La propuesta legal permite que los sentenciados por crímenes de lesa humanidad obtengan su libertad una vez que cumplan diez años de presidio efectivo, luego que renuncien al uso de la violencia y expresen un rechazo formal a ésta. La iniciativa cuenta con el apoyo de legisladores de la Concertación y de la Alianza.
Un grupo de senadores de diferentes colectividades presentó la tarde de este martes un proyecto de ley que concede beneficios penales a los condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, en su mayoría ex uniformados.
La propuesta legal permite que los sentenciados por crímenes de lesa humanidad obtengan su libertad una vez que cumplan diez años de presidio efectivo, que renuncien al ejercicio de la violencia y que expresen su rechazo formal a ésta.
Según explicó el senador Hernán Larraín (UDI), uno de los autores de la iniciativa, quedarán excluidos de este beneficio los ex uniformados que hayan ocupado cargos directivos en los organismos de seguridad del régimen militar. "Ello sería injusto, porque tuvieron responsabilidades directivas, demasiado graves que no permiten que accedan a este beneficio", sostuvo el legislador.
La propuesta -que también es impulsada por los senadores Jorge Arancibia (UD), Baldo Prokurica (RN), Enrique Silva Cimma (PRSD) y Edgardo Boenninger- también establece medidas para los condenados que, siendo mayores de 70 años, sufran de alguna dolencia de carácter terminal. En estos casos, sólo se les exigirá la mitad del plazo.
El proyecto llega en momentos en que el Gobierno ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos por haber entregado un indulto -vía conmutación de la pena- al suboficial (R) del Ejército Manuel Contreras Donaire, uno de los autores materiales del crimen del sindicalista Tucapel Jiménez.
Fue precisamente la decisión del Presidente Ricardo Lagos la que motivó, también este martes, a un grupo de diputados del oficialismo a presentar un proyecto que busca limitar la facultad del gobernante para entregar indultos, excluyendo expresamente los que se refieren a los casos por violaciones a los derechos humanos.
Paz social
Larraín estimó que "la paz social y la reconciliación de Chile requieren de gestos concretos", al tiempo que aseguró que uno de ellos se dieron con las iniciativas que favorecieron a presos condenados por actos terroristas con móviles políticos. "Hoy lo estamos haciendo por personas que, vinculados a organismos de seguridad, cometieron actos repudiables durante años en el gobierno militar", añadió.
Con todo, el legislador gremialista aseguró que la entrega de este beneficio, en ningún caso, supone olvidar "el dolor y el rechazo" que merecen las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
"Es un gesto de paz y reconciliación, permitir que las personas condenadas por la justicia que hayan cumplido diez años de presidio efectivo y que renuncien al ejercicio de la violencia, y lo rechacen formalmente, puedan acceder a salir en libertad. Lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer cuántas veces sea necesario para esa finalidad", puntualizó.
El ex presidente del Senado -uno de los impulsores del beneficio a los ex presos políticos- estimó que se trata de un paso "muy significativo" al restar que la propuesta cuenta con el apoyo de legisladores de diferentes formaciones, que cruzan todo el espectro político del país. "La grandeza de este gesto requiere de la cooperación de todos los sectores", aseguró.
Respaldo oficialista
En tanto, el senador Enrique Silva Cimma aseguró que se trata del "primer acto claro" que se da en el país para avanzar decididamente en la reconciliación nacional, asegurando que garantizando el respeto a lo que ocurrió en el pasado en "un acto de generosidad ahora nos abrimos hacia el futuro".
Consultado sobre los cuestionamientos de los que la propuesta ha sido objeto por parte de legisladores de la Concertación, el legislador radical aseveró que si bien es probable que dichas críticas hayan existido en la coalición oficialista varios senadores han manifestado su apoyo.
Silva Cimma también desestimó que se trate de una ley de punto final, por lo que desestimó que se afecte la institucionalidad del país. "Esto no es una ley de indultos, es una ley que está estableciendo otro tipo de concesiones jurídicas que son mucho más definidas y que no se presentan para ningún mal entendido", puntualizó.
Gobierno no ha fijado postura
Previo a la presentación de la iniciativa legal, el ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, aseguró que La Moneda "la va a observar y en su momento dará su opinión", descartando que se haya hecho un análisis sobre ella.
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