Raúl Vergara, actual asesor del Instituto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex jefe de gabinete del general Alberto Bachelet, repasa desde Costa Rica la actual relación de las Fuerzas Armadas y los derechos humanos, y se refiere al indulto otorgado a uno de los autores del crimen de Tucapel Jiménez.
La semana pasada el capitán (R) de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Raúl Vergara visitó Chile para participar, en su calidad de asesor en Defensa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), en el seminario "Fuerzas Armadas y derechos humanos", que organizó la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic).
Hoy ya está de vuelta en su centro de operaciones, Costa Rica, desde donde se refiere, justamente, al estado actual del respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, al escenario que en esta materia recibiría la candidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, en caso de ser electa, y al indulto que el Presidente Lagos otorgó a un ex militar vinculado directamente a la muerte de Tucapel Jiménez.
Mientras se encontraba activo en la institución, Vergara se formó como piloto de combate, y paralelamente a sus actividades militares, logró graduarse de ingeniero comercial en la Universidad de Chile en 1972, profesión que le permitió llegar a ser jefe de gabinete y asesor económico del general Alberto Bachelet, en la Secretaría Nacional de Distribución, cargo que ejercía al momento del golpe de Estado de 1973.
Debido a su cercanía al gobierno de Salvador Allende, fue condenado a muerte por un Consejo de Guerra convocado por la FACH. Sin embargo, después de diez días su pena fue conmutada por la Junta Militar a 30 años y 1 día de presido militar. Sólo alcanzó a cumplir cinco años de prisión, período tras el cual fue exiliado a Inglaterra.
De haber continuado en la FACH, este ex uniformado asegura que su futuro hubiese sido promisorio: "Todo indicaba que podría haber alcanzado los más altos cargos de la institución. ¡La historia dijo otra cosa y en nada me arrepiento, por el contrario, de las opciones que en su momento tomé!", entre las que se encuentra haber servido a la Fuerza Aérea sandinista como piloto de combate.
El escenario que espera a Bachelet
-¿Cuál es la evaluación que hace, como asesor de la comisión, respecto de la relación que hoy tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros con los derechos humanos?
– La percepción que tenemos de la evolución del respeto de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas de Chile y en Carabineros es en general muy positiva, distinguiendo en esta afirmación tres elementos.
El primero dice relación a la plena y normal inserción de las instituciones en el quehacer nacional. La última reforma constitucional que devuelve el Presidente de la República la potestad de remover a los Comandantes en Jefe y al Director General de Carabineros respectivamente -si bien es un tema político ajeno a la voluntad castrense- ha sellado la normalización aludida. Y el apego irrestricto al orden constitucional en un estado de derecho es garantía de respeto a los derechos humanos por parte de las instituciones castrenses.
Un segundo aspecto tiene que ver con los temas no resueltos del pasado, en particular con la disposición y entrega de información fidedigna sobre casos de detenidos desaparecidos. Si bien ha habido esfuerzos en ese sentido, aún persiste la sensación que podría hacerse más. Sin duda el paso del tiempo y la paulatina salida de escena de los protagonistas dificultarán los posibles avances en este terreno.
Por otra parte el reconocimiento de las responsabilidades institucionales en esas graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos por boca del Comandante en Jefe del Ejército, que se agregaron al "nunca más" previamente proclamado, constituyen hitos relevantes en cuanto a la superación del pasado por parte de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército, la más emblemática institución militar.
Finalmente es necesario recordar que el rol policial de Carabineros y la aplicación muchas veces de procedimientos represivos los expone cotidianamente a "situaciones de riesgo" en cuanto a la posible violación de derechos humanos. Ello impide dar una "certificación" a priori sin una rigurosa y permanente cautela de sus actuaciones.
-¿El escenario que describe es similar al que se experimenta en el resto del Cono Sur, Centroamérica y México?
