La Corte Suprema aún no analiza a ‘fondo’ la solicitud presentada por el CDE. Sin embargo, el pedido ya generó reparos en algunos de los integrantes del máximo tribunal, que se inclinarían por designar a un magistrado con mayor experiencia. De acuerdo a ese perfil, el mejor evaluado sería el ministro Jorge Zepeda.
Sólo el viernes llegaron a la Corte Suprema los dos tomos del expediente, además de algunos cuadernos separados, que constituyen la investigación por asociación ilícita que se tramita desde 1999 en el Juzgado de Letras de Parral, Séptima Región, contra la ex Colonia Dignidad.
Estos antecedentes serán determinantes para que el Pleno del máximo tribunal resuelva si acoge la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de asignarle dedicación exclusiva para esta causa a la titular del mencionado tribunal, Ximena Pérez.
A mediados de esta semana, el ampliado de ministros de la Suprema sólo revisó brevemente la petición del organismo fiscal, quien actúa como una de las partes querellantes en este proceso.
Según trascendió en fuentes judiciales, varios de los integrantes del ampliado de ministros manifestaron reparos en relación a la cantidad de aristas que involucra la causa que tramita Pérez, razón por la que solicitaron traer dicho expediente a la vista.
Lo más probable es que el viernes la Corte Suprema emita un pronunciamiento sobre esta materia, aunque todo depende de lo que ocurra con los plenos extraordinario del martes, donde jurará el juez Rubén Ballesteros, y el ordinario del miércoles, en el que se analizará el desafuero del general (R) Augusto Pinochet, por la Operación Cóndor.
Opiniones preliminares
Si bien la revisión de los antecedentes será vital para adoptar la decisión que se tiene que tomar al respecto, algunos integrantes del máximo tribunal consultados por El Mostrador.cl, opinaron que existen muy pocas posibilidades de que la petición del CDE sea acogida, ya que incluso razones de economía procesal harían más pertinente evitar un cruce de competencias.
Junto a ello, el perfil de cada uno de los magistrados es un antecedente que será medido a la hora de votar el acuerdo, dada la importancia de que este caso deje de ser uno de los puntos negros de la historia judicial chilena, sostuvo uno de los requeridos.
Bajo ese criterio, la jueza Pérez sería la más débil, dado que es una funcionaria con muy poco tiempo de trayectoria y aún no cumple un año en el cargo de juez titular.
Otra de las opciones más cercanas es el ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán González, quien ya cerró el sumario del caso por abusos sexuales en contra del ex jerarca de Villa Baviera, Paul Schaefer, quien ahora está a la espera de la dictación de las condenas.
Un tercer candidato es el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda, quien tiene a su cargo las indagaciones sobre casos de crímenes de lesa humanidad vinculados con las actividades de los ex jerarcas del asentamiento, quien ha demostrado una gran eficacia en descubrir los secretos enterrados en los predios de la Colonia.
De acuerdo a las fuentes consultadas por El Mostrador.cl, este magistrado sería el que tendría las mejores posibilidades para «cerrar el círculo» de los casos delictuales ligados al enclave alemán, el cual está siendo administrado por el interventor Herman Chadwick, mediante una decisión adoptada por la magistrado de Parral.
A Zepeda se le reconoce su gran rapidez para dilucidar las mayores inquietudes que siempre generó la ex Colonia Dignidad, como la existencia de búnkeres, armas, explosivos, actividades de espionaje e inteligencia, y complicidad en las violaciones de los derechos humanos. Todos esos ‘mitos’, que por muchos años rodearon a la sociedad benefactora de colones alemanes, pasaron a ser certezas mediante el trabajo de este juez.
Preocupación
Por otra parte existe preocupación por lo sensible de la información que maneja el juez, cuyas indagaciones superan los 15 tomos y cuenta con un gran número de cuadernos reservados, ya que las fichas de antecedentes referidas a algo más de 39.400 personas de todos los sectores políticos e institucionales, que abarcaría tanto datos de su actividad pública como privada.
Hasta ahora, Zepeda ha cumplido con la difícil tarea de mantener estos antecedentes bajo la más absoluta reserva, evitando que puedan ser usados con fines ajenos a la labor judicial. En ese sentido, también se valora la independencia que ha demostrado su actuación, hasta ahora.
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