José Antonio Gómez: «No hay delito más repugnante que abusar de un niño»

Como ex ministro y ex subsecretario de Justicia, José Antonio Gómez, conoce a cabalidad el tema de la Reforma Procesal Penal. Por eso no sólo alaba lo rápido que se dictó sentencia en contra de Jorge Lavandero, por abusos deshonestos contra menores, si no que además mira con orgullo que este juicio se haya demorado tan solo siete meses versus los cinco años que se habría tardado en el sistema antiguo.



El único reparo que hace no es al sistema en sí sino que a la jueza Georgina Gutiérrez, concediera el beneficio de la libertad vigilada al parlamentario de la Novena Región aduciendo que "nuestras cárceles no dan seguridad, ni rehabilitación" para estos casos. El problema de los recintos penitenciarios no le compete a la magistrada sino al Estado, a través de sus organismos respectivos, como son Gendarmería y el Ministerio de Justicia, acota el actual presidente del Partido Radical Social Demócrata (PRSD).



-¿Qué beneficios le ve a la Reforma Procesal Penal a la luz, en particular, del juicio a Jorge Lavandero?
-Uno debe analizar esto en el contexto general, más allá del caso Lavandero. Las ventajas de la nueva justicia han sido clarísimas a favor de la reforma: primero, está la rapidez ya que no cabe duda que un caso de esta naturaleza en el sistema antiguo se hubiera demorado cinco, seis años y aquí se ha tardado apenas siete meses. En segundo lugar, la transparencia, que es un asunto fundamental, pues el que hoy estemos todos conversando y opinando de estos temas es porque básicamente vimos por televisión la sentencia y también parte de las audiencias. Y tercero, que efectivamente hay igualdad de armas para aquellos que son imputables y también para las víctimas.



-¿En qué sentido se aprecia esa igualdad ante la ley?
-Existe una persona que se supone poderosa que está siendo juzgada. Aquí hay un abogado defensor para los niños, que, en este caso, son víctimas de escasos recursos y que pueden ser representados por la fiscalía. Y hay un abogados querellante, además del fiscal, con igualdad de condiciones y de armas que la defensa, lo que para nosotros era fundamental.



-Pese a los beneficios, la gente común y corriente no entiende que Lavandero haya sido castigado con una pena remitida y no con la cárcel.
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-Yo lo entiendo porque soy abogado, pero cuando se determinó que Lavandero es culpable y que abusó de niños, para la gente común no es entendible que se le condene a cinco años con libertad vigilada. Hay que tener presente que en esta materia quien decide cómo se cumple la pena y cuál es la pena aplicable al condenado es el tribunal, es decir, un juez. Uno puede estar en acuerdo o no con la sentencia, pero ése es el órgano al que la propia comunidad le ha dado la facultad de decidir. Y, por lo tanto, uno tiene que respetar esas decisiones. En este caso hay que tener presente que la sentencia no está ejecutoriada y que la Corte de Apelaciones podría agravarla con cinco años de cárcel o rebajar la pena. Esto no está resuelto.



-¿Y el tribunal de alzada puede demorarse en ver los recursos de las partes, que se deben presentar este jueves?
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-Yo creo que su decisión puede ser rápida. De acuerdo a la experiencia de la Reforma, las resoluciones de los recursos de nulidad son bastantes veloces y no debería demorarse más de un mes, un mes y medio.



"Es lo peor"



-Si usted hubiera sido el juez, ¿cuál habría sido su sentencia en este caso?
-No conozco los antecedentes de fondo, pero quien abusa de niños es lo peor. Todos los delitos son graves, pero no hay un delito más repugnante que abusar de un niño. Entonces, cuando uno ve que finalmente queda con libertad vigilada, la gente piensa que eso no es una pena.



-Pero está en libertad, en definitiva, y no entre cuatro paredes.
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-Sí, pero la libertad vigilada tiene una serie de condiciones, que en este caso la jueza se las entregó a la Brigada de Delitos Sexuales de Investigaciones. Ese individuo no podrá salir del país, no va a poder tener una residencia, sino aquella que fije ante el tribunal, y va a ser vigilado que no cometa ningún acto que pueda significar la revocatoria de la libertad vigilada. Si comete cualquier falta o acto criminal, el tribunal le puede decir que el resto de la pena la debe cumplir en la cárcel. No es que esté en libertad y circule libremente por las calles, tiene vigilancia. Lo que pasa que no es lo mismo para el imaginario de la gente que esté en su casa a que se encuentre en la cárcel.



-¿Este fallo no es un mal precedente para los violadores y abusadores de menores?
-No creo que esta sentencia fije criterios. En Chile, la jurisprudencia se sentencia de acuerdo a los méritos que hay en el proceso. Por lo que escuché a la magistrada, creí que le iba a dar cinco años con cárcel porque los argumentos iban en ese cariz. Me sorprende que la jueza diga que no le aplica la pena con cárcel, porque estos recintos no dan seguridad y rehabilitación.

