Intervención de la ex Colonia Dignidad genera roces al interior del CDE - El Mostrador

Sábado, 16 de diciembre de 2017 Actualizado a las 02:03

También existe molestia en la

Intervención de la ex Colonia Dignidad genera roces al interior del CDE

por 28 agosto, 2005

Integrantes del organismo señalaron que en la intervención de la Villa Baviera, se pasaron por alto coordinaciones básicas. También se estimó que el amplio despliegue policial no se justificaba, pues el ex enclave no tenía capacidad de resistencia. En el CDE algunos acusan un afán de protagonismo, ante la elección de su próximo presidente. actualizada

Molestia imperó el pasado viernes en círculos judiciales y en el propio Consejo de Defensa del Estado (CDE) por las últimas acciones emprendidas por la presidenta del organismo estatal, Clara Szczaransky, en el marco de la causa por asociación ilícita que se tramita en Parral en contra de la ex Colonia Dignidad, las que fueron interpretadas como un "afán de protagonismo preelectoral".



Varios integrantes de ambos sectores, requeridos por El Mostrador.cl, coincidieron en que, a lo menos, las diligencias encabezadas durante esa jornada por la máxima autoridad de la institución fueron llevadas a cabo sin ninguna coordinación con los otros magistrados que -además de la jueza de Letras de Parral, Ximena Pérez- instruyen procesos judiciales relacionados con el enclave que se instaló en Chile el año 1961.



De hecho, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda, se enteró por la prensa del apersonamiento de la presidenta del CDE, junto al interventor Herman Chadwick, y otros tres abogados del organismo, al interior de Villa Baviera. El magistrado se encuentra con permiso administrativo, pero éste sólo se inició el jueves, un día antes de la intervención.



Cercanos al magistrado recordaron que también lo tomó por sorpresa la solicitud que hizo el CDE, en cuanto a que la Corte Suprema designara a la jueza Pérez en calidad de "dedicación exclusiva" para esclarecer la eventual asociación ilícita que formó la jerarquía del asentamiento germano.



El viernes la presidenta del CDE insistió en que ese pedido no afectará a las otras dos investigaciones relativas a la ex Colonia Dignidad, la de violaciones a los derechos humanos, a cargo de Zepeda, y la de los abusos sexuales contra menores, tramitada por el ministro talquino Hernán González. Sin embargo, fuentes judiciales insistieron en que en algún momento estos procesos se cruzarán, ya que involucran a las mismas personas y existen diligencias útiles para unas y otras.



Descoordinación



Consultado sobre las consecuencias que tiene la designación de un interventor para la administración de Colonia Dignidad, el abogado del Consejo Daniel Martorell, declinó referirse al tema, por no estar al tanto de los acontecimientos.



Este profesional tiene a su cargo la representación del organismo en casos de detenidos desaparecidos, la extradición de los custodios de Paul Schaefer desde Argentina, y un proceso por contratos simulados que se desarrolló en el 14° Juzgado del Crimen de Santiago. Además fue quien presentó la querella en Parral por asociación ilícita, aunque esta acción ahora la tramita un representante del CDE en Talca.



Aunque Martorell se negó a hacer mayores comentarios sobre el tema, fuentes cercanas al abogado afirmaron que éste se vio prácticamente ignorado por su superiora, ya que no estaba avisado de las decisiones que ella tomaría respecto al enclave.



Otras fuentes de este organismo fiscal, que por razones atendibles prefirieron mantener su nombre en reserva, cuestionaron el amplio operativo policial, con el apoyo incluso de un helicóptero y tres carros antimotines, con el que Szczaransky y la jueza Pérez ingresaron la mañana del viernes al predio del enclave.



"La Colonia Dignidad de la actualidad no tiene nada que ver con la que existía hace tres años. Ya Paul Schaefer dejó de tener la influencia que tuvo, existe la certeza que no quedan más armas enterradas, entonces, tanto despliegue no se justifica", opinaron.



Asimismo, estimaron que la designación de un interventor-administrador resulta también bastante tardía, ya que "la jerarquía que gobernó durante casi cuatro décadas el asentamiento germano está hace varios años desarticulada y, en esa medida, la protección de los derechos humanos de los colonos debió haberse garantizado antes".



En esa medida, atribuyeron el accionar de Szczaransky a los eventuales fines que tendría para reperfilarse ante la opinión pública, con miras a la próxima elección que tiene que hacer en noviembre el Presidente de la República de la persona que ocupará este cargo, por los próximos tres años.



Pese a los intentos de El Mostrador.cl por tomar contacto con la titular del CDE, en el organismo se informó que Szczaransky no se iba a referir al tema.



Inexperiencia y recelo con Investigaciones



Por otra parte, fuentes policiales reconocieron que si bien la jueza de Parral ha demostrado una preocupación especial por esta causa, también consideran que ha demostrado inexperiencia para abordar un caso complejo como la asociación ilícita que presumiblemente operó al interior del predio, olvidando en cierta medida el trabajo de antigua data que viene realizando la institución en el enclave alemán.



Al respecto, en los funcionarios de Investigaciones todavía está muy fresco el recuerdo del trabajo conjunto que realizaron con el juez Jorge Norambuena, quien ordenó por primera vez la detención de Paul Shaeffer en 1996, ya que les permitió desarrollar con mayor autonomía las diligencias relacionadas con la ex colonia.



Por ejemplo, se cuestionó que la magistrada encargara al OS-7 de Carabineros de Linares el análisis y clasificación de las primeras carpetas de información de inteligencia incautadas en Villa Baviera a comienzos de esta década, afirmando que el equipo especialista en narcóticos de Investigaciones no tendría mucha idoneidad en peritajes documentales.



Asimismo, algunos de los policías consultados comentaron que luego de explicársele el procedimiento que se necesitaba para el análisis financiero de las empresas del asentamiento, en cuanto a que el tribunal debía solicitar la información a los organismos pertinentes y luego traspasarlos a la policía civil, la jueza se negó a concretar lo segundo debido a una falta de confianza con esta institución.



"Ella se ha ajustado mejor al compás que quiere llevar el CDE en estos procesos, dándole espacio para que tenga un mayor protagonismo y cuente con un alto grado de acercamiento al proceso", comentaron fuentes de la policía civil.





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