La detención del ex jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico), Rómulo Aitken, junto a otros ex funcionarios del organismo no sólo remeció a Investigaciones de Chile, sino también al comando de Joaquín Lavín, instancia que contrató sus servicios de seguridad. Magistrado investiga arista que vincularía a miembros de esta red con asesores del ex edil.
No sólo el aniversario número 72 de la policía de Investigaciones de Chile ha sido empañado por el flagrante caso de corrupción y tráfico de influencias que involucra a ex funcionarios de la policía civil en una red de protección a narcotraficantes, sino que también ha dejado al descubierto las vinculaciones que tienen parte de los imputados con el comando del candidato presidencial de la UDI Joaquín Lavín, y que inevitablemente salpicarán la campaña gremialista.
A partir de la semana pasada, el magistrado del 20° Juzgado del Crimen de Santiago, Christian Carvajal, obtuvo los primeros frutos de una investigación iniciada hace más de un año, cuando comenzó a seguir la pista surgida en una causa que se tramita en ese tribunal y que daba cuenta de una red de protección que integraban detectives activos y en retiro para resguardar a grupos de delincuentes dedicados al narcotráfico en gran escala.
Luego de este permanente seguimiento surgió el primer traspié de los sospechosos de componer esta particular alianza, entre antisociales y policías, el cual quedó al descubierto por un burdo error: tratar de rescatar una libreta de teléfonos que fue incautada en un decomiso de 253 kilos de cocaína de alta pureza, realizado el 2 de marzo de este año, hecho que fue dado a conocer en un gran despliegue mediático, encabezado por el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil.
Cadena de complicidades
El misterioso cuadernillo generó toda una cadena de complicidades para tratar de sacarlo de manos de Investigaciones y ponerlo fuera de la lupa de los jueces.
Según pudo indagar El Mostrador.cl, el peruano que actuó como cabecilla de la banda de narcotraficantes y supuesto dueño de los dos millones de dólares que costó el cuantioso cargamento de droga, Aurelio Nieto, tomó contacto a través de una tercera persona con el ex jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico), Rómulo Aitken, para gestionar esta «diligencia».
De esta forma, el ex brazo derecho del director de la policía Civil, Nelson Mery, desde su puesto en la Brico (cargo que dejó hace dos años), solicitó a su socio en una empresa de seguridad privada y también ex policía, Jorge Cari, gestionar este curioso encargo. Éste, a su vez, se comunicó con su primo Ricardo Cari, funcionario en servicio activo destinado hace pocos meses en Calama, para que buscara algún «amigo» en la Dotación de Fuerza de Tareas Sur -establecimiento en que estaba confiscada la libreta- para llevar a cabo este cometido. Aquí hace su aparición el detective Hermes García, quien tenía a su cargo la custodia de los elementos incautados por los policías que se desempeñan en esa unidad. El hecho no pasó inadvertido para los funcionarios del Departamento de Asuntos Internos de Investigaciones, quienes esperaban dar con algún paso en falso de esta banda que los dejara al descubierto.
Fuentes judiciales informaron que ya se encuentra establecido que toda la red recibió un pago de dinero por esta «ayuda», por montos que serían bastante elevados, dado que el último en la cadena (Hermes García) reconoció haber recibido cerca de un millón de pesos por el hurto de la misteriosa libreta.
La agenda ya fue entregada por la defensa de Rómulo Aitken y está siendo periciada para establecer cuál es la importancia de la información que contiene, dado que se sospecha que ahí constaban los verdaderos financistas de la cuantiosa operación de narcotráfico y en la que se detuvo a seis personas, tres de ellos ciudadanos peruanos.
Sin embargo, las mismas fuentes consultadas dieron cuenta que la libreta de teléfonos tendría hojas arrancadas, por lo cual se sospecha que la información que se quería mantener en secreto ya no está contenida en ella.
La ligazón de Aitken con el comando de Lavín
Pero hay otra arista que también el magistrado Carvajal se encuentra investigando y que se relaciona con las posibles operaciones de tráfico de influencias, no siempre relacionadas con delitos tan graves como el narcotráfico, que podrían vincular a algunos integrantes del comando presidencial de Joaquín Lavín con los ex policías involucrados en este caso.
La relación que existe entre ambas partes se basa principalmente en dos antecedentes. Primero, que la empresa de seguridad que formó el ex jefe de la Brico, es la que se encargó de instalar todos los equipos de seguridad en el recinto en que funciona el estado mayor de Lavín, además de tener a su cargo el resguardo del local de la calle Bucarest, en la comuna de Providencia.
Como segundo dato, no menos relevante, trascendió que una periodista que trabaja con el abanderado de la UDI, Paula Afani, conocida por sus antiguos golpes periodísticos en el área policial, es la pareja de Rómulo Aitken desde hace varios años. De hecho, la profesional se encuentra citada a declarar ante el Departamento de Asuntos Internos de Investigaciones y, dependiendo de sus dichos, el magistrado evaluará si la hace comparecer o no ante su tribunal.
Es necesario aclarar que, según las fuentes consultadas por este medio, la arista que se relaciona con cercanos a Lavín ya está siendo indagada por el mencionado juez del caso.
El lobby por la lealtad
A mediodía de ayer martes, en las afueras del 20° Juzgado del Crimen de Santiago, se presentó la mencionada periodista a la espera de que llegara el abogado de Aitken y, aprovechando la ocasión, acudió a argumentos emocionales por la «lealtad del gremio» para que su nombre no figurara en los artículos de prensa que se elaborarán previsiblemente sobre el caso.
No obstante, la información sobre la relación de su pareja con el estado mayor del abanderado de la UDI ya había sido chequeada por este medio, como también la citación que tiene esta periodista para declarar en el caso.
A raíz de ello, la periodista amenazó con querellarse en contra de todos los que se atrevieran a mencionarla.
Respecto a cuál es la versión de Aitken sobre los hechos, Afani afirmó que la actuación de su pareja se debió a un favor que se le pidió, negando de forma tajante que él haya recibido dinero a cambio de éste.
Asociación ilícita
Por otra parte, el magistrado Carvajal tiene hasta este sábado para resolver la situación procesal de Jorge y Ricardo Cari y de Hermes García, mientras que ese plazo se extiende hasta el próximo lunes en el caso de Rómulo Aitken, quien ayer martes fue puesto a disposición del tribunal y quedó en calidad de detenido.
En todo caso, según ha trascendido en la investigación se encuentra acreditada la participación de todos los mencionados en este hecho delictual, ya que sólo faltaría establecer la identidad de la persona que actuó como vínculo entre el ex jefe de la Brico y el narcotraficante peruano que solicitó el «encargo».
A raíz de ello, lo más probable es que el juez Christian Carvajal procese a esta red por los delitos de asociación ilícita, cohecho y exacción ilegal, dado que habrían antecedentes fundados sobre la responsabilidad penal de los involucrados.
Mientras tanto, los cuatro ex policías permanecen detenidos y aislados en el módulo A de la ex Penitenciaría de Santiago, con medidas de seguridad para resguardar su integridad física y evitar la posibilidad de eventuales vendettas que reos pudieran emprender en su contra.
Artículos relacionados:
Investigaciones detiene a ex alto jefe vinculado a caso de narcotráfico (7 de Junio del 2005)
Gobierno sale en defensa de policías ante casos de corrupción (7 de Junio del 2005)
