Ministro Rubén Ballesteros, que próximamente se incorporará al máximo tribunal, hace frente a los cuestionamientos y aprensiones de organismos ligados a la defensa de los derechos humanos. Descarta tener una postura rígida sobre estos casos, garantiza que fallará cada caso en virtud de los antecedentes y justifica su participación en los Consejos de Guerra.
Pese a las objeciones del Partido Socialista (PS) y organizaciones de derechos humanos, la Sala del Senado ratificó ayer, martes, el nombramiento del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Rubén Ballesteros como nuevo integrante de la Corte Suprema, en reemplazo del jubilado Humberto Espejo.
Su llegada al máximo tribunal del país debe ser una de las más complejas en el último tiempo. Y es que estuvo precedido por un anterior rechazo de la ministra Margarita Herreros -objetada por senadores la Alianza-, y por una serie de cuestionamientos a su nombre que incluso dieron pie a rumores sobre que el Gobierno lo había "bajado".
Las organizaciones ligadas la defensa de derechos humanos ven personificado en Ballesteros el intento por cerrar las causas sobre los abuso cometidos durante el régimen militar, especialmente por los fallos en los que se ha pronunciado a favor de la ley de Amnistía o contrario a los desafueros del general (R) Augusto Pinochet Ugarte.
Sin embargo, también el juez ha sido cuestionado por haber participado en Consejos de Guerra en los primeros años del régimen militar. "No es un deseo ni una postulación particular del juez, es la ley la que le entrega esa carga pública", es la defensa del magistrado.
– ¿Cómo evalúa el largo proceso que significó su designación?
– Considero solamente que cada organismo, cada institución, ha cumplido la tarea que entrega la Constitución. Se hizo la quina, el señor Presidente de la República eligió un nombre, el Senado en definitiva lo aprobó y eso es lo único que queda para mi. Contingencia o vicisitudes que hayan habido entre medio, no me corresponden a mí calificarla.
-¿Cuál es su opinión sobre el mecanismo para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema?
– No estoy habilitado para dar una opinión sobre el mecanismo y cómo funciona. Esa es una materia que deberá resolver la Corte Suprema, el Pleno, si estima que está bien o que no está bien, si hay que hacer ajustes, cosas de ese estilo. No puedo dar una opinión particular sobre eso.
-Usted ha reconocido que no sabía si el nombramiento era tan merecido. ¿A qué se refiere?
-A lo mejor no fue lo que he querido decir. Lo que quise decir antes es que el acceso a los tribunales superiores, cuando uno inicia la carrera de juez, es una cosa del futuro y si se llega o no, no es que se haya perseguido desde el primer día que entré al Poder Judicial.
En el andar en el Poder Judicial se alcanzan distintas metas. Ahí recién en las finales llegará el interés del juez de acceder a una Corte de Apelaciones, y luego , si tiene alguna posibilidad, accederá a la Corte Suprema, pero no es una cuestión que uno se fije como meta a su ingreso al Poder Judicial.
La vocación judicial no es incompatible con esos deseos, pero no creo que ningún juez el día que ingrese al Poder Judicial se le presente la idea que va a terminar como miembro de la Corte Suprema.
– ¿Estima que su participación en Consejos de Guerra durante el régimen militar lo inhabilita para conocer causas de derechos humanos, aunque sea desde el punto de vista ético
– No. Los jueces en su carrera cumplen distintas funciones. Usted se está refiriendo a un asunto en que es la ley, el Código de Justicia Militar, el que establece que un juez deba entrar a presidir un Consejo de Guerra. No es un deseo ni una postulación particular del juez, es la ley la que le entrega esa carga pública. Y los jueces no se inhabilitan por el hecho de estar fallando asuntos, de lo contrario tendríamos jueces para una sola causa. En materia de fallos en los Consejos de Guerra, mis votos y prevenciones están en aquellos expedientes.
Ha pasado mucho tiempo y es una cosa que pertenece al pasado, no tengo ni la más mínima idea de que haya infringido la ley o que no haya sido justos en esas oportunidades. Si tuviera la idea de que es así, no estaría en el Poder Judicial.
– Ha sido criticado por sectores ligados a la defensa de los derechos humanos porque se ha manifestado partidario de aplicar la amnistía, de prescripción o incluso considerar la figura del secuestro permanente como una "ficción jurídica".
– Los jueces tenemos posturas, pero no se trata de que el juez tenga una conducta recta, sin ninguna variación. La conducta de los jueces en sus resoluciones está dada por los antecedentes de los procesos y por los principios de justicia. En eso se basa el quehacer de los jueces. De tal manera que no siento que vaya a tener ningún problema para integrar la Sala de otro tribunal en materia de derechos humanos.
Cada proceso es un mundo distinto, separado del otro, y equidistante. Siempre van a estar las convicciones del juez, (pero) no es que el juez esté supeditado, esté dirigido, esté designado para seguir una determinada línea y rechazar o acoger una cosa u otra. No es una posición contra los derechos humanos… no podría ser.
– Entonces puede dar la garantía de que va a fallar en virtud de los antecedentes de cada proceso.
– Claro, claro.
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