Acogen querella contra juez del Crimen en Santiago por detención ilegal - El Mostrador

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Fiscalía avanza en rol de órga

Acogen querella contra juez del Crimen en Santiago por detención ilegal

por 25 julio, 2005

El ministro Juan Araya, de la Corte de Apelaciones de Santiago, resolvió tramitar esta presentación legal interpuesta a raíz de la denuncia de un sujeto que acusó al magistrado Carlos Escobar de abuso de poder al ordenar ilegalmente su detención por siete días para ''ayudar'' a una subalterna de su tribunal envuelta en un problema familiar.

Si bien el proceso disciplinario que se tramita en contra de la titular 5° Juzgado de Menores de Santiago, María Angélica Grimberg, es uno de los "caballitos de batalla" mediante el cual el ministerio Público Judicial -representado por la fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado y todos los fiscales de las Cortes de Apelaciones del país- se ha perfilado como un ente contralor de los funcionarios del Poder Judicial, hay otras investigaciones próximas a concluir y que tendrían consecuencias desfavorables para él o los involucrados.



En las últimas semanas, el ministro del tribunal de alzada capitalino Juan Araya Elizalde aceptó tramitar una querella de capítulos que se inició a raíz de una denuncia ante la comisión de Ética de la Corte Suprema interpuesta por Daniel Corvalán Díaz, a principios de noviembre del año pasado.



El magistrado imputado de las acusaciones es el titular del 30° Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Escobar Salazar, y otros dos funcionarios de este tribunal, entre las cuales se cuenta a la oficial de sala Silvia Mondaca Nuñez, quien es tía de la conviviente del denunciante, Paula Jáuregui Mondaca.



Detención ilegal y arbitraria



Los acontecimientos descritos por Daniel Corvalán se relacionan con una discusión privada que sostuvo con su pareja, durante la cual él rompió parte del mobiliario de la vivienda -y que eran bienes de su propiedad-, hecho que ocurrió la noche del lunes 12 de septiembre de 2004.



Luego de ello, constató que el juez Carlos Escobar, quien encabeza el tribunal que tiene por jurisdicción la comuna de Macul, se constituyó en su domicilio ubicado en Quinta Normal junto a personal de la Bricim de Investigaciones de Ñuñoa, procediendo a detenerlo, tras iniciar un inmediato proceso judicial por daños en su contra.



Según fuentes allegadas a la causa, dicho magistrado habría actuado de esa forma al recibir el sensible testimonio de su subalterna, tía de la mujer del afectado, y frente a ello decidió abrir una investigación de oficio.



El denunciante afirmó que se le detuvo el día 15 de septiembre de ese año y, al siguiente día este mismo juez ordenó su detención por cuatro días en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CDP) de Puente Alto. Dos días más tarde fue notificado de que había sido puesto en libertad por falta de méritos.



Por ello imputó al magistrado Escobar de cometer una serie de delitos en su contra ante la Comisión de Ética de la Suprema, instancia que optó por traspasar los antecedentes al ministro visitador del 30° Juzgado del Crimen, Sergio Muñoz, ya que los hechos descritos podrían revestir algún tipo de delito.



Querella de capítulos



Al revisar estos antecedentes, el ministro Sergio Muñoz consideró que los hechos excedían las atribuciones de un ministro visitador y remitió el expediente al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, ampliado que acordó designar a la ministra Gloria Ana Chevesich para instruir este proceso administrativo.



A fines de 2004, esta última jueza resolvió que este hecho debía ser investigado mediante una querella de capítulos, traspasando los antecedentes a la 4° Fiscalía del mismo tribunal de alzada, cuyo titular Daniel Calvo interpuso la mencionada acción judicial en enero de este año, imputándole al magistrado Carlos Escobar los delitos de abuso de poder, prevaricación por administración torcida de justicia y agravio por parte de un funcionario público.



La instrucción de esta investigación finalmente recayó en el ministro Juan Araya, quien resolvió acogerla a tramitación formulando el cargo de ordenar una detención ilegal y arbitraria al mencionado judicial, basándose en que esa figura penal agrupa a todas las acciones descritas y que perjudicaron al denunciante.



Según se especula en los pasillos de tribunales, los hechos ya estarían prácticamente probados, por lo que existen posibilidades que se adopten medidas drásticas en contra del juez.



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