Luego que el máximo tribunal desechara que los procesamientos dictados por el magistrado contra la esposa y el hijo del general (r) Augusto Pinochet fueran »abiertamente arbitrarios e ilegales», se espera que el ministro defina la situación de los militares que colaboraron en el ocultamiento de su cuantioso patrimonio en el exterior.
Pese a que la apelación al desafuero del general (R) Augusto Pinochet, concedido en primera instancia por cuatro de los cinco delitos que le imputa el ministro Sergio Muñoz en el caso de las millonarias cuentas que este mantuvo en el extranjero, aún no tiene fecha para ser revisado por la Corte Suprema, en las próximas semanas se espera que el magistrado adopte importantes decisiones en este proceso.
Luego que la Segunda Sala de la Corte Suprema desechara de forma unánime acoger los recursos de amparo presentados para desvirtuar los cargos de cómplices de evasión tributaria por los cuales el juez procesó a la esposa del ex uniformado, Lucía Hiriart Rodríguez, y el cuarto de sus hijos, Marco Antonio Pinochet, el ministro instructor del caso tendrá varias cosas que resolver de manera independiente a la situación procesal del ex jefe de la junta militar.
La primera de ellas será pronunciarse sobre la ampliación de la querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra estos dos familiares directos del otrora senador vitalicio, que a juicio del organismo fiscal tendrían la calidad de coautores de la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas por parte de Pinochet. Por ello, existe la posibilidad que el juez Muñoz decida recalificar su grado de participación en ese ilícito, que según las cifras calculadas por el Fisco alcanzarían casi los 6.000 millones de pesos como defraudación a las arcas del Estado.
En esa presentación, el SII también solicitó al ministro procesar a Lucía Hiriart en calidad de autora de evasión tributaria por un monto superior a los 300 millones de pesos, en razón de la separación de bienes que pactó junto a su cónyuge en el año 1999. En esa medida, el ente fiscal argumenta que desde el año 2000 a la fecha, la esposa del retirado militar nunca ha pagado impuestos por sus ingresos (obtenidos a través de inversiones, arriendo de inmuebles, etc.), por lo cual se le acusa de haber vulnerado el artículo 97, número 5, del Código Tributario, el cual sanciona la omisión de cumplir con este deber.
Casa Militar
Otra de las decisiones pendientes que tiene el juez por delante será definir la situación procesal de los militares activos y en retiro que participaron en las operaciones financieras de Pinochet en el exterior, todos los cuales pertenecieron a su círculo de asesores más cercanos agrupados en la denominada Casa Militar.
Según ha trascendido, las situaciones judiciales más complejas las enfrentarían los generales (r) Guillermo Garín -quien dirigió La Casa Militar hasta 1987- Jorge Ballerino -el sucesor de Garín- y Ramón Castro Ivanovic, el coronel (R) Gustavo Collao, y el coronel activo, Gabriel Vergara.
En esa medida, fuentes allegadas a la causa aseguraron que a estos uniformados también les habría cabido participación en el delito de evasión tributaria que se le imputa al ex gobernante de facto -en calidades de coautores, cómplices o encubridores-, ya que habrían operado las millonarias cuentas en el exterior, participado en triangulaciones de dinero y otro tipo de operaciones con el objeto de ayudar a mantener oculta esta millonaria fortuna, que según la última resolución de Muñoz alcanzaría casi a los 27 millones de dólares.
Al respecto, según las últimos hechos que habría logrado configurar el juez, el general (r) Garín sería quien tuvo el vínculo directo con el ex jefe castrense y quien se habría encargado de difundir sus órdenes a los restantes del círculo más estrecho. Al magistrado aún le faltaría aclarar el grado de participación de los coroneles activos Juan Ricardo McLean, Mortimer Jofré y el coronel (r) Eugenio Castillo Cádiz.
El misterioso John Long
Por otra parte, fuentes de El Mostrador.cl informaron que el ministro Muñoz ya se encontraría próximo a dilucidar la eventual existencia del enigmático John Long, a través de las últimas rondas de careos que ha realizado a los ex secretarios personales de Pinochet.
Según dijeron, en las últimas declaraciones del general (r) Ballerino, éste aseguró que la identidad de John Long fue inventada por Guillermo Garín, con el objeto de abrir una de las tantas cuentas que guardaron fondos de Pinochet en el extranjero.
Empero, en un careo entre ambos, el último uniformado en retiro habría aseverado que ese nombre correspondía a un ex ejecutivo del Riggs Bank y que la instrucción de ingresar dinero bajo esa individualización habría provenido desde la propia entidad bancaria.
Apelación de procesamientos
Otra de las etapas que podría enfrentar este caso es la probable apelación a los procesamientos que afectan a Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet, por parte de sus respectivas defensas, ya que muchos han interpretado que los fallos dictados tanto por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, como la Segunda Sala del máximo tribunal, habrían dejado la puerta abierta para revertir sus encausamientos a través de una vía distinta a la del amparo.
Sin embargo, fuentes del SII consultadas por este medio han desvirtuado ese eventual "triunfo moral", ya que estimaron que lo único que han dicho los tribunales superiores es que así como existen fundamentos para cuestionar la figura de cómplices de evasión tributaria, también existe doctrina judicial para reafirmar ese tipo de participación en un ilícito de acción por omisión.
En tanto, aún queda la revisión por parte del tribunal de alzada capitalino de la apelación al encausamiento del ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken Lavanchy, cuya defensa intentará desvirtuar los cargos que pesan en su contra por medio de la declaración pública que difundió el ex uniformado, por medio de la cual afirma ser el único responsable de la existencia de cuentas en el exterior.
Además, también presentó una carta que le hizo llegar Lucía Hiriart tras renunciar a sus funciones, en la cual le pide disculpas por el daño profesional que le significó trabajar junto a su marido y asegura que su participación fue sólo en virtud de encargos de carácter profesional y que este abogado nunca habría tenido injerencia en las decisiones que se tomaron en el manejo de los fondos en el exterior.
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