El Fiscal Nacional tuvo que contestar las consultas formuladas por la defensa de la suspendida jefa del Ministerio Público de la Araucanía. El cuestionario, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, tuvo por finalidad que el interrogado admitiera las supuestas contradicciones en que habría incurrido en sus dichos a la prensa y en su actuación funcionaria.
Un total de 52 preguntas, destinadas a reconocer sus eventuales contradicciones en el caso Lavandero, fueron las que tuvo que contestar el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena Richards, ante el ministro de la Corte Suprema Ricardo Gálvez, en el marco del proceso de remoción de la fiscal de la Araucanía, Esmirna Vidal.
La diligencia -denominada absolución de posiciones- tuvo lugar ayer viernes, en las dependencias del máximo tribunal de justicia, extendiéndose por cerca de tres horas. El fin de este trámite es determinar si la sanción aplicada a Vidal, por la supuesta figura de negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, fue correctamente aplicada por parte de su superior.
Cabe recordar que este proceso administrativo fue una de las principales consecuencias del "estallido" de las denuncias que formularon menores de edad en contra del desaforado senador DC Jorge Lavandero, a quien imputan haber cometido abusos sexuales en contra de ellos.
Debido a la supuesta lentitud con que habrían actuado los funcionarios de la Fiscalía de la Novena Región -en los que se contaba a la máxima representante de la institución en la zona-, Piedrabuena decidió marginar a éstos de la investigación del caso, designando como fiscal especial para el proceso a Xavier Armendáriz.
Intercambio de mails y llamadas telefónicas
El Mostrador.cl tuvo acceso al cuestionario de consultas que el ministro Gálvez hizo al Fiscal Nacional, gran parte de las cuales se refieren a la aclaración de fechas y contenidos que tuvieron una serie de mails, llamadas telefónicas y oficios internos que intercambió Piedrabuena con Vidal.
De esta forma, la defensa de la suspendida fiscal emplazó a su superior a reconocer que, en el mes de mayo de 2004, su subalterna le informó -en cuatro ocasiones distintas- sobre las acusaciones que formularon Gilda Concha e Iván Cuevas contra el senador Lavandero, las cuales se referían a hechos que se relacionaban con menores de edad.
En ese sentido, se contrastó estos antecedentes con los dichos que Piedrabuena formuló el 20 de febrero pasado en entrevista con un matutino, en la cual afirmó que "la primera información que recibí fue en mayo de 2004, pero fue parcial, tergiversada y contraria a la realidad", añadiendo posteriormente que la segunda ocasión que recibió información del caso fue en el mes de octubre del mismo año.
Dichas consultas tuvieron por objeto comprobar que eventualmente Esmirna Vidal a principios de mayo de 2004 envió un oficio reservado a Piedrabuena en el que informó que Gilda Concha había concurrido al Servicio Nacional de Menores local para relatar algunos hechos relacionados con un senador de la región y menores de edad.
En el mencionado documento, N° 230, Vidal habría dado a conocer que instruyó al fiscal Sergio Díaz para que ubicara a la mujer, orden que después de concretarse derivó en una citación para que ésta formalizara su denuncia acompañada de su marido, Iván Cuevas, quien fue empleado de Lavandero en el fundo Metrenco.
Después de ese informe, la entonces fiscal regional de la Araucanía habría sostenido dos conversaciones telefónicas con su superior jerárquico, en una de las cuales éste último le habría advertido que sin una denuncia formal, por parte de los declarantes, el ministerio Público no podía iniciar una investigación
A estos contactos, se suma una encuentro personal que habrían mantenido ese mismo mes, en el marco del Consejo de Fiscales del organismo, durante el cual Vidal habría insistido en el tema, informándole que el mencionado matrimonio ya había declarado, pero que no quisieron estampar una denuncia formal contra el mencionado parlamentario. En esa ocasión, Piedrabuena le habría reiterado que sin personas que se hicieran responsables de las acusaciones, no se podía iniciar la investigación.
Orden de marginar a Investigaciones de este caso
Por otra parte, en el interrogatorio se emplazó al Fiscal Nacional a reconocer la veracidad de que en un mail que envió a Vidal, ya conociendo la carpeta completa en que se registraron los antecedentes del caso, le habría manifestado que "al parecer, los hechos serían de alguna antigüedad, un tanto vagos, y para verificarlos habría que interrogar personalmente a los menores de edad y no por medio de la policía, por las razones que hemos conversado".
A eso se sumarían las eventuales conversaciones telefónicas en que Piedrabuena le habría insistido expresamente a su subalterna que no quería que la policía interviniera en este caso.
Asimismo, se le consultó sobre sus declaraciones en la investigación administrativa que ordenó instruir al fiscal de la Décima Región, Raúl Mera, en la cual habría afirmado que no fue informado hasta el mes de octubre sobre los antecedentes que figuraban en la investigación contra Lavandero.
Cabe recordar que, ante los medios de prensa, el jefe máximo del ministerio Público sostuvo que "tuve una información muy general en mayo, ella me dijo que no había denuncia, que una señora había ido al Sename a decir algunas cosas, pero que no había una denuncia, después de esto no soy informado hasta el mes de octubre".
Esa versión fue nuevamente contradicha por el propio Piedrabuena en una entrevista otorgada a El Mercurio, en la cual afirma que entre mayo y octubre de 2004 recibió una comunicación por parte de Vidal, referida al caso, fechada el 27 de agosto.
Una decisión tomada con antelación
En la última parte del cuestionario, el Fiscal Nacional fue requerido a aceptar la realización de una supuesta teleconferencia realizada en enero de este año, en la cual comunicó las sanciones que se aplicarían a cada uno de los funcionarios involucrados en el caso, en la cual habría informado sobre su decisión de remover a la jefa del organismo en la Novena Región, época en que la investigación administrativa estaba en pleno desarrollo.
En esa línea, se le emplazó para que explicara cómo hizo para que a sólo un día de recibido el sumario administrativo, que consta de un total de 850 páginas, leyó la totalidad del documento, dictó una resolución de 27 páginas en las que decretó las sanciones, elaboró un documento de 25 páginas en los que expone los fundamentos para remover a Vidal y lo presenta ante la Corte Suprema para activar el proceso.
Es necesario recordar que el 2 de febrero, Piedrabuena recibió el expediente de la investigación sustanciada por Mera, mientras que al día siguiente concurrió al máximo tribunal y afirmó que se encontraba estudiando los antecedentes y que dentro de las próximas 24 a 48 horas adoptaría la decisión final.
Sin embargo, tal como adelantó El Mostrador.cl, durante la mañana del 3 de febrero el ministerio Público ingresó ante el alto tribunal la petición de remover a Esmirna Vidal, mediante el mencionado escrito de 25 páginas que se mencionó anteriormente.
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