Tribunal capitalino confirmó las absoluciones de tres encausados -Eduardo Arriagada, Nassir Sapag y la esposa de este último- en esta arista del caso que se inició en el Séptimo Juzgado del Crimen y que luego se acumuló al megaproceso que instruye la jueza Chevesich. Hoy la Corte Suprema revisará el amparo que la misma instancia acogió a favor del primo de Luisa Durán.
La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la revocación de los últimos tres procesamientos que se dictaron en el marco del caso MOP-Ciade, cuya instrucción estuvo a cargo del magistrado interino del 7° Juzgado del Crimen de la capital, Alejandro Rivera, quien en abril de 2003 procesó a 28 personas al configurar un supuesto mecanismo de pago de sobresueldos, entre los cuales figuraron los 13 Seremis y ex Seremis de esta secretaría de Estado.
De esta forma, el ex director de Vialidad del MOP, Eduardo Arriagada Moreno; el ex director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade) de la Universidad de Chile, Nassir Sapag Chain; y su esposa Cristina Bonilla Herrera -estos dos últimos dueños de la sociedad inmobiliaria y de inversiones «Necul-Hual»-, quedaron libres de los cargos que se les imputaron, junto a los otros 25 procesados en este caso.
La decisión fue adoptada por el ministro Carlos Cerda y el abogado integrante Patricio Arias, con el voto en contra del ministro Jorge Dahm, quien estuvo por revocar la anulación de los procesamientos, petición que fue acogida en primera instancia por la magistrado en visita Gloria Ana Chevesich el pasado 27 de abril.
Nuevos antecedentes
En su voto de disidencia, Dahm sostuvo que las nuevas pruebas que se presentaron en este proceso, relativas a establecer que el trabajo por el cual la Dirección General de OO.PP. y el Ciade suscribieron en agosto del año 2000 un contrato por 270 millones de pesos sí se realizó, son insuficientes para revertir las encargatorias de reo por los delitos de fraude y estafa al Fisco, por el que fueron procesados Arriagada, Sapag y Bonilla en calidad de autores.
Cabe recordar que según el procesamiento dictado por Rivera -en el proceso que luego se acumuló al caso MOP Gate- la aludida repartición de Obras Publicas encargó al Ciade el desarrollo de un estudio denominado: »Diseño e Implementación de un Sistema de Evaluación de Propuestas Públicas y Contratos a Nivel de las Secretarías Regionales Ministeriales de Obra Públicas», el cual a juicio del magistrado sólo fue un "ardid" para pagar sobresueldos a funcionarios de esa repartición, en concomitancia con algunos académicos de la Universidad de Chile.
Megaproceso en problemas
Esta era una de las 17 aristas que componían el megaproceso que instruye la ministra Gloria Ana Chevesich y que comenzó a desmoronarse cuando el 27 de mayo de 2003 la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto a favor del ex Seremi de OO.PP. de la XII Región, Manuel Castañeda Paredes, quien fue procesado junto a todos los secretarios regionales de esa cartera como autores de fraude al Fisco por recibir sobresueldos.
A sólo cinco meses después, la Sexta Sala del tribunal de alzada santiaguino revocó los procesamientos de los 12 Seremis restantes considerando que el recibir honorarios extras no implicaba dolo por parte de estos funcionarios. En tanto, a mediados del año pasado la Séptima Sala de la misma judicatura anuló el procesamiento que pesaba en contra del ex ministro de OO.PP. Carlos Cruz en el marco de esta causa.
Tras esa resolución, Sapag y su cónyuge también intentaron revertir su situación judicial; sin embargo, el mismo tribunal no acogió su solicitud y confirmó los procesamientos que ahora dejó sin efecto. En este nuevo escenario, ninguno de los 28 encausados por el juez Alejandro Rivera tienen cargos en su contra.
En todo caso, aún quedan vigentes los procesamientos que la ministra Chevesich ha dictado en la arista del Instituto de Economía de la U. de Chile (Idecon), por los cuales procesó a dos funcionarios del MOP, el dueño de la Consultora Diagnos, Francisco Donoso, a Sapag y al ex jefe de Proyectos del Ciade, Eduardo Ponce de León.
Junto a ello, también sigue a firme la arista relacionada con el contrato que suscribió la misma cartera con la consultora Gesys -de propiedad de Raúl Herrera- por $39 millones, por un estudio que no se habría realizado.
Según sostuvo en su resolución, $ 36 millones se le habrían entregado al ex titular del MOP. La magistrada suponía que ese dinero podía ir a la campaña de Lagos, pero no lo comprobó, y por eso procesó a Cruz sólo por «enriquecimiento ilícito». En su resolución, se preocupó de describir cómo funcionarios públicos depositaban dinero en una cuenta de la Fundación Caditel, que recogía aportes para la campaña de Lagos.
Otra de las aristas que sigue vigente es la relativa a la empresa Gate, propiedad de Héctor Peña Veliz, quien fue procesado en abril de 2003 junto a 13 representantes de entidades concesionarias y seis funcionarios de la secretaría de Estado, entre los que se cuenta a Cruz y el ex jefe de Finanzas de Vialidad, Sergio Cortés.
Por último, Chevesich indaga las denuncias de la ex jefa de Comunicaciones del MOP, Irene Rojas, quien afirma que en su cargo tuvo conocimiento acerca que habrían más contratos fraudulentos entre empresas concesionarias y dicha cartera de Estado, por medio de los cuales se defraudó al Fisco.
La última batalla de De la Fuente
En tanto, hoy jueves la Segunda Sala de la Corte Suprema deberá revisar el recurso de amparo interpuesto por el ex director (s) de Planeamiento del MOP y primo de Luisa Durán, Matías De la Fuente Condemarín, el cual ya fue acogido por la Séptima Sala de la Corte de Santiago, la cual además actuó de oficio para dejar sin efecto los encausamientos de su sucesor en el cargo, Roberto Alonso, la ex asesora del MOP Ximena Riff, el ex jefe de Finanzas de Vialidad, Sergio Cortés, y el representante de la consultora M&P Délano, Pablo Délano.
Estas cinco personas están procesadas en virtud de dos contratos por un monto cercano a $92 millones que suscribió la Dirección General de Concesiones con la mencionada consultora, por trabajos que -a juicio de Cehvesich- nunca se realizaron y eran del todo innecesarios.
Dicha instancia tendrá una integración titular con los ministros Alberto Chaigneau, Enrique Cury, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Jorge Medina; este último habitualmente integra la Cuarta Sala del máximo tribunal, pero por petición de los querellantes ocupará la vacante disponible que existe en dicha magistratura.
Fuentes del CDE aclararon que no se pedirá la recusación del ministro Cury en virtud de la jurisprudencia de su autoría que citó el abogado de De la Fuente, Jorge Bofill, en sus alegatos en primera instancia.
En todo caso, los rumores de pasillo que circulan en el palacio de tribunales es que el alto tribunal confirmaría la decisión del tribunal de alzada, pero estampando una declaración que fortalezca la investigación que instruye la jueza Chevesich, quien en caso de ratificarse íntegramente el dictamen de la Séptima Sala se quedaría prácticamente "sin piso" para continuar con el caso.
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