjudicados, Nasur habría explicado que esta operación sólo era una simulación destinada a fijar el valor de la propiedad, con miras a una venta real, asegurándoles que el pacto celebrado en la sociedad de hecho se mantenía plenamente vigente.
"Días después, se produciría la toma ilegal del predio por parte de pobladores sin casa, conocida pública y profusamente como la ‘toma de Peñalolén’, la que existe hasta la fecha", señala la demanda.
A ello se agrega que, hasta el momento, Nasur -que declara ser el único y exclusivo dueño del predio- se ha negado a suscribir con sus socios el pacto societario convenido en 1988.
El embargo
Ante este escenario, a fines del año pasado, el 24° Juzgado Civil de Santiago aceptó decretar una medida precautoria sobre los posibles derechos que tendrían los socios del controvertido empresario sobre estos terrenos, debido a lo cual ordenó el embargo de dicho inmueble.
Esto significa que Nasur tiene la prohibición absoluta de celebrar actos y contratos sobre el bien inscrito a nombre de Inversiones Antares S.A., mientras el tribunal no resuelva el fondo de la controversia.
Un futuro parque
Según se informó en la municipalidad de Peñalolén, las cerca de 1.700 familias que componen la toma de este terreno podrían ser erradicadas del lugar a mediados del próximo año, fecha en que los dos conjuntos habitacionales que se construyen para acogerlos estarían terminadas.
Pero los planes del municipio distan mucho de transformar este predio en conjuntos habitacionales que densifiquen aún más la cantidad de habitantes de la zona. Por ello, planean construir un gran parque en estas hectáreas, dado la escasez de lugares de esparcimiento que existen en la comuna.
En todo caso, declinaron pronunciarse acerca de cuál sería el mecanismo para que esta propiedad pase a manos fiscales, ya que los intentos de expropiación o compra del mismo fracasaron debido al alto precio que fijó Nasur para su venta.