"Es problema del Ejecutivo"



-Usted que conoce las cárceles, ¿cree que no cumplen con la rehabilitación?
-Yo conozco bien las cárceles, sé que están hacinadas, que hay problemas. A mi me da la impresión que el tema no está relacionado con si son o no las cárceles capaces de cumplir ese deber, porque es una obligación del Estado, del Ejecutivo, que debe tener recintos que cumplan los objetivos de la pena. Lo que me parece que no corresponde es que la jueza diga que no le aplica cárcel, después de todo el raciocinio que hizo, porque estos recintos no reúnen las condiciones mínimas. Ese no es problema de ella, sino que del Ejecutivo, del gobierno que tiene que dar los elementos para que los reos se rehabiliten y eso se está haciendo. Se construyen nuevas cárceles, hay programas de rehabilitación al interior de los recintos, habrán programas terapéuticos, pero no puede un juez decir que no lo manda a la cárcel porque tiene la impresión de que no lo va a rehabilitar.



-Es justamente ese argumento el que ha sido criticado.
-Ella quizás tendrá la convicción que la cárcel no lo va a rehabilitar…



-Además no hubo atenuantes a la pena.
-Eso es mucho más discutible porque lo condenó al máximo de la pena, le subió todos los grados y no lo manda a la cárcel porque, según ella, no se va a rehabilitar. Insisto en que ése no es un problema de la jueza, si no que le corresponde al Estado.



-¿Qué pensó cuando la defensa de Lavandero apeló a que su defendido no conocía el mecanismo juicio abreviado?
-Ellos pretenden decir que Lavandero no estaba en condiciones sicológicas para saber lo que estaba acordando. Creo que esa forma de presentar el caso ante el tribunal está dentro de las posibilidades de defensa de cualquier persona en el sentido de querer defenderse, pero que tenga razón, ninguna, porque aquí se cumplen varios requisitos: primero, que las partes estén de acuerdo porque esto es un proceso de negociación largo en que estuvo la fiscalía, la defensoría, el abogado querellante, y el abogado particular de Lavandero, quien fue refrendado por el juez de garantía que le pregunta si es presionado o no, y él dice que no tiene ninguna presión. Me parece francamente extemporáneo.



-¿Qué sintió cuando el abogado de las víctimas, Julián López, relató en detalle lo que Lavandero hacía con los menores?
-Me impactó. Eso fue crudo y cuando uno escucha la argumentación de la jueza que aplica el máximo de la pena sin mandarlo a la cárcel por una condición anexa, ni siquiera por lo que se supone estaba en el proceso, eso no me parece lógico. Eso es lo que a la gente le sorprende, pero eso no tiene que ver con la Reforma o que el sistema no corresponda. Tiene que ver con el criterio del tribunal, que es soberano para decidir, pero los elementos que da la Reforma son sumamente importantes.



-Entre esos, obviamente, está la rapidez del juicio.
-El procedimiento abreviado permitió que en una audiencia se fijará si es culpable o inocente y en un segundo acto se dicte la sentencia. Eso me puede gustar o no, pero ese proceso de rapidez hay que valorarlo. Un connotado abogado panelista decía que en el sistema antiguo o nuevo, la sentencia habría sido casi similar, es decir, le habrían remitido la pena. Lo que pasa que es tan transparente el sistema que uno escucha lo que dice el abogado querellante y eso sorprende.



Reemplazo en el Senado



-¿Qué pasa con el reemplazante de Lavandero en el Senado? Si se aplica la ley actual debe ser reemplazado por Guillermo Vásquez, del PRSD, pero si la sentencia ejecutoriada es después de la promulgación de las reformas constitucionales, lo debe nombrar la DC, el partido al que pertenecía Lavandero…
-La Constitución señala que el reemplazo de un senador por este caso le corresponde al compañero de lista, por lo tanto, Guillermo Vásquez, debiera ser el senador por los cinco años restantes. Si las reformas constitucionales son promulgadas con anterioridad a que quede a firme la sentencia de Lavandero, significa que la DC debe enviar una terna al Senado y el reemplazante debe ser de uno de sus filas.



-De ese modo, si la sentencia final sale antes de agosto, cuando probablemente estén listas las reformas, los radicales contarán con otro senador.
-Nosotros hemos dicho que vamos a respetar la ley y la Constitución. Y si ello ocurre le corresponde asumir a Guillermo Vásquez. No me alegra tener un senador más a consecuencia de desaforar a una persona por abusos sexuales.



mlopez@elmostrador.cl



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