– Después de la caída del Muro de Berlín, que sella simbólicamente el fin de la "guerra fría", se asienta en América Latina un proceso de recomposición democrática. Los conflictos violentos -a excepción de Colombia- son resueltos en mesas de negociaciones y las Fuerzas Armadas se repliegan del escenario político a sus funciones tradicionales. La consolidación de los Estados de Derecho demarca constitucionalmente los espacios legales de las Fuerzas Armadas, concentrándose cada vez más en sus funciones definidas por la ley.
Esa es la mejor y única garantía del respeto a los derechos humanos, toda vez que la doctrina define como los únicos potenciales violadores de ellos a los agentes del estado. De esta forma la relación Fuerzas Armadas-derechos humanos va asumiendo un carácter no contradictorio ni mucho menos de conflictividad.
Es más, los temas atingentes a tales derechos en la función militar comienzan a ser asumidos e integrados en los procesos educativos militares en los distintos niveles. Al respecto la experiencia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos es muy relevante, al constituirse para muchas Fuerzas Armadas de la región en el referente académico para la formación de su personal.
Ello nos permite afirmar que hay un progreso notorio y relevante en cuanto no sólo al respeto sino que a la integración de los valores humanos en la doctrina militar. Hay todavía camino que recorrer en este sentido y es posible establecer matices entre países, pero la tendencia en general es positiva.
-¿El escenario anterior, tanto a nivel nacional, como continental, permite una mayor tranquilidad a los futuros Presidentes del país en materia de derechos humanos? Estoy pensando en un eventual gobierno de Michelle Bachelet.
– Hasta donde es posible predecir, el desarrollo democrático de los países latinoamericanos tienen en general el camino despejado en cuanto a amenazas militares. Otros son los peligros que se ciernen sobre algunos países de la región que podrían atentar contra su estabilidad, como son la pobreza extrema, la desigualdad social, la corrupción y las amenazas asociadas a ello, como el narcotráfico y el crimen organizado.
En Chile la tendencia democrática es clara, máxime cuando los gobiernos de la Concertación han impreso a su gestión la estabilidad política y el progreso económico. Las potenciales nubes del horizonte están más asociadas a los déficit sociales que a problemas de gobernabilidad producto de interferencias militares.
Ciertamente en este campo el futuro gobierno de Michelle Bachelet tiene una ventaja. A las condiciones imperantes en el país ella agrega su particular relación de cercanía con las Fuerzas Armadas, producto principalmente de su paso por el Ministerio de Defensa y su exitosa gestión en él.
-¿Qué le falta a nuestro país para ser más asegurar el respeto de los derechos fundamentales de toda índole?
– Los derechos humanos no sólo se refieren a los derechos fundamentales, como la vida, la integridad física, la libertad; sino también hoy por hoy se refieren a derechos que se han evidenciados y consolidados con el desarrollo de la humanidad. Tal es el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver más que con la vida misma, con su calidad.
Y en este campo hay graves déficit que el país debe enfrentar. El derecho a un empleo digno, por ejemplo, el derecho a una educación de calidad, los derechos de los pueblos originarios, por nombrar algunos. La dignidad humana requiere muchísimo más que el simple respeto a la vida.
Indultos a militares
¿Cuál es su posición sobre los indultos a ex militares involucrados en violaciones a los derechos humanos? El primer caso se produjo sólo días antes de su llegada al país, cuando se le otorgó el beneficio al suboficial Manuel Contreras Donaire.
-Si, cuando llegué a Santiago la madrugada del jueves 25 a participar en el Seminario del Fasic, me enteré del indulto a uno de los asesinos de Tucapel Jiménez y el revuelo que éste causó, principalmente en la esfera de los organismos defensores de los derechos humanos. Preocupación centrada en el temor que este indulto marcara una nueva tendencia del ejecutivo.
Siendo el indulto un mecanismo previsto y normado en la ley, el conflicto no es legal sino moral. Sin conocerse los móviles que motivaron tal decisión, resulta difícil aceptar que un responsable de tan alevoso crimen pueda ser beneficiado con esa medida, máxime cuando -según entiendo- la persona ni ha colaborado con la justicia ni ha dado muestras de arrepentimiento por su acción.
