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Cuando se resuelva apelación a

CDE pediría ministro en visita por caso tráfico de armas ante Corte Marcial

por 2 septiembre, 2005

Tras las revelaciones de uno de los condenados, quien involucró a altos uniformados de la época y precisó el presunto origen de los pertrechos, el organismo fiscal tendría posibilidades de pedir un juez especial. En tanto, subsecretario de Guerra al momento del envío ilegal, Marcos Sánchez, reiteró que la cartera sólo aprobó la venta a Sri Lanka.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) estudia solicitar la designación de un ministro en visita ante la Corte Marcial, para que investigue el caso del tráfico de armas a Croacia, descubierto en 1991, luego que esa magistratura se pronuncie sobre las apelaciones a las condenas de primera instancia que se dictaron en el proceso.



La razón para hacer esta solicitud es clara, ya que las sanciones decretadas por el juez militar Miguel Trincado sólo afectaron a oficiales de menor rango, lo cual provocó duros cuestionamientos por parte de los querellantes, el CDE y el propio Ministerio Público Militar.



El magistrado castrense condenó al sargento (R) Ramón Pérez Orellana a 541 días de presidio remitido, mientras que al oficial de la FACH Patricio Pérez Villagrán y al capitán (R) de Ejército Pedro Araya Hermosilla a penas de 5 años y un día, respectivamente, al responsabilizarlos por el delito de tráfico de pertrechos a Croacia, en momentos que existía un embargo decretado por Naciones Unidas que impedía comercializar armamento en la ex Yugoslavia.



Ambas instituciones apelaron al fallo durante la semana pasada, pidiendo la revocación de las condenas y la reapertura de la investigación. En una institución jerarquizada como el Ejército "no se puede sancionar al último soldado si la Parada Militar sale mal. Son otros los responsables", comentó un ex uniformado al ser consultado por el tema.



Paso previo



Sin embargo, en esta etapa procesal sería imposible solicitar la designación de un ministro en visita, el cual debe corresponder a uno de los integrantes titulares de la Corte Marcial. Por ello, es imprescindible que primero se resuelvan las correspondientes apelaciones para que la magistratura pueda revisar una solicitud en ese sentido, explicó una fuente allegada al caso.



En esa postura se encuentra el CDE, ya que para el organismo sería necesario que esta causa la instruyera un magistrado de un rango superior, en la medida que los nuevos antecedentes que han surgido a raíz de las declaraciones del capitán (R) Pedro Araya, quien acusó a oficiales de alto rango de ser los autores intelectuales de estos delitos.



"Al igual que en el caso Huber -coronel de Ejército fallecido en extrañas circunstancias, hecho que se relacionaría con este proceso-, es necesario que un juez de mayor jerarquía y con posibilidades de tener mayor tiempo para dedicarse al proceso, sea el que instruya la investigación, ya que tendrá que enfrentarse a militares de alto rango", se precisó al respecto.



En tanto, fuentes castrenses afirmaron que el Ministerio Público Militar no tiene dentro de sus prioridades solicitar un ministro en visita en el caso. Más aún si ya se decidió cambiar al fiscal general del Ministerio Público Militar ya que su titular coronel (j) Sergio Cea fue llamado a retiro, después de estar 24 años en la institución.



Otra posibilidad, es que la Corte Marcial al momento de la vista de las apelaciones pueda designar de oficio -sin petición de las partes- a uno de sus miembros para hacerse cargo de la causa. No obstante, fuentes de ese tribunal consultadas por este medio ven que esa vía es "muy poco probable", dada la complejidad y lo delicado del tema.



Fiscal subrogante



Por otra parte, el coronel (J) Waldo Martínez fue nombrado en calidad de subrogante del representante del Ministerio Público Militar y ya la semana pasada actuó como tal, cuando solicitó la revocación de las sentencias de la exportación ilegal de armas a Croacia. En todo caso, el uniformado puede volver a ser removido de esta función luego que se conozcan los ascensos en el escalafón de la justicia militar y, eventualmente, se nombre a otro fiscal.



La situación del tráfico ilegal de armas tuvo un trascendental giro luego que el capitán (R) Araya declarara ante Investigaciones -en el marco del proceso por la muerte del coronel Huber- que existió una reunión clave en el Club Militar el 22 de noviembre de 1991, donde asistieron generales de la guarnición de Santiago.



En dicha ocasión se habría leído la autorización del Ministerio de Defensa para la venta de pertrechos y se habrían escogido las guarniciones del Ejército desde donde se sacaría el armamento que luego se comercializaría de forma irregular, todo lo cual fue anotado por el mayor de la época, Carlos Sepúlveda.



Araya reveló los lugares desde donde se obtuvieron las armas: los fusiles Immbel se sacaron de Los Libertadores, los misiles Mamba de la escuela de Infantería y la munición de Batuco. El ex oficial, además acusó que los generales (R) Carlos Krumm y Fernando Torres lo presionaron para que no entregara información, ni detalles de la operación.



Ante las revelaciones, ayer la Corte de Apelaciones de San Miguel, en un pleno extraordinario, resolvió designar al juez Claudio Pavez como ministro en visita.



El CDE ha reiterado que existe una conexión entre el tráfico de armas y la misteriosamente de Huber, cuyo cadáver apareció el 20 de febrero de 1992 cerca del puente El Toyo, ya que cuando ésta se produjo el hecho estaba siendo investigado por Famae y la Dirección de Logística del Ejército.



Precisan autorización de Defensa



Cuando se hizo la exportación de 11 toneladas de pertrechos a Croacia, Marcos Sánchez era subsecretario de Guerra y, en esa calidad, fue informado de la transacción, pero no que su destino sería la ex Yugoslavia sino que Sri Lanka.



"El Ministerio de Defensa nunca autorizó una exportación de armas a Croacia, pero sí a Sri Lanka", enfatizó Sánchez, al precisar que dicha cartera "autorizó, bajo todos los conductos regulares a seguir, una importación de armas a Sri Lanka a petición de Famae. Cuando cuando nos enteramos que estas armas habían aparecido en Croacia, el propio ministro de la época, Patricio Rojas, puso los antecedentes a la justicia".



Sánchez declaró por oficio ante el ex ministro Hernán Correa de la Cerda y, en agosto de 2002, frente a la Fiscalía Militar que se hizo cargo del caso. Sin embargo, no quiso opinar sobre las primeras condenas dictadas en el caso y, sobre los dichos del capitán Araya, sólo señaló que desconocía la reunión de los altos uniformados.



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ADEMÁS:



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