Hace cinco años siete de cada diez inmuebles tenían instalaciones de cañerías con evidentes riesgos para la salud de las personas. En la actualidad el 70% se encuentra en buenas condiciones, producto de la intensa fiscalización, los avances tecnológicos y los cambios legales.
Una notable disminución de víctimas por inhalación de gas en los hogares de la Región Metropolitana se registró en 2004. De las 30 personas que fallecían en 1999, el año pasado sólo se registraron cuatro, según las cifras que maneja la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Según el superintendente Sergio Espejo, este fenómeno responde a la mayor fiscalización de los edificios, la renovación de normas legales, los cambios tecnológicos y la mayor información para los usuarios se convirtieron en herramientas que permitieron reducir los decesos.
Pese a ello, Espejo reconoce que aún persisten instalaciones defectuosas que no han sido reparadas. Ellas equivalen a un tercio de construcciones controladas por la entidad, lo que continúa representando un evidente riesgo para la comunidad.
Durante 2004, la institución formuló más de 200 cargos a los administradores de edificios que aún no reparaban las instalaciones, con lo que se busca evitar los efectos perjudiciales de habitar una vivienda signada con sello rojo.
Pero el riesgo sigue patente, sobretodo para los encargados de las residencias que no dudan en quitar dicho estigma que los inspectores despliegan en el frontis de los edificios.
Ante las acusaciones sobre las irregularidades cometidas por algunos de estos controladores, que visan la certificación de los edificios, Espejo descarta la responsabilidad de la entidad que lidera, pues los encargados de certificar dichos inmuebles "no son funcionarios de la SEC".
-¿Cómo evalúa las medidas de control respecto de las emanaciones de gas en los edificios?
– Creo que hemos sido muy exitosos en proteger la vida de las personas, porque en materia de resultados, las víctimas fatales que en el año 1999 eran del orden de treinta anuales -sólo en la Región Metropolitana- han disminuido hasta el año pasado a solo cuatro casos, donde, si bien cada una de ellas es muy lamentable, el descenso resulta extraordinario.
-¿A qué atribuye este descenso?
– Esto no sólo se explica por los controles que realizamos. Estas cifras tienen que ver con diversos factores. En primer lugar está el incremento y la modernización de la fiscalización. Hoy día todas las declaraciones de trabajo sobre instalaciones de gas se realizan electrónicamente, lo que a nosotros nos permite procesar con mucha más rapidez la información sobre dónde y en qué se trabaja para ordenar fiscalizaciones aleatorias. Un segundo elemento tiene que ver con los cambios legales que han favorecido la injerencia de los administradores en la prevención de los accidentes.
Modificación legal
Espejo se refiere a la modificación de la ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, que permite a los administradores o representantes de la comunidad decidir la realización de inspecciones periódicas. Antes de la reforma, se debía convocar a una asamblea de copropietarios para autorizar cualquier cambio o gasto en que se debía incurrir.
Junto con esto, dicho comité de propietarios no puede oponerse a la realización de la inspección de seguridad, y sólo puede proponer una alternativa de menor costo para los usuarios, pues los arreglos se realizan con fondos provenientes de la misma comunidad.
En tercer lugar, según Espejo, se encuentran los cambios tecnológicos. Desde noviembre del año pasado, por instrucción de la SEC, todos los calefón nuevos vienen con un dispositivo que corta el suministro de gas cuando se produce una inadecuada ventilación.
Y por último hay un mayor esfuerzo de información para los usuarios. Así, por ejemplo, todos los artefactos de gas que se venden en Chile hoy día tienen un sello con instrucciones de seguridad para su uso seguro.
-¿Estas medidas tienen que ver con la cantidad de muertes por inhalación de gas?-
– El sistema de control nació en 1999, fruto de la confluencia de algunos eventos que instalaron en la opinión pública una fuerte sensación de inseguridad. Primero, accidentes con resultados fatales por inhalación de monóxido de carbono y por inflamación de artefactos; y segundo, la llegada del gas natural que inició el proceso de conversión, donde miles de casas fueron sometidas a intervenciones sobre sus instalaciones, y en muchos casos con gran molestia de los propietarios y, por supuesto, de alguna inquietud.
Estos dos fenómenos se producen en un país que en los años ochenta, había eliminado la obligación de control sobre las instalaciones y por lo tanto todo el boom de la construcción, no fue acompañado de una exigencia paralela de estándares de seguridad. Adicionalmente existía un enorme desconocimiento sobre los estándares de acción en redes, particularmente gas natural y procesos de conversión. Es decir, Chile no tenía experiencia en eso, no había profesionales formados.