Siendo la magnimidad un mérito de la autoridad, ésta debiera tener rigurosos criterios de aplicación.
-Este indulto fue rechazado por organizaciones de DDHH, pero en sectores de derecha se cuestionan sobre cuál es la diferencia con todos los que se han brindado a personas vinculadas a la izquierda ¿Qué fórmula se podría utilizar para sanar estas heridas?
– No son comparables los delitos cometidos por agentes del Estado, -y peor si lo hacen con la anuencia de sus autoridades- y los delitos cometidos por los particulares, aunque ambos tengan motivaciones políticas.
La jurisprudencia universal establece que violan los derechos humanos los agentes del Estado que, abusando de su posición de poder, conculcan los derechos fundamentales de las personas a quienes deben proteger. Los particulares cometen simples delitos y como tales los trata la ley.
Atendiendo la gravedad que tienen las violaciones de los derechos humanos, estos no son ni amnistiables ni menos indultables, cuestión claramente establecida en los mecanismos internacionales de protección de tales derechos, de allí que resulta improcedente equiparar los indultos por delitos cometidos por militantes de izquierda o derecha y las violaciones cometidas por agentes del estado, condición ésta de los militares y policías, entre otros.
La inestabilidad colombiana
-Usted perteneció a la Organización de Militares Democráticos de América Latina y el Caribe (Omidelac). ¿Sigue vigente esta organización y qué rol jugó el actual Presidente venezolano en ella?
– No. Omidelac se desmovilizó -por decirlo de alguna manera- al comienzo de los 90, coincidiendo con la consolidación de las democracias en la región. Sus postulados, sin embargo, como son la sujeción de las Fuerzas Armadas a la voluntad ciudadanas; la integración y cooperación regional y en ese escenario la integración militar; la solución pacífica de las controversias y la autonomía de la región en asuntos de seguridad -entre otros- continúan vigentes.
En Omidelac participaron destacados militares venezolanos -entre otros el distinguido general Helio García Monasterio- y el carácter progresistas de sus Fuerzas Armadas permitió que la organización tuviera una interlocución directa con ellas. Entonces el comandante Chávez conoció de la iniciativa, siendo él un joven oficial.
A comienzos de los años los años 90, si mal no recuerdo el 94, ya en retiro, el comandante Chávez tomó contacto con algunos de nosotros que fuimos articuladores de la organización y desde entonces hemos mantenido un contacto fluido con él. En el particular campo de visión que tuvo Omidelac en cuanto al rol militar, sin dudas el comandante Chávez es un gran exponente de esos principios.
-A su juicio, ¿cuál es el país más inestable desde el punto de vista de sus Fuerzas Armadas y los derechos humanos?
– El irresuelto conflicto colombiano y la ingerencia externa en su desarrollo -expresada en el Plan Colombia- constituye la situación más crítica en la región en cuanto a los derechos humanos.
La "privatización" de las acciones represivas deja fuera del marco regulatorio nacional e internacional -principalmente los Convenios de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario- a los participantes en operaciones militares de graves implicancias para los derechos humanos. También cierta modalidad de desmovilizaciones que dejan impunes graves violaciones a los derechos humanos por parte de los "paramilitares" constituyen factores de preocupación para los organismos encargados de cautelar tales derechos.
-De acuerdo a su experiencia, ¿qué le recomendaría a los actuales miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Que tengan su posición política, que la hagan explícita?
– Eran otros tiempos, otros desafíos y responsabilidades las que nos tocó vivir a mi generación. Hoy los oficiales deben concentrarse en sus responsabilidades profesionales y en su formación. Deben abrirse -sin desconfianzas- al mundo que los rodea e integrarse a él. Ya no es tiempo de ghettos ni sociedades herméticas, sino de una estrecha relación con la sociedad, abiertos a las diferencias y a la diversidad. Y en lo interno, considerar las nuevas dimensiones de la cultura militar, en las que el respeto a la dignidad del otro -con independencia de rangos- reemplaza a las conductas autoritarias, los abusos de las jerarquías y la obediencia irresponsable.
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