Ministro del Interior, tras reunirse con dirigentes del comando del abanderado de RN en la sede gubernamental, informó que el objetivo de la indagatoria es determinar cómo un informe reservado de la policía civil llegó a manos de una periodista, que había sido asesora de Joaquín Lavín. El Presidente Lagos ya se comunicó con el abanderado RN.
El Gobierno ofreció excusas al candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Sebastián Piñera, a raíz de la indagatoria secreta que realizó la Policía de Investigaciones por la compra de terrenos que efectuó en la Décima Región.
Dirigentes del comando del empresario fueron recibidos este mediodía por el ministro del Interior, Francisco Vidal, y por el subsecretario de Investigaciones, Lincoyán Zepeda, en el Palacio de La Moneda, oportunidad en la que hablaron sobre el tema.
Vidal explicó que le había entregado «las disculpas que me parecen pertinentes. Sobre las líneas editoriales, titulares y fotos, bienvenida la libertad de prensa que reconquistamos todos en 1990. Eso queda a juicio de la opinión pública».
Con todo, precisó que el Gobierno no puede inhibirse a realizar investigaciones de esa naturaleza, en virtud de la envergadura de los terrenos involucrados en la compra de Piñera, aunque precisó que esto debe realizarse con prudencia y sigilo.
«La ciudadanía nos cobraría la cuenta si tenemos alteraciones de orden público y el Gobierno no sabe. Más de alguna vez ha ocurrido. Pero ese procedimiento tiene que ser hecho con rigurosidad y prudencia», puntualizó.
Lagos llamó a Piñera
Vidal reveló que incluso el propio Presidente Ricardo Lagos se había comunicado telefónicamente con el representante de oposición, aunque declinó entregar mayores antecedentes sobre el tenor de la conversación y si le había ofrecido excusas.
«No conozco las conversaciones privadas entre el Presidente y Sebastián Piñera, pero obviamente están en el mismo ánimo que yo estoy expresando como ministro del Interior», añadió.
El ministro del Interior confirmó el inicio de un sumario al interior de la policía civil, para esclarecer se filtraron los documentos reservados sobre la compra de terrenos en la isla de Chiloé por parte del empresario.
Sin embargo, descartó una eventual salida de los máximos responsables de la Policía de Investigaciones. «Los cargos de confianza permanecen. Lo que procede es una rectificación de procedimiento para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza», puntualizó.
Zepeda acusa robo
Previamente, el propio Zepeda había confirmado el inicio de una indagatoria, en virtud que el documento "no debió haber sido conocido por la opinión pública. No tenía como finalidad que se conociera por los medios de comunicación".
La autoridad dijo que definitivamente el documento fue "sustraído" desde las oficinas de la policía civil, para luego ser publicado en El Mercurio por la periodista Paula Afani, ex asesora del comando del abanderado UDI Joaquín Lavín y pareja de Rómulo Aitken, ex jefe de Investigaciones acusado de irregularidades.
Zepeda añadió que la elaboración de los papeles filtrados este domingo forma parte de actividades que periódicamente realiza la policía civil para «anticipar eventuales escenarios conflictivos» y recalcó que Investigaciones "no realiza espionaje político ni al señor Sebastián Piñera ni a ninguna personalidad política".
Informe se refería a riesgos con indígenas
Según el reportaje aparecido en El Mercurio, en febrero pasado, la Brigada de Inteligencia Policial de Puerto Montt, perteneciente a la Policía de Investigaciones de Chile, recibió órdenes de indagar las propiedades del actual candidato presidencial Sebastián Piñera en la isla de Chiloé.
Dos meses antes, Piñera había anunciado la adquisición de aproximadamente 140 mil hectáreas de la isla por un valor de seis millones de dólares.
El trabajo en terreno reunió abundante y detallada información sobre los fundos que Piñera compró al empresario forestal estadounidense Jeremiah Henderson y la situación de la población indígena de la zona.
El documento policial especifica las razones que tuvo Henderson para acelerar la venta de las propiedades al candidato presidencial, y reseña los potenciales riesgos de que las comunidades autóctonas reaccionen si es que se sintieran amenazadas de tener que abandonar tierras que consideran propias.
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