El concurso público para adjudicar un servicio de alta tecnología para el seguimiento de correspondencia exigía que dicha plataforma debía estar operativa a fines de enero de este año, pero -a la fecha- ello aún no se concreta. Abogado que presentó recurso de amparo afirma que otros requerimientos tampoco fueron cumplidos por la entidad Software A.G.
Después del escándalo generado por las millonarias indemnizaciones otorgadas a ex ejecutivos de empresas públicas, en el cual Correos de Chile fue una de las instituciones estatales más cuestionadas por esos hechos, ahora vuelve a levantar sospechas por el millonario contrato que adjudicó a una empresa ligada a Roberto Durán, uno de los cuñados del Presidente Ricardo Lagos, quien es director de Relaciones Institucionales para Latinoamérica de Software A.G.
Este hecho fue denunciado ayer viernes públicamente por el diputado de RN Nicolás Monckeberg, quien insistió en su embestida contra el nepotismo en Chile. Ante ello, la empresa de Correos emitió un comunicado público para rechazar las imputaciones del parlamentario, asegurando que todo el proceso de concurso público para licitar los servicios tecnológicos que requiere esta entidad fue absolutamente transparente.
Sin embargo, ello pareciera no ser tan efectivo a la luz de los antecedentes aportados a este medio por el abogado Héctor Musso, quien presentó un recurso de amparo ante el 29° Juzgado Civil de Santiago en contra de la empresa estatal, debido a que ésta última habría vulnerado el artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el cual asegura a todo ciudadano el acceso a la información.
Sin objetivos políticos
El profesional, ligado a la DC y que se desempeñó por varios años en el Departamento Jurídico del ministerio del Interior, aclaró que dicha acción judicial nunca tuvo intencionalidades políticas, por lo cual lamentó que esta información haya sido utilizada por el parlamentario de oposición para acusar al primer mandatario. "Fue un encargo netamente profesional, ajeno a todo afán político", enfatizó.
No obstante, el profesional explicó que en el curso de la investigación descubrió que hasta el año 2004, fecha en que se llamó a licitación, ya existía un sistema tecnológico -denominado track & trace– que estaba siendo usado por Correos de Chile desde hacía un par de años.
Sin embargo, la entidad estatal puso término anticipado a esos contratos y llamó a una nueva licitación en la cual participaron tres empresas, dos chilenas y una extranjera.
"Se me encargó analizar jurídicamente el contrato en virtud del cual una empresa extranjera se había adjudicado una licitación pública en correos de Chile, para brindar una solución tecnológica que dice relación con las ventas y seguimiento de correspondencia", sostuvo Musso.
Extraños cambios en la licitación
El mencionado concurso público culminó en agosto del año pasado, favoreciendo a la empresa española Software A.G. -de la cual el cuñado de Lagos es representante para América Latina- y, para efectos legales, la mencionada entidad tuvo que abrir una sucursal aquí en Chile. Este contrato fue por un monto superior a los 3.267 millones de pesos.
"Las cosas que a mí me llamaron la atención durante mi estudio fue que de motu proprio la empresa Correos de Chile modificó, en un par de oportunidades, sus propias bases de licitación en términos que me llamaron la atención", comentó el abogado.
Dichas modificaciones consistieron en que las primeras exigencias consignaron que las licencias de los software de esta implementación tecnológica y el material físico utilizado en ello pasaran a ser propiedad de Correos de Chile, que la garantía ante un eventual incumplimiento del contrato se fijara en un 20 por ciento anual del monto del contrato y que los códigos de fuente debían quedar a disposición de la empresa o en una notaria.
Sin embargo, todas estas exigencias se anularon y en el caso de las garantías por posible incumplimiento de las obligaciones contraídas por Software A.G. se rebajaron a un 10 por ciento el primer año y a un 5 por ciento el segundo, en relación al monto total del acuerdo.
"Pero lo más significativo es que la operatividad de esta plataforma tecnológica debía estar en principio funcionando a fines de enero de 2005 y en varias partes de las bases de la licitación, como en las respuestas a las rondas de consultas de los oferentes, la empresa de Correos aclaró que lo que se requería era un producto ‘maduro’, es decir, que ya esté en funcionamiento en otras partes del mundo en empresas de la misma envergadura de Correos", explicó el abogado.
Empresa sin trayectoria en estos servicios
En ese sentido, añadió que la intención de la empresa estatal era evitar que este servicio fuera asumido como un experimento, porque se necesitaba que estuviera en funcionamiento cuando se necesitara actualizar el sistema y no retroceder en cuanto a la oferta de tecnología.
"Las bases exigían que la solución tecnológica que se ofertara debía estar operativa en a lo menos dos instituciones, nacionales o extranjeras, y -a lo menos- por dos años en funcionamiento. O sea, Correos se aseguraba de que el tema iba a funcionar y bien, porque ya estaba funcionando en otros lados", argumentó Musso.
No obstante, al margen del evidente retraso en la puesta en marcha de esta prestación, en la página web de esta empresa el mencionado servicio track & trace sólo figura como existente para la empresa de Correos de Chile, sin ninguna otra nación o empresa que figure en el listado.
"Da la impresión que la empresa que se adjudicó esta licitación no habría acreditado o no estaría en condiciones de acreditar que su solución tecnológica está operativa", afirmó el profesional añadiendo que "hemos sostenido que la empresa de Correos de Chile debe poner término a ese contrato porque no se cumplió con él y debe ir en rescate de salvaguardar los intereses de su patrimonio y no siendo contumases en la búsqueda de una solución que no han tenido".
Consultado sobre si es probable que esta compañía española se haya visto favorecida por el parentesco de su representante en Chile, Musso dijo "no lo sé, no tengo por qué prejuzgar, ni tampoco me interesa. Estoy analizando el contrato y si éste tiene vicios actuaremos ante los tribunales de justicia y no ante otras instancias".
Vea además:
Descargos públicos de la empresa Software A.G. (18 de Junio del 2005)
Artículos relacionados:
Nicolás Monckeberg contraataca por convenio de otro cuñado de Lagos (17 de Junio del 2005)
