La resolución de la ministra Chevesich establece que el primo de Luisa Durán recibió una suma cercana a esa cantidad en efectivo, a raíz de dos contratos suscritos entre la Unidad de Planeamiento y la consultora M&P Délano, por asesorías que nunca se realizaron. De esta forma, el caso judicial se acerca al círculo más cercano del Presidente Lagos.
Un total de 19.898.431 pesos habría recibido Matías de la Fuente, primo de Luisa Durán de Lagos, en forma irregular como presunto sobresueldo cuando ocupó el cargo de jefe de gabinete y director (s) de la Dirección Nacional de Planeamiento del ministerio de Obras Públicas, de los cuales más de 2 millones se le habrían pagado incluso sin estar cumpliendo ninguna función en esa cartera de Estado.
Así lo estableció la ministra en visita Gloria Ana Chevesich, a cargo de indagar las eventuales irregularidades financieras en esa secretaría de Estado, luego de interrogar a todos los funcionarios de la mencionada unidad y de analizar la contabilidad de la empresa M&P Délano Consultores, empresa que suscribió cinco contratos con el Mop por cerca de 119 millones de pesos, entre 1997 a 1999.
Sin embargo, la jueza basó los cinco procesamientos que notificó durante la tarde de ayer en sólo dos de esos contratos, suscritos entre el representante de la mencionada consultora Pablo Délano Icaza y el ex jefe de Finanzas de Vialidad de esa secretaría de Estado, Sergio Cortés, por un monto superior a los 92 millones 500 mil pesos, los cuales se firmaron en agosto de 1997 y mayo de 1998, es decir, cuando el Presidente Ricardo Lagos aún se desempeñaba como ministro del Mop.
Chevesich procesó a De la Fuente y Cortés por los delitos reiterados de fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público, mientras que a una de la ex asesoras de Lagos, Ximena Riff Rojas, y al emprersario Pablo Délano como autores del delito de estafa en perjuicio fiscal. En tanto, encausó a Roberto Alonso Castillo -otrora titular de la Dirección de Planeamiento- en calidad de autor de fraude al Fisco.
Trabajo con profesionales del ministerio
Según consigna la resolución de la jueza, esos dos contratos fueron gestionados directamente por Matías de la Fuente con M&P Consultores, quien habría instruido directamente a Ximena Riff para elaborar toda la documentación para adjudicar estas supuestas asesorías a través de una licitación privada, con el objeto de apoyar a la Dirección de Concesiones en materias de inversión y regulación de infraestructura del Mop.
En ese documento se detalla que en esta labor participaría un equipo de profesionales, incluyéndose en los gastos pagos de personal y gastos de carácter administrativo y el consecuente IVA.
"Personal que se desempeñaba en la Dirección Nacional de Planeamiento instruyó al consultor beneficiado con las adjudicaciones que trabajara con empleados públicos que laboraban en la referida unidad", señala el escrito.
Acto seguido, Chevesich sostuvo que Délano aceptó dicha exigencia y "durante todo el tiempo en que debían ejecutarse los trabajos nunca se relacionó con los empleados públicos que debían intervenir, desconociendo su identidad, competencia y número de los participantes, tampoco fijó o reguló los honorarios de aquellos, sólo se limitó a recibir unos informes que le entregaba una persona que se desempeñaba como coordinadora (Ximena Riff) que era asesora del gabinete del ministro de Obras Públicas".
Esta funcionaria, que actualmente se desempeña como coordinadora de desarrollo y gestión de contratos en Concesiones del Mop, fue la encargada de recepcionar algunas boletas de honorarios de los supuestos partícipes y pagar sumas de dineros mediante el giro de cheques en los que "normalmente" no estampaba el nombre de los beneficiarios.
10 facturas firmadas por De la Fuente
En esa medida, la ministra afirma que de las facturas emitidas por M&P Délano para obtener los pagos por los trabajos que se adjudicó la entidad, un total de 10 habrían sido aprobadas con una "media firma o visto bueno" por Matías de la Fuente y el entonces jefe de la Unidad de Supervisión y Desarrollo de Concesiones del MOP, Sergio Cortés.
Junto a ello, consigna que el titular de la Dirección de Planeamiento, Roberto Alonso Castillo, cobró cheques por un total de 52.087.026, los cuales se habrían destinado al pago de suples o sobresueldos para el personal que se desempeñaba en esa repartición, mientras que el ex subjefe de la unidad, Mario Tala Delgado -quien no fue procesado- cobró una cifra cercana a los 9 millones y medio de pesos.
Por medio de interrogatorios a los funcionarios de esa dirección, la jueza obtuvo que cinco de ellos reconocieron haber recibido dineros extras a sus sueldos sin tener ninguna labor adicional, mientras otros seis aseguraron haber llevado a cabo "contraprestaciones a labores que dicen haber realizado en forma individual y sin recibir ningún tipo de directrices, porque nunca se reunieron con el consultor o el inspector fiscal".
Trabajos innecesarios
"Del mérito de los antecedentes aparece que la Coordinación General de Concesiones no requería para encarar las tareas específicas que derivan del Programa de Concesiones de Obras Públicas y de la explotación de sus obras, de acciones de apoyo externo en las materias y especialidades que se indican y cuya autoría nadie reconoce", esgrime Chevesich en el procesamiento.
Cabe recordar que todos los procesados -a excepción de Sergio Cortés- permanecen desde ayer recluidos en el anexo cárcel Capuchinos, en espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirme el beneficio de la libertad bajo Fianza que la magistrado les otorgó previo pago de 500.000 pesos.
Críticas a la resolución
Luego de notificarse de la resolución, el abogado del empresario Délano, Gregorio Jusie, comentó que «los trabajos realizados por la consultora fueron revisados en su totalidad y su situación procesal está viéndose en tribunales», añadiendo que su cliente está «tranquilo».
Claudio Feller, uno de los representantes de Matías de la Fuente, aseguró que la resolución no los tomó por sorpesa, pero sí su contenido, ya que "en un breve análisis que hemos hecho en el curso de estas horas, nos parece que no se ajusta a derecho y contiene afirmaciones de hechos que no son correctas», sostuvo.
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