Grupo de legisladores de Izquierda Unida señalan que el coronel Rodolfo Ortega sería el responsable del asesinato de una joven socialista en la región austral ocurrido en 1988. El militar declaró voluntariamente ante la justicia hace un año y sus familiares esperan el fallo que determine las responsabilidades.
Madrid y Punta Arenas parecen estar unidas para los agregados militares. En 1998 el representante de la Fuerza Aérea de Chile, coronel Héctor Barrientos, fue reconocido por un invitado a la sede diplomática, el funcionario de la Cancillería Carlos Parker, como uno de sus torturadores en la base de Bahía Catalina, en Punta Arenas. Ese hecho provocó que no pudiera seguir con su brillante carrera militar y, en consecuencia, no pudiera ascender a general.
Ahora la historia parece repetirse con el agregado militar en la «Madre Patria», coronel Rodolfo Ortega Prado, quien era jefe de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1988, en Punta Arenas, cuando fue detenida y asesinada la joven socialista Susana Obando, de 23 años. El militar fue citado a declarar el 22 de marzo del año pasado ante la jueza Carmen Garay en calidad de inculpado.
Por lo menos diez ex miembros de la CNI han declarado en el caso señalando que el jefe local de ese organismo represivo en la época que apareció muerta la joven era el mayor Ortega Prado. A ello se suma la existencia de un "cuaderno secreto", donde un ex agente de inteligencia que vive fuera del país, declaró a la comisión complementaria del informe Rettig que la joven fue detenida, interrogada, golpeada y lanzada al mar.
Ortega, que se encuentra destinado en Madrid desde julio del año pasado, fue objeto de protestas por parte de parlamentarios españoles que cuestionaron su presencia en la sede diplomática chilena.
Interpelación
El presidente-portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde IU-ICV, Gaspar Llamazares, hizo una serie de preguntas al gobierno español sobre la presencia de Ortega en Madrid, que tuvieron gran repercusión en la prensa hispana.
"¿Conocía el gobierno las acusaciones de asesinato que pesan contra el actual agregado militar chileno en España y que el 22 de marzo del 2004 fue citado a declarar por la entonces jueza instructora Carmen Garay, que instruye 62 casos de desaparecidos y asesinados?", se preguntó el dirigente.
Llamazares interpela a las autoridades y les dice "si ha realizado el Gobierno en los últimos meses alguna gestión en este sentido? ¿Ha solicitado algún tipo de información a las autoridades políticas chilenas sobre este asunto? ¿Cuándo se produjo? En el caso de que no haya sido así en los supuestos anteriores, ¿piensa realizarlas próximamente?".
Inmediatamente agrega: "¿Qué opinión le merece al Gobierno que un presunto torturador, cuyo caso aparece mencionado tanto en una causa judicial como en el prestigioso «Informe Rettig», que documentó las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, haya podido ocupar un alto cargo de representación diplomática en España en los últimos dos años ante la inacción de la diplomacia española?".
"¿Conoce el Gobierno que, según las informaciones manejadas, el nombre del coronel Rodolfo Ortega Prado aparece también en el puesto 335 de una lista de 540 agentes de la CNI investigados por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez?", concluyó el dirigente.
En nuestro país, el subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, no quiso opinar de un caso judicial que se encuentra en proceso. "En tema de derechos humanos o judiciales se debe respaldar y ayudar a la justicia. No emitimos opiniones estando un caso en trámite judicial. No tengo consideraciones hasta que no haya un fallo judicial", dijo.
La autoridad recalcó que "si alguna persona es requerida, consultada, es citada por la justicia, debe cumplir con lo que el juez le diga. Además, el coronel Ortega se presentó voluntariamente a declarar y no ha sido procesado en el caso".
El caso está avanzando
El caso de la joven militante socialista, Susana Obando, continúa avanzando desde el año pasado en manos del ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, quien a fines de 2004 realizó diligencias en terreno que permitieron a la defensa de la familia de Obando pensar en que se pueda llegar a esclarecer el caso. Así por lo menos lo ratificó a El Mostrador.cl la abogada del Codepu (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo), Alejandra Arriaza, quien está a la espera de los resultados de las diligencias solicitadas al juez.
"Las últimas diligencias fueron pedir las declaración de nuevos testigos, a raíz de la declaración relevante del médico que transcribió la autopsia. Según él, habían signos de intervención y tortura a Susana, lo que podría demostrar que estamos en presencia de un homicidio y no de un suicidio. También se pidió al tribunal tomar declaración a una vecina que la habría visto caminando en dirección opuesta a donde posteriormente se encontró el cuerpo de la joven".
Paralelamente, Arriaza solicitó al Billard interrogar vía exhorto al agregado militar en España, pero esta petición le fue denegada por el tribunal. La abogada cree que el caso ayudará a develar una red mucho más amplia de los servicios de inteligencia en Tierra del Fuego.
"Eso es lo que también se está investigando. Primero se pensaba que era Investigaciones la única involucrada, pero al parecer habrían otros grupos distintos que se organizaban y funcionaban en forma conjunta en Punta Arenas", añadió.
La madre pide colaboración
Por su parte, la madre de la joven, Ema Coñue (70), quien tiene 54 años de militancia en el Partido Socialista, viajó esta semana a Santiago para hablar con el magistrado e interiorizarse del avance de la causa. En lo personal, Ema está conforme con el trabajo del juzgado, pero a su vez decepcionada de su partido. Según explica, después que la abogada del PC, Julia Urquieta, abandonara el caso de su hija golpeó las puertas en la colectividad para conseguir asesoría legal, pero nunca fue escuchada, lo que significó que el juicio no tuviera querellante por un tiempo.
"El ministro fue en noviembre a Punta Arenas. Se vino muy contento con lo que se avanzó y se está investigando a otros organismso de seguridad que había en la ciudad, de los que hasta ahora no se tenía conocimiento", dijo.
Ema Coñue, quien además es presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos de la Región, señaló que está al tanto del apoyo que diputados socialistas españoles están dando a su causa, los cuales también están presionando para que el agregado militar, Rodolfo Ortega, a pesar que no está procesado todavía en la causa, salga del cargo diplomático que hoy tiene en Madrid.
Pero lo que más le preocupa a la madre de Susana es que Ortega pueda ser ascendido a general.
"Este año posiblemente lo asciendan a general. Tiene una carrera ascendente, pero Cheyre debería objetarlo, porque era el jefe de la Central Nacional de Investigaciones (CNI) en Punta Arenas. Además, han encontrado el nombre de mi hija en las listas de este organismo, y sabemos que se le hizo un seguimiento con dos vehículos, uno de la Armada y otro del Ejército", concluyó.
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