Abogados y dirigentes de organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos estimaron que fallos como el que aplicó la prescripción en un caso de detenidos desaparecidos, podrían ser recurrentes si el próximo integrante de la Suprema, que se integrará a la Sala Penal, sea de un corte más conservador.
Como un balde de agua fría fue recibido por los abogados ligados a la defensa de los derechos humanos el fallo de la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema que aplicó la prescripción en el caso de dos detenidos desaparecidos, bajo el argumento que no se trataría de crímenes de lesa humanidad en razón de que Chile no vivía una guerra interna.
Varios de estos profesionales y dirigentes de organismos del área hicieron una lectura más a fondo de esta señal proveniente del máximo tribunal, a raíz de la propuesta gubernamental de que el ministro Rubén Ballesteros, de la Corte de Apelaciones de Santiago, ocupe la vacante disponible en la misma Sala.
En la actualidad, la Sala Penal sólo tiene cuatro ministros titulares: Jaime Rodríguez Espoz y Enrique Cury -que rechazaron la prescripción-, Nibaldo Segura -que se pronunció a favor-, y Alberto Chaigneau -que estuvo ausente. Y el nuevo supremo ocupará la quinta plaza.
El magistrado es conocido por haber votado siempre a favor de la prescripción y de la amnistía en procesos por violaciones a los derechos humanos, además de haberse opuesto a los distintos desafueros solicitados contra el general (R) Augusto Pinochet, incluso en el caso de las millonarias cuentas corrientes que el ex uniformado mantuvo en el extranjero y que fueron descubiertas a raíz de una investigación del Senado de Estados Unidos.
Tal como lo adelantó el viernes El Mostrador.cl, la Segunda Sala del máximo tribunal, sin su integración habitual y en fallo dividido, acogió los argumentos de la defensa del mayor (R) del Ejército Joaquín Rivera González, en cuanto a que los hechos ocurridos en 1973 están prescritos.
El ex militar había sido condenado previamente por la Corte Apelaciones de Temuco a 10 años y un día, en calidad de autor del delito de homicidio calificado en contra de los jóvenes Ricardo Rioseco Montoya (24 años) y Luis Cotal Alvarez (14 años). Aunque sus cuerpos no han sido encontrados, Rivera González y diversos testimonios dan cuenta de que ambos habrían sido fusilados en Angol.
Intento por cerrar procesos de DD.HH.
El abogado Eduardo Contreras consideró que este pronunciamiento judicial "es escandaloso y daña la imagen del Poder Judicial", al estimar que se basa sobre hechos contradictorios, ya que primero da por probada la muerte de estos dos jóvenes por la sola declaración de los uniformados involucrados, pese a que en la legislación penal chilena ese sólo antecedente no basta para acreditar un deceso.
"La otra prueba que existe en el proceso es el certificado de defunción que, según la propia declaración del comandante del regimiento Húsares de Angol, él mismo le dictó al oficial del Registro Civil de la zona. Es decir, no hay ningún elemento concreto para determinar que estén muertos, ya que sus cuerpos no han sido encontrados hasta la fecha", enfatizó.
Asimismo, afirmó que el Convenio de Ginebra firmado por Chile no excluye a los crímenes de homicidio y las detenciones ilegales. "Ahora, los ministros sostienen que a pesar que legalmente había guerra, no la había. Se olvidan que la propia Corte Suprema de la época siempre sostuvo que había guerra, es decir, los ministros han contradicho a sus propias autoridades", añadió.
Contreras evaluó que esta señal de la justicia puede tratarse de una antesala para la eventual llegada a la Sala Penal de Ballesteros, cuya proposición aún debe ser ratificada por el Senado.
«Él siempre se ha caracterizado por proteger a Pinochet, por lo que su nombramiento en esta instancia puede tratarse de una negociación política entre el gobierno y la oposición para crear un escenario propicio para cerrar los casos de DDHH en el transcurso de este año», afirmó.
Independencia del Poder Judicial
Consultada sobre el tema, la abogada de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) Alejandra Arriaza fue más cauta a la hora de comentar la resolución judicial, aunque coincidió en manifestar su preocupación por la eventual llegada del magistrado a la instancia penal del máximo tribunal.
"Esperamos que no sea un precedente, ya que existe un fallo anterior de la misma Sala en que se aplicó la figura del secuestro permanente y porque ahora no estaban los ministros titulares. En todo caso, la llegada de Ballesteros nos preocupa, porque en todas sus resoluciones él ha estado a favor de la Amnistía y la prescripción", sostuvo.
La profesional añadió que tiene la esperanza que el nombramiento de este nuevo ministro no se trate de una negociación política para cerrar el tema de las violaciones a los derechos humanos. "El Poder Judicial debe ser independiente de los otros Poderes del Estado y espero creer que esto sólo se debió a los votos de los abogados integrantes", destacó.
Nombramiento por méritos y no por consenso
En tanto, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, junto con calificar este fallo de "aberrante, injusto y perverso", también se sumó a la teoría de que esta decisión sería la señal para nombrar a Ballesteros en la Sala Penal.
"Efectivamente, ligamos este fallo a la propuesta del gobierno para nombrar al nuevo supremo, pero nosotros consideramos que no puede ser que el consenso político decida a quien se nombra para el máximo tribunal, sino que debería ser su trayectoria. La trayectoria que ha tenido la Sala Penal en materia de DD.HH. no puede ser degradada a fallos como éste", argumentó.
La dirigente añadió que "conociendo la trayectoria de Ballesteros, podría tratarse de una estrategia política para conformar una Sala Penal que empiece a dar por cerradas nuestras causas, imponiendo una estructura judicial que actuaría en contra de la justicia".
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