La magistrada presentó una carta al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para informar sobre su decisión de retirarse de sus funciones. El tribunal de alzada traspasó los antecedentes al máximo tribunal. Sin embargo, la querella de capítulos en su contra seguirá tramitándose.
La Corte Suprema será la instancia que deberá pronunciarse sobre la carta de renuncia que presentó la titular del 5° Juzgado de Menores de Santiago, María Angélica Grimberg, quien se encuentra suspendida de su cargo por cuatro meses, con goce de medio sueldo, y a un paso de ser destituida de sus funciones ante la apertura de un cuaderno de remoción.
La magistrada hizo llegar su misiva al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Escobar Zepeda, quien dio cuenta de la situación ante el pleno de esta magistratura, la que resolvió elevar los antecedentes al máximo tribunal, a fin de que quien encabeza esa instancia, Marcos Libedinsky, resuelva el tema.
Fuentes consultadas por El Mostrador.cl, confirmaron que la decisión se habría adoptado debido a que fue esa alta magistratura quien designó al ministro Carlos Cerda para indagar en las irregularidades administrativas que se le imputaron a Girmberg y, además, resolvió aplicarle drásticas sanciones disciplinarias a raíz de su comportamiento.
En ocasiones anteriores, los máximos representantes de la Suprema han optado por dejar la decisión en manos del ampliado de ministros que integran el tribunal, por lo cual se prevé que esa será la vía mediante la cual se tramitará esta dimisión que, en caso de acogerse, debe ser informada a la Corporación Administrativa del Poder Judicial para su toma de razón.
Según trascendió, el tema de la renuncia habría sido abordado en el pleno que ayer, lunes, sostuvo el máximo tribunal, pero que no se habría adoptado ninguna decisión al respecto.
Dudas sobre la decisión
En todo caso, algunas fuentes judiciales consultadas por El Mostrador.cl fueron precavidas a la hora de afirmar con absoluta certeza que la única opción del alto tribunal sería aceptar la renuncia de Grimberg, ya que existen aprensiones acerca de si procedería o no, en la medida que el cuaderno de remoción que afecta a la funcionaria está en plena tramitación.
Estas opiniones divergentes se originan en razón del Estatuto Administrativo para funcionarios de la Administración Pública, el cual no permite cursar renuncias a este tipo de trabajadores mientras que exista una investigación sumaria pendiente. En esa medida, algunos fueron de la opinión que la jueza no podría retirarse antes que el máximo tribunal se pronuncie sobre el cuaderno de remoción, optando por destituirla antes que dejarla dimitir.
Sin embargo, otros consultados señalaron que la investigación sumaria administrativa que afectó a Grimberg ya concluyó, cuando la Suprema resolvió alejarla de sus funciones por cuatro meses y pronunciarse sobre la posibilidad de expulsarla del Poder Judicial, mientras que el tema del cuaderno de remoción es más bien un procedimiento de carácter ético.
A ese respecto, existe una diferencia sustancial entre que un magistrado cese en sus funciones de forma voluntaria a que sea expulsado por decisión de sus superiores, ya que en el primero de los casos un funcionario judicial podría ser reintegrado al Escalafón Primario luego de transcurridos 5 años desde que se alejó voluntariamente de su cargo, mientras que en el segundo caso no hay ninguna posibilidad de que ello suceda.
No obstante, en el caso de la polémica jueza existen escasas posibilidades que ella pueda postular en cinco años más a un nuevo cargo, debido a que ya tiene 67 años de edad. Esta última circunstancia es la que le permitiría acceder a una jubilación, dada la antigüedad en sus funciones y pese a que no obtendrá una indemnización por años de servicio.
Querella de capítulos
Empero, sea cual sea la decisión de la Suprema, su postura no afectará el trámite de la querella de capítulos presentada por el titular de la Cuarta Fiscalía del tribunal de alzada capitalino, Daniel Calvo, quien acusó a la magistrado del eventual delito de prevaricación en que habría incurrido al dictar 841 fallos durante diciembre de 2003, con el fin de ganar un premio en dinero denominado "bono de gestión".
Esta acción judicial está siendo investigada por la ministra Gloria Ana Chevesich, quien pese a poner de manifiesto una causal de recusación -a raíz de sus vínculos con una mujer que se sintió afectada por el remate de su casa, ordenada por Grimberg- quedó a cargo de la causa debido a que ninguna de las dos partes quiso aceptar su inhabilidad.
De hecho, la propia jueza Grimberg ingresó un escrito firmado de su puño y letra en el cual manifiesta que esa circunstancia no es una causal para que deje el caso, por lo cual a contar de mañana la conocida magistrado a cargo del caso MOP-Gate deberá reiniciar las diligencias en este caso.
En esa línea, las eventuales sanciones penales que podrían afectar a la jueza no se extinguirían con su renuncia al Poder Judicial, ya que en este proceso se le imputa la comisión de delitos que van desde la prevaricación a la estafa al Fisco.
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