Pese a que el ministro que instruye el proceso por violación de derechos humanos relacionados con el enclave, Jorge Zepeda, ha tenido un gran avance en su trabajo, el organismo reactivó la querella que interpuso ante el Juzgado de Letras de Parral por asociación ilícita. La «extraña» solicitud no se alcanzó a incluir en la tabla del pleno del pasado viernes. [Actualizada]
Una "extraña" petición por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó a la oficina administrativa de la Corte Suprema, en la cual el organismo fiscal solicita que el máximo tribunal designe a la titular del Juzgado de Letras de Parral, Ximena Pérez, como juez con dedicación exclusiva para indagar el posible delito de asociación ilícita en que pudieron haber incurrido los ex jerarcas del enclave.
Según altas fuentes judiciales consultadas por El Mostrador.cl, el requerimiento resulta sorpresivo frente a los grandes avances que ha experimentado el proceso que encabeza el ministro en visita Jorge Zepeda, quien fue designado por la máximo tribunal para aclarar los posibles casos de violaciones a los derechos humanos que habrían ocurrido al interior de Villa Baviera, durante el régimen militar.
De hecho, fuentes allegadas a Zepeda informaron que las indagatorias del magistrado respecto al hallazgo de armamento y de archivos de inteligencia, que fueron encontrados durante las últimas semanas en búnkeres bajo tierra al interior de las propiedades agrícolas de la ex Colonia Dignidad, ya se encuentra acotada.
Por ello, el mencionado juez se abocaría dentro de las próximas semanas a determinar la cantidad exacta de víctimas de delitos de lesa humanidad que habrían desaparecido al interior del enclave, así como a la poco probable tarea de encontrar restos humanos que pudieron ser inhumados en forma ilegal al interior de estos predios.
Cabe recordar que Schaefer está encausado en los procesos que tramita Zepeda por las desapariciones de Juan Maino Canales, Elizabteh Rekas y Marcos Elizondo, militantes del MAPU, y de Álvaro Vallejos, del MIR. En las mismas causas también están procesados el doctor Harmut Hopp, Gerhard Mücke y Karl Van Denberg.
Falta de figuración
Sin embargo, el CDE estima que la investigación por asociación ilícita que podría configurarse con todas las operaciones ilegales de Villa Baviera, como lo es el ocultamiento de armas y explosivos, archivos de inteligencia que podrían corresponder a la ex DINA, así como las operaciones financieras que habrían realizado ex jerarcas con el fin de mantener como prófugo de la justicia chilena al otrora jefe del asentamiento Paul Schaefer, deberían ser instruidas por otro magistrado.
En esa medida, ha trascendido que el órgano estatal estaría por no trabajar con el ministro Zepeda, ya que éste habría sido reacio a dar un mayor protagonismo al CDE en su investigación, de la cual ya se hicieron parte durante las últimas semanas.
Fuentes del máximo tribunal explicaron que la petición no pudo ser incluída en la tabla temática del último tribunal pleno, realizado el pasado viernes, ya que la solicitud fue recepcionada recién el jueves, en horas de la tarde. En esa medida, lo más probable es que sea analizada por los integrantes de la Suprema este próximo viernes.
Posible contienda de competencias
Sin embargo, las mismas fuentes advirtieron que este requerimiento del CDE podría tornarse complejo a la hora de determinar las competencias que tendría cada juez en la causa, dado que los análisis sobre las armas y los archivos documentales encontrados ya fueron ordenados por el ministro Zepeda a la Jefatura de Inteligencia Policial de Investigaciones (Jipol).
Cabe recordar que mientras el magistrado Zepeda indaga las posibles violaciones a los derechos humanos en que habrían incurrido miembros de la ex Colonia, lo cual se relaciona directamente con sus vínculos con los disueltos organismos de seguridad del régimen militar, el ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán González, está a cargo de aclarar los delitos de abusos sexuales que se le imputan a Schaefer.
En tanto, la jueza de Letras de Parral, Jimena Pérez, tramita un proceso por el delito de asociación ilícita contra Villa Baviera, a raíz de una querella presentada por el abogado Hernán Fernández, y que incluye los ilícitos de estafa, secuestro, e imposición de trabajos forzados. Sin embargo, fuentes del CDE consideran que su nombramiento como jueza exclusiva para investigar estos delitos no afectarían la competencia de los dos ministros de Corte que ya están investigando a Colonia Dignidad.
En tanto, para sustanciar esta investigación, la jueza solicitó a la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico) de la policía civil que se haga cargo del análisis y las diligencias ordenadas por ella.
Estas indagatorias buscan esclarecer la red de empresas y delitos conexos, respecto a los bienes del enclave alemán, lo que podría derivar también en el descubrimiento de la red de apoyo financiero que permitió Paul Schaefer mantenerse prófugo durante 8 años.
De hecho, funcionarios de la Brico sostuvieron una reservada reunión con la magistrada el pasado viernes, donde se dictaron las nuevas diligencias. Entre ellas estaría indagar a la Organización Comunitaria de Desarrollo Social Perquilauquén, ligada a la ex Colonia Dignidad, tal como lo informó ayer lunes el diario La Nación.
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