Pese los antecedentes recibidos por el ministro Jorge Zepeda acerca del maltrato y abusos que sufrieron los colonos hacen proyectar una rápida investigación para dilucidar la eventual existencia de una asociación ilícita, el futuro de los documentos de inteligencia hallados en los terrenos de Villa Baviera comienza a inquietar a los cercanos al proceso judicial.
Luego de recibir los antecedentes judiciales acumulados por el Juzgado de Letras de Parral, el ministro Jorge Zepeda -quien tiene a su cargo indagar todas las actividades ilícitas que pudieran estar relacionadas con la ex Colonia Dignidad- sostuvo diversas reuniones para dirigir a los equipos de la policía de Investigaciones que trabajan en dichos procesos.
Asimismo, el magistrado se dispuso a analizar los informes evacuados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) referidos a la clasificación y revisión del cuantioso arsenal encontrado en búnkeres subterráneos de Villa Baviera, así como también los relativos a las fichas de información halladas junto a las armas, tarea a cargo de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol) de la policía civil.
Luego de extraer las potenciales informaciones que apunten a esclarecer casos de delitos de lesa humanidad que estarían ligados a las actividades que tuvo el enclave durante el gobierno militar, o a encontrar posibles restos de desaparecidos, el juez también comparte la preocupación por el destino que pudiese tener esa información, tanto pública como privada, de 38.900 ciudadanos, que abarca tanto aspectos públicos y privados de los afectados.
Parte de un expediente
Si bien, hasta ahora, las carpetas elaboradas por la ex jerarquía de Villa Baviera permanecen en dependencias de la Jipol, esta información oficialmente es parte del expediente del proceso judicial sobre la desaparición del militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) Juan Maino Canales, de quien se perdió su rastro al interior del enclave.
En este caso se encuentran procesados el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el general (R) Manuel Contreras, y los ex agentes de este organismo Rolf Wenderoth, Osvaldo Pincetti (Doctor Tormento), el detective retirado Eugenio Fieldhouse y Carlos López Tapia, el ex jerarca de Dignidad, Paul Schaeffer, en calidad de autores, el médico Harmutt Hopp, como encubridor y los colones alemanes Gerhard Mücke y Karl van den Berg.
Fuentes del proceso estiman que esos antecedentes son parte de dicho expediente y, por tanto, deberían quedar anexados a éste. Dicha la alternativa abriría la posibilidad de que la información contenida en las fichas sea pública, una vez cerrado el sumario del caso. "No procedería romper un proceso judicial y entregarlo a los que pudieran estar afectados por esta información", opinó una fuente allegada al caso.
Hasta el momento los antecedentes registrados en las carpetas de información no han trascendido a la prensa, pero algunos de los que han tenido acceso a ellas comentaron que hay datos bastante comprometedores de algunos de los aludidos, a lo cual se suma que no existe ningún grado de veracidad sobre lo que se consigna, por lo cual sería un