Y por último, cero cultura de mantención y prevención responsable de las instalaciones y los artefactos por parte de los usuarios. Todas estas cuestiones generaron inquietud, generaron impacto y hubo alarma pública. Por esto lo que ha venido haciendo la superintendencia en estos años es trabajar en estos ámbitos.
– ¿Cuáles son los retos que quedan por delante?
– Lo que hemos hecho es instalar un sistema, pero queremos que esto funcione de manera absolutamente fluida. Hemos desarrollado un plan que, de alguna manera, garantiza que todas la construcciones cumplan con los estándares de seguridad necesarios. Por otra parte, hemos desarrollado una fiscalización que también permite establecer que las compañías distribuidoras de gas natural y licuado, así como las empresas constructoras actúen, en general, conforme a los estándares de seguridad que se exigen.
Sin embargo, todavía existen instalaciones antiguas que presentan riesgos y que no han sido reparadas. Por esto aún es necesario difundir mucho más información, para tener hábitos y conductas responsables en el uso del gas. Esas son las áreas en que nos vamos a concentrar.
-¿Es posible que, con todas las nuevas construcciones o restauraciones que se realizan, exista un déficit de fiscalizadores para controlar las instalaciones?
– Lo que hemos hecho es adaptar nuestros procedimientos a esta realidad. Así, en todos nuestros procesos de fiscalización, nos hemos desplazado hacia instrumentos de gobierno electrónico. Es decir, hoy con muchas más construcciones en desarrollo, somos mucho más eficaces que lo que éramos años atrás, pues las declaraciones son electrónicas y cuando se declara se informa lugar, fecha y hora de los trabajos.
Esto nos permite realizar controles que, la verdad, antes no sabíamos donde realizarlos. Esto sucede porque los estándares de construcción han cambiado, y las multas son extraordinariamente severas. Aquí tenemos como ejemplo a los inspectores certificados, que no son funcionarios de las SEC, y que son profesionales acreditados que realizan estas verificaciones, personal a quienes nosotros fiscalizamos intensamente.
-¿Qué sucedió con las acusaciones sobre que estos profesionales entregan sellos verdes sin certificar que los edificios operen con los estándares requeridos?
-Bueno, hoy esta no es una queja que llegue a la SEC. Yo respondo por la probidad de la gente que trabaja en nuestra institución, pero claramente al inicio de este proceso se produjeron muchas confusiones. Esto sucedía porque la gente no entendía, y persisten lugares en que falta información respecto a eso.
-¿Es decir estos operarios no dependen de la SEC?
– Los certificadores no son funcionarios de la SEC. Ahora, es evidente que para que ellos operen con los estándares adecuados fue necesario modernizar esta repartición y contar con instrumentos adecuados. Por ejemplo, cuando el sistema recién comenzó, cualquier persona natural podía ser certificador. Hoy sólo puede serlo una entidad que ha sido avalada por el Instituto Nacional de Normalización, lo que aumenta las exigencias, disminuye el riego de tener trabajando gente que no esta capacitada para esto.
Así, puedo afirmar que en la actualidad se entregan más de 1.500 en conjunto con la Fundación Chile y la Cámara Chilena de la Construcción que tienen que ver con competencias laborales para instaladores eléctricos y de gas. Es decir, estamos trabajando en la formación de los técnicos que desarrollan estas tareas.
-¿Cuáles son las sugerencias básicas para las personas en el manejo de las instalaciones?
-Lo primero es no intervenir jamás directamente instalaciones de gas ni eléctricas. Es decir, realizar trabajos sobre ella queda sólo para personal calificado, o sea, instaladores autorizados por la SEC. Asimismo, se debe asegurar la mantención periódica de los artefactos de gas (por lo menos una vez al año) y las instalaciones eléctricas (que deben chequearse cada cinco años, o diez años para las más nuevas). También deben adoptarse medidas muy simples, como por ejemplo, mantener siempre los artefactos a gas funcionando en lugares ventilados.
Por último está el tema de la información. En esto quiero destacar que no existe acción de la autoridad que pueda sustituir la responsabilidad de las personas. Pero las personas no pueden ejercer esa responsabilidad si no tienen la información necesaria. Ese es un rol personal, pero en la SEC trabajamos porque esa información llegue a los usuarios de la mejor manera.
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