La Corte Suprema dio curso a la petición del ministro Alejandro Solís para que archivos secretos de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU puedan ser adjuntados al proceso como "prueba judicial", dado que fueron hechos llegar al magistrado por un canal informal y sobre ellos recae una medida de censura.
La Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió dar curso a la solicitud presentada por el ministro de fuero, Alejandro Solís, para que las autoridades competentes de Estados Unidos certifiquen la autenticidad de cuatro documentos desclasificados de la CIA (Agencia Central de Inteligencia).
Esta diligencia se enmarca en la investigación que desarrolla el magistrado para esclarecer el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, quienes resultaron muertos por una bomba colocada bajo su automóvil el 30 de septiembre de 1974, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.
Previo a que el máximo tribunal diera el visto bueno a esta solicitud, que será remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación del norte, la fiscal de la misma instancia judicial, Mónica Maldonado, también aprobó el envío de la carta rogatoria, ya que "se atiene a lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal, como la entrega de documentos, informes y elementos de prueba".
Autenticidad y censura
Según consigna el pronunciamiento de la fiscal de la Suprema, el requerimiento de Solís consiste en que la autoridad competente de Estados Unidos de fe de la autenticidad de cuatro comunicaciones que corresponderían a antecedentes desclasificados del mencionado organismo de inteligencia de ese país y que provendrían del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Washington.
Esta información le fue entregada al magistrado por Peter Kornblubh, director de Nacional Security Archive´s Chile, dada la importancia que tendría para el proceso los antecedentes que ahí se consignan, los que dicen relación con el eventual apoyo que otorgó la CIA a las operaciones realizadas por agentes de la ex DINA fuera de Chile.
Además, el exhorto que se hará llegar a Washington solicita que el organismo respectivo dé la autorización necesaria para eliminar la censura que actualmente presentan los documentos desclasificados a fin de que éstos puedan agregarse al proceso y ser tomados como antecedentes judicialmente válidos.
De esta forma y pese a que la Corte Suprema rechazó el desafuero de Augusto Pinochet, quien habría sido el que ordenó el asesinato de Prats, el ministro Solís prosigue en la tarea de esclarecer todas las circunstancias que rodearon a este atentado.
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