El rol del ex detective Marcos Sánchez en la filtración del informe sobre las tierras que compró el candidato presidencial de Renovación Nacional no causó sorpresa en la policía civil. Sin embargo, la periodista que accedió al documento y el propio ex funcionario aseguran haber sido usados como ‘chivos expiatorios’.
En la Policía de Investigaciones no causó sorpresa que el comisario de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Montt (Bricrim) Marcos Sánchez Ponce, fuera sindicado como el único responsable de haber filtrado un informe reservado de inteligencia a la actual pareja de Rómulo Aitken, ex jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado (Brico), Paula Afani.
Sin embargo, este grado de certeza no sólo se debe a la amistad de larga data que ha unido a ambos policías, un vínculo que los ha unido desde fines de la década de 1970, sino también por los cuestionables antecedentes que constan en la hoja de vida de Sánchez Ponce.
Fuentes de El Mostrador.cl explicaron que este detective, quien fue dado de baja por decisión del Consejo de Ética de la Policía de Investigaciones -organismo que concluyó que infringió los artículos sobre secreto y honestidad profesional, lealtad a la misión y honor policial-, ha estado involucrado en a lo menos tres sumarios administrativos realizados en esta institución, por hechos contrarios a la probidad funcionaria.
De hecho, una de estas investigaciones internas habría derivado en su traslado a Puerto Montt, a fines del 2000, cuando fue alejado de la unidad policial de Providencia, a raíz de una indagación a cargo del Departamento de Asuntos Internos de este organismo, en el cual se comprobaron los cargos que se le imputaron. En tanto, se dijo que incluso en otro de estos sumarios administrativos -que está aún abierto- le habría significado estar un período suspendido de sus funciones.
Según los consultados, tales antecedentes demuestran que es necesario aplicar medidas drásticas desde un principio, es decir, que estos hechos darían fe que las faltas graves a la ética y probidad funcionaria, que debe regir el actuar de la policía, deberían ser castigadas sin ningún tipo de contemplaciones.
Confirmación del hecho
En esa medida, las fuentes aseguran que la responsabilidad de Sánchez Ponce está más que acreditada, respecto a que fue él quien entregó el informe elaborado por la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), de Puerto Montt, al ex detective Aitken, es decir, a un tercero ajeno a los fines de ese documento.
Aunque el mencionado reporte sólo contenía información recopilada de fuentes abiertas (información de prensa publicadas en los diarios El Llanquihue y El Mercurio), la gravedad del hecho radica en que tales documentos son exclusivamente de uso interno y administrativo, por lo cual cualquier traspaso a alguien no involucrado en esas tareas significa una trasgresión a la ley.
Es más, la filtración de información de inteligencia incluso está penada por uno de los artículos de la Ley que creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), por lo cual la revelación de estos contenidos significa una grave vulneración a la normativa vigente.
En cuanto a que si la pareja Aitken-Afani habría alojado en la casa de Sánchez en mayo pasado, a raíz de una actividad que tuvo el candidato de la UDI Joaquín Lavín en Puerto Montt, los consultados restaron importancia al detalle, ya que estimaron que no es necesario que ellos hayan pernoctado en el domicilio para que este funcionario les traspasara el documento.
Los descargos de Afani
Afani, que también perteneció al comando del ex edil, rechazó la destitución del funcionario, y la atribuyó sólo a los lazos de amistad que tiene con su pareja. Además, negó tajantemente las versiones que señalaban que ella había alojado en la casa del ex comisario, cuando estuvo de gira de campaña por la Décima Región.
«Es falso, de falsedad absoluta, lo que se ha dicho en relación a que me alojé en la casa de un funcionario de la policía de Investigaciones y, en su momento, de ser necesario, concurriré al Tribunal con los documentos contables que acreditan que es mentira. Porque me quedé en el hotel San Luis, donde estaba alojado Joaquín Lavín», sostiene.
Con respecto a la destitución del ex comisario, Afani afirma que «en un tiempo récord el gobierno tenía que encontrar un responsable y lo hicieron basándose en una relación de amistad entre Rómulo Aitken y Marcos Sánchez. Fue lo primero que encontraron», y agrega que si el criterio en que se basa el gobierno para cortar cabezas es el vínculo de amistad con su pareja, podrían caer muchas otras personas.
Decisión política
A su juicio, el hecho que Sánchez haya sido dado de baja se explica porque éste no contaba con la confianza del Presidente de la República, y no por una falta administrativa. Este argumento es el mismo que utilizó el propio ex comisario.
«Aquí no existe una investigación acotada, solamente una resolución de parte del Presidente de la República que, a partir de una información parcial y errónea que le fue entregada, me exoneró por no contar con su confianza, según el articulado que se utilizó para esta resolución», afirmó el ex detective.
Agregó que que la celeridad con que se encontró un culpable (cuatro días) se debió a la necesidad de tapar el hecho vergonzoso de que una investigación de inteligencia termine siendo un recorte de artículos periodísticos, como se demostró al contrastarla con notas publicadas en otros medios.
«La rapidez de este procedimiento me recuerda al caso de la famosa ‘jueza express’, ya que en tiempo récord hicieron una investigación burda y sin nada concreto. Solamente buscaba un chivo expiatorio para salir de una forma airosa de una vergüenza que le provoca a la institución el haber realizado un informe de inteligencia que es un plagio de notas periodísticas», señaló.
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RN evalúa sólo como un primer paso destitución de detective de Puerto Montt
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