Abogado de la entidad se reunió con el magistrado que indaga el millonario patrimonio de Pinochet, para afinar la declaración pública acerca que la entidad no fue allanada y que no hubo incautación de información financiera y contable. En tanto, el ministro sigue cerrando el círculo en torno a la Casa Militar.
En una reservada gestión, el abogado que representa a la Fundación Cema-Chile, Jorge Aguilera, acordó con el ministro Sergio Muñoz los términos contenidos en una declaración pública que difundió el viernes la entidad, con el objeto de aclarar que en la diligencia llevada a cabo el pasado miércoles por funcionaros de Investigaciones no hubo allanamiento, ni incautación de documentos y archivos informáticos.
Pese a que tras salir del despacho del magistrado, quien indaga el millonario patrimonio que la familia Pinochet Ugarte ocultó por más de dos décadas en el extranjero, el profesional declinó comentar el objetivo del encuentro, trascendió que éste llevó un borrador del comunicado que se dio a conocer, a fin de que el juez le diera el "visto bueno".
En esa medida, el organismo encabezado por la esposa del general (r) Augusto Pinochet, Lucía Hiriart Rodríguez, quiere que la opinión pública esté al tanto de que la institución benéfica ha colaborado voluntariamente con esta investigación judicial, poniendo a disposición del ministro antecedentes financieros y contables que éste les ha requerido.
Incluso, la entrega de información continuaría durante la próxima semana, sin necesidad de que el juez llegue a constituirse en la sede central de Cema-Chile, ubicada en calle Bilbao 1145, Providencia, lugar que fue visitado a mediados de esta semana por miembros de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec).
En todo caso, el jueves pasado el ministro Muñoz tuvo una reunión de coordinación con el jefe nacional de ese cuerpo de Investigaciones, donde se habrían tratado los lineamientos a seguir en el caso de la investigación sobre las operaciones y patrimonio de la Fundación encabezada por Hiriart Rodríguez.
Cerco sobre Casa Militar
En otra arista del proceso, dos militares en servicio activo y uno en retiro fueron interrogados por el magistrado en dependencias del cuartel central de la Policía de Investigaciones, con lo cual el magistrado completó el listado de 12 miembros del Ejército que habrían trabajado estrechamente al lado del ex gobernante de facto.
Se trata de los coroneles Juan Ricardo McLean y Mortimer Jofré, el primero se desempeñó como agregado militar en la embajada de Chile en Washington (EE.UU.), mientras que el segundo fue escolta de Pinochet y durante cinco años estuvo en el círculo íntimo del general (R), encargándose incluso de llevar su agenda de trabajo. Por ello, podría tener conocimiento de algunas operaciones financieras o movimientos monetarios en distintas instituciones.
El último en ser interrogado por Muñoz fue el coronel (R) Eugenio Castillo Cádiz, quien a principios de los años 90 era el jefe del Departamento de Compras del Ejército, mientras que desde 1994 a 1998 se desempeñó como parte de la seguridad del otrora jefe del Ejército.
El magistrado ya había interrgado a los ex jefes de la Casa Militar, generales (R) Guillermo Garín, Jorge Ballerino y Ramón Castro Ivanovic, como también al coronel (R) Gustavo Collao, y al coronel activo, Gabriel Vergara, a quienes les mostró documentos para verificar si reconocían las firmas aparecían en ellos.
Muñoz ha llevado a cabo estas diligencias junto a los detectives de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de Investigaciones, buscando, básicamente, que los interrogados reconozcan una serie de documentos bancarios que fueron suscritos por ellos al momento de las transacciones.
Estos papeles le fueron allegados a Muñoz desde Estados Unidos y representan un elemento vital para el esclarecimiento de las acciones financieras que se llevaron a cabo para triangular dineros, cuyo origen aún no ha podido ser establecido en la investigación.
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