Empresa forestal determinó voluntariamente la suspensión del trabajo en sus instalaciones de la Décima Región, mientras no se aclaren los aspectos legales y técnicos bajo los cuales ésta pueda funcionar. La decisión se adoptó luego de tener a la vista la nueva Resolución de Calificación Ambiental que sólo terminó de ser analizada ayer.Actualizada
El presidente de Celulosa Arauco, Alberto Etchegaray, informó que la firma ha decidido unilateralmente clausurar las instalaciones de la planta de Valdivia, pese a que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Los Lagos permitió que siguiera funcionando, pero con 20% menos de su producción.
«El directorio ha resuelto la detención voluntaria e inmediata de la operación de la planta Valdivia. Esta detención persistirá mientras no se clarifique con la autoridad las condiciones tecnico-jurídicas bajo las cuales ésta pueda funcionar», dijo.
El ejecutivo indicó que la medida se adoptó de forma voluntaria e inmediata y se mantendrá mientras no se aclaren los aspectos legales y técnicos contenidos en la nueva Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que sólo terminaron de analizarse ayer.
"La resolución que está vigente y fue modificada con nuevas exigencias tras la paralización del mes de enero, se ha visto de nuevo bajo una segunda revisión sobre algunas exigencias adicionales a las que ya existían. Es eso lo que hay que clarificar, de qué tenor son las exigencias y qué significan, para que realmente la planta pueda operar. Si eso no puede ser así, nosotros no podemos seguir responsablemente operando una planta que está en el límite de las exigencias", añadió.
En el mismo sentido, precisó que la empresa ya no encargará ningún tipo de estudio para determinar su inocencia, sino que dejará todo en manos de los organismos competentes del Estado, así como también calificó de "respetable" el estudio de la Universidad Austral.
"Arauco no va a solicitar ningún nuevo estudio. Creo que le corresponde a otras autoridades, fundamentalmente las gubernamentales, tener al frente estudios entre los cuales estará el de la Universidad Católica, como puede estar el de la Universidad de Concepción, como estará el respetable estudio de la Universidad Austral, que merece todo nuestro respeto, pero que no compartimos sus conclusiones", agregó.
No afectará a trabajadores
Asimismo, dijo que sólo será posible determinar el tiempo de paralización de la planta una vez que se sienten a conversar con las autoridades y enfatizó que los trabajadores no serán perjudicados.
"Nosotros esperamos que una detención de esta naturaleza sea razonable. Es voluntaria, por lo tanto, esperamos que se puedan clarificar todas aquellas resoluciones que no están claras. Si los tiempos son prudentes y razonables, no habrá ningún efecto que perjudique a los trabajadores", señaló Etchegaray.
El ex titular de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Aylwin recordó que la planta está certificada entre las más avanzadas del mundo y cuenta con las aprobaciones gubernamentales que corresponden, respeta los parámetros y monitoreos que se le han fijado y que no está probado que su operación haya tenido los efectos que se le imputan.
El anuncio se produce 24 horas después que los abogados Álvaro Ortúzar y Pedro Águila renunciaran a la representación de la firma, tras la entrega a las autoridades de un informe elaborado por la firma y atribuido a la Universidad de Concepción.
Etchegaray informó, además, que en la reunión de directorio celebrada esta mañana se aceptó la renuncia del gerente general de la compañía, Alejandro Pérez, quien será reemplazado por el titular de Administración y Finanzas, Matías Domeyko.
Divergentes reacciones de ambientalistas
El Programa Chile Sustentable, que dirige Sara Larraín, celebró el cierre de la planta Valdivia de Celulosa Arauco, pues permite detener las emisiones sobre el Santuario Carlos Anwandter y clarificar las graves irregularidades técnicas y legales ocurridas durante los últimos meses.
"El cierre de la planta, aunque se caía de maduro, es un paso positivo, ya que permite aclarar frente al país las graves contradicciones técnicas, científicas y legales que han escandalizado a la opinión pública, dejando en evidencia la ingobernabilidad e impunidad ambiental existente", destacó.
Agregó que "ahora el Gobierno tiene la oportunidad de enmendar el rumbo, aplicando la ley ambiental como corresponde, para así recuperar la legitimidad pérdida frente a los chilenos y a la comunidad internacional".
Larraín concluyó llamando a La Moneda a apurar el estableciemiento de una Superintendencia Ambiental y avanzar en la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, para así dar mayor poder político a la autoridad.
Por su parte, el director de la Fundación Oceana, Marcel Claude, fue más duro en sus apreciaciones y calificó de maniobra comunicacional el cierre temporal de la planta.
"Estas maniobras comunicacionales sólo buscan distraer a la opinión pública e intentar un lavado de imagen de la empresa, igual que la renuncia de sus abogados. Después de esto, Celco sacará a sus trabajadores a las calles a protestar por el cierre de la planta, y así chantajear con los trabajos que entrega la celulosa. No creo en las autopenitencias: es el Gobierno el que debe ponerse los pantalones y decretar el cierre de la planta", enfatizó.
"En cambio, quiero destacar la acusación constitucional que están iniciando los diputados Exequiel Silva y Juan Pablo Letelier contra los ministros de la Corte Suprema que fallaron a favor de la empresa con documentación tergiversada por el propio Celco", concluyó.
