La instancia recomendó al máximo tribunal rechazar la presentación de un grupo de víctimas de delitos de lesa humanidad que solicitaron dejar sin efecto el secreto sobre los antecedentes recabados por la instancia, establecido por Ley. Los afectados pretenden que esa información sea puesta a disposición de los tribunales.
La Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó al pleno de ministros del máximo tribunal del país rechazar el recurso de inaplicabilidad que pretende lograr que los tribunales de justicia accedan a los testimonios recopilados por la Comisión Valech, referido a las vivencias de personas que fueron recluidas y torturadas durante el régimen militar.
En un informe de ocho páginas, la funcionaria estimó que el artículo 15 de la Ley 19.992, referido a que los antecedentes recabados en el informe sobre "Prisión Política y Tortura en Chile" por un plazo de 50 años, no vulnera las normas constitucionales relacionadas con las facultades de los tribunales de justicia.
A juicio de los recurrentes, esta norma impediría a los jueces acceder a información que podría resultar determinante al momento de impartir justicia y vulneraría los principios de un debido proceso, privando que los magistrados puedan extender sus indagatorias y aseguren un equilibrio e igualdad a las partes involucradas.
Asimismo, argumentaron que esta obligación de reserva contraria la norma constitucional referida a que el ejercicio de la soberanía del país reconoce como limitación el respeto a los derechos fundamentales de la naturaleza humana. Es decir, los Tratados Internacionales suscritos por Chile que consignan que es deber del Estado garantizar el acceso -de las víctimas de un delito- a los medios probatorios adecuados para sustentar una acusación.
Compromiso formal del gobierno
En tanto, la Fiscal Maldonado recordó que en el mensaje presidencial por el que se dio a conocer el denominado informe Valech, el Presidente Ricardo Lagos justificó la reserva de los antecedentes recabados por esta comisión en razón de que dicha confidencialidad fue un compromiso del gobierno para que los afectados por delitos tan degradantes tuvieran la confianza suficiente de contar sus testimonios.
"La reserva y confidencialidad no sólo han sido elementos esenciales para el éxito de su cometido, sino que además fue un compromiso formal del Gobierno para con las víctimas que concurrieron a dicha instancia a prestar su testimonio, compromiso que estamos todos llamados a cumplir y respetar", sostuvo el primer mandatario en esa ocasión.
En ese sentido, Lagos argumentó que la finalidad de la Comisión Valech fue recibir antecedentes que pudieran ayudar a identificar a las personas que sufrieron flagelos a causa de su postura política y, luego, elaborar un informe con la nómina de los afectados por tales hechos.
"Por lo mismo, éstos -testimonios- no constituyen declaraciones indagatorias o inculpatorias, ni probanzas de ningún tipo, ni investigación judicial, ni periodística, ni denuncias", aclaró el jefe de Estado.
Privacidad de las personas
En esa línea, la Fiscal de la Corte Suprema estimó que la reserva decretada para estos testimonios tiene como finalidad resguardar el bien jurídico de la privacidad de las personas, contemplado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución.
Junto a ello, consideró que "la circunstancia que los tribunales no puedan tener acceso a antecedentes secretos determinados importa ciertamente una limitación de las facultades jurisdiccionales, pero no las afecta en su esencia, ya que no los priva de la facultad de conocer de las causas criminales correspondientes, de resolverlas o de ejecutar lo juzgado".
En conclusión, la Fiscal Maldonado argumentó que cada víctima debe decidir, por propia voluntad, dar a conocer los antecedentes de que disponga ya sea a terceros o a los tribunales de justicia.
Este pronunciamiento se enmarca en la tramitación de una querella contra el general (r) Augusto Pinochet y el ex ministro del Interior del gobierno castrense y actual senador de la UDI Sergio Fernández Fernández, interpuesta el pasado 7 de diciembre por una veintena de ex prisioneros políticos y cuya sustanciación está a cargo del ministro de fuero Joaquín Billard.
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