«Desgraciadamente no están dadas las garantías para que Celco funcione»

Para la ex candidata presidencial y actual directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, la sonrisa del gobierno y de los ejecutivos de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), tras la reapertura de la planta Valdivia de la firma forestal, no durará mucho.



Esto, porque pese a la que la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región, dio su visto bueno al nuevo plan de operaciones de la empresa, Chile podría verse obligado a responder con sus socios comerciales por lo que ocurrió en el santuario de la naturaleza "Carlos Anwandter".



Según Larraín, el Gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de solucionar correctamente el tema de Celco, en enero pasado, cuando ordenó en cierre temporal de la planta. Ese momento, a su juicio, era el propicio para someter a la empresa a una nueva Evaluación del Impacto Ambiental y terminar, de una vez por todas, con la incertidumbre de la ciudadanía valdiviana.



Pero, la autoridad optó por seguir el camino más complejo e intrincado, dictando primero una resolución con nuevas restricciones para la empresa el mes de abril y luego otra en junio, que serán refundidas en un nuevo texto este mes. Es decir, una solución a la chilena que será vista por una comisión de eurodiputados que vendrá a Chile en octubre, no con el fin de hacer una inspección "técnica", sino que "política" de la situación, en consideración del acuerdo de libre comercio vigente con la Unión Europea.



Trasgresión a la legislación ambiental



-A su juicio ¿están dadas todas las garantías para que Celco no produzca nuevos daños en el humedal del río Cruces?

– Nosotros creemos que desagraciadamente no están dadas todas las garantías. Nos parece insólito que el Gobierno haya dado la autorización para que la empresa opere en forma experimental, con productos químicos que no están evaluados mientras hacen estudios para el ducto. Además, el Presidente Lagos dio su "aprobación" a esta alternativa, aún antes que sea evaluada ambientalmente.



Creemos que no se puede seguir experimentando con el Santuario y, en ese sentido, nuestra posición es que debió haberse establecido un procedimiento sobre la base de la información científica que entregó la Universidad Austral de Chile. Lo otro nos parece irresponsable, es una salida presionada. El Gobierno trató de darle una solución política, en vista de las elecciones presidencialesÂ…



-¿Por qué?

– Lo que sucedió es que el Gobierno blanqueó una situación irregular de una empresa, que está funcionando con una planta que tiene irregularidades, pues tiene una capacidad mayor de producción, a pesar de que se la restringió para aminorar las emisiones. Sin embargo, aprobó un proyecto para usar otros químicos, sin que éstos hayan sido sometidos a una evaluación de impacto ambiental.



Pero lo que nos parece peor, es que el Gobierno haya intentado engañar a la ciudadanía, haciendo creer que esto había sido una modificación a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de 1998 (que autorizó el proyecto original), no obstante, lo que ellos hicieron fue fundir la resolución 337 de abril y la 461 de junio.



Nos parece que están improvisando y generando procedimientos administrativos nuevos que no están contemplados en la institucionalidad de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Eso es grave, porque hay una excesiva discrecionalidad política y claramente una pésima fama del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).



-Pese a que Celco está funcionando nuevamente, ¿El lobby a nivel internacional no se ha detenido por parte de los organismos medioambientales?

-Efectivamente, la delegación de europarlamentarios va a estar en Chile durante octubre, no sólo para conocer en detalle lo que ocurre en Valdivia, sino que también para casos similares, como la planta de Celco en Itata (Nueva Aldea, Octava Región), donde ha habido irregularidades entre el proyecto evaluado y lo que se construyó, y donde el tratamiento está siendo solucionado con la salida de desechos al mar.



El tema del Parlamento europeo continúa, ellos están ahora en receso, pero la delegación está anunciada para octubre. Lo interesante es que su visita no es de inspección técnica, sino de inspección política, en el sentido del tratado con la Unión Europea incluye capítulos de cooperación ambiental y trasciende la cooperación económica.



"La culpa no es del chancho"



-Pero la preocupación de los eurodiputados no sería sólo ambiental, sino que también económica. Ellos también tienen plantas de celulosa y quizás sientan que los mercados no están operando con reglas similares.

-En el caso de cualquier acuerdo de libre comercio y en la medida que Chile está inserto en el mercado global y ha firmado una serie de protocolos, cualquier relajo o cualquier manipulación de la legislación vigente con el fin de ganar competitividad es considerado como competencia desleal en el mercado internacional.



Por lo tanto, ellos están en su perfecto derecho de estimar que a una empresa, que está externalizando los costos a través de una manipulación de la legislación, se le han dado ventajas para que deje los compromisos ambientales de lado y llegue al mercado en forma más barata. Ahora, eso no sólo con la Unión Europea, sino que con el TLC con los Estados Unidos.



-Esta semana el diputado PPD Guido Girardi esbozó la posibilidad de llevar el caso al Tribunal de la Haya ¿Qué tan real es esta posibilidad?

-Lo importante en el Tribunal de la Haya es que ellos han visto tradicionalmente casos vinculados al tema de los recursos hídricos y de las comunidades locales. Ahora, en general los procedimientos en los tribunales internacionales requiere que tú tengas que agotar los procedimientos jurídicos al interior del país. En el caso Celco, nosotros estamos empezando. Además, no hay que olvidar que está pendiente el juicio del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por daño ambiental, iniciado en base a un informe de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). Una vez que terminen estos trámites, se podrá recurrir a las cortes internacionales, aunque eso no quita que se le provean de antecedentes en estos minutos.



Pero no sólo está el Tribunal de la Haya o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede determinar si hay denegación de justicia, también tenemos el Tratado de Libre Comercio con EEUU, en el que nos comprometimos a cumplir con nuestra legislación ambiental.



-En ese escenario, ¿Es factible que la empresa tenga que cerrar nuevamente?

– Claramente, la empresa a pesar de las promesas de buenas palabras se expone a eso. De hecho, Celco está operando con condiciones de restricción y pese a que se disculpó con los valdivianos, no se hizo cargo de los daños que ya ocasionó. Por lo tanto, ahí hay un tema que está pendiente y la empresa puede tener multas complicadas y se pueden lograr ciertas paralizaciones. Lo otro, es que sin no han logrado establecer una salida para el ducto y evaluarlo ambientalmente, en los plazos que dio la autoridad, tendrán que paralizar.



Es decir, están asumiendo enormes riesgos en la situación de no resolución de los casos pendientes y de no haber reconocido fallas, para liberarse de las multas que tendrían que pagar por el daño que hicieron en el río Cruces. Celco está funcionando al filo de la navaja, permitido esto por la autoridad ambiental. Porque hay que recordar que aquí la culpa no solamente la tiene el chancho, sino que también el que le da de comer.