El Senado analizará hoy la moción del Presidente Ricardo Lagos, de designar como nuevo ministro de la Corte Suprema al magistrado Rubén Ballesteros. Sin embargo, el abogado de derechos humanos Juan Subercaseaux, señala que su nombramiento sería prácticamente un atentado a los derechos humanos y cree que es producto de un acuerdo político entre Lagos y Longueira.
La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado analizará hoy la moción del Presidente Ricardo Lagos de designar como nuevo ministro de la Corte Suprema al magistrado de la Corte de Apelaciones Rubén Ballesteros, luego que ayer el Ejecutivo lo propusiera formalmente como el reemplazante del retirado Humberto Espejo.
El Mandatario se vio obligado a enviar por segunda vez un nombre para ocupar la vacante, luego que su propuesta de colocar en el cargo a la magistrada Margarita Herreros fuera rechazada de plano por la oposición. En esta oportunidad, Lagos seleccionó a este juez de una quina elaborada por la Corte Suprema y que también integraban los ministros Lenin Lillo -de Temuco, por el derecho que le otorga su antigüedad-, Julio Torres -de Valparaíso-, y Gabriela Pérez y Alfredo Pfeiffer, ambos de la capital.
Sin embargo, y al igual que en la ocasión vez anterior, el nombramiento no estará exento de controversia, según anticipa el abogado de derechos humanos Juan Subercaseaux, debido al historial que exhibe Ballesteros. El letrado no concibe como el gobierno propone para ese cargo a un magistrado conocido por haber votado siempre a favor de la prescripción y de la amnistía en procesos por violaciones a los derechos humanos, además de haberse opuesto a los distintos desafueros solicitados contra el general (R) Augusto Pinochet, incluso en el caso Riggs.
Estupor
"No entiendo como el Presidente propone a esta persona que defiende al máximo violador de los derechos humanos en Chile y autor del mayor genocidio de la historia del país", afirma.
"En el caso Riggs, la inmensa mayoría de la Corte estimó que Pinochet debía ser desaforado y que había sospechas fundadas de su participación. Sin embargo, hubo cuatro ministros, Villarroel, Pfeiffer, Cisternas y Ballesteros, que se negaron a ver la posibilidad siquiera de que fuera desaforado e investigado, porque el dictador estaba tan mal de salud", señala irónicamente Subercaseaux.
Pero una de las mayores preocupaciones del abogado es que Ballesteros llegaría a integrar la Sala Penal de la Corte, instancia que se pronuncia sobre las causas de derechos humanos, y que actualmente tiene sólo cuatro ministros titulares: Jaime Rodríguez Espoz, Enrique Cury, Nibaldo Segura y Alberto Chaigneau, por lo que su presencia llegaría a desequilibrar la balanza a favor de funcionarios de los aparatos de seguridad de la dictadura militar.
¿Moneda de cambio?
"El nombramiento de Ballesteros sólo podría explicarse por un acuerdo político del gobierno, para quedar libre de la tremenda presión que le está haciendo la derecha por el caso de los parientes del Presidente, por lo que se puede interpretar como una moneda de cambio. Fuera que es la entrada de una persona para reemplazar a Hernán Álvarez, que es otro pinochetista acérrimo", sostuvo.
Es por ello que para el abogado no es de extrañar que en la reunión que sostuvieron el Presidente Lagos con el diputado de la UDI Pablo Longueira la semana pasada, se sellará un pacto político que le permitiera a la derecha tener un hombre de sus filas en el máximo tribunal del país: "Después de la reunión salieron diciendo que el caso MOP-Gescam no tenía base", añadió.
"Sin lugar a dudas los senadores UDI, la mayoría de los RN y del bloque militar-judicial, que suman unos 20 senadores, unidos a buena parte de los concertacionistas y designados de ese sector, podrían dar el quórum de dos tercios -31 senadores- necesarios para aprobar la propuesta presidencial", aclaró.
Desde el año 2000 el ministro Rubén Ballesteros registra media docena de fallos favorables a Augusto Pinochet en diversas causas criminales, en las cuales votó como miembro del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, según Subercaseaux:
Caso "Caravana de la Muerte" el 5 de junio de 2000; Caso "Prats-Cuthbert-1", a solicitud de la jueza argentina María Servini de Cubría, el 7 de octubre de 2002; Caso "Calle Conferencia", el 16 de septiembre de 2003; Caso "Operación Cóndor", el 5 de julio de 2004; Caso "Prats-Cuthbert-2", a petición del Ministro de Fuero Alejandro Solís, el 5 de enero de 2005; y Caso "Riggs-SII", el 1 de agosto de 2005, por señalar sólo algunos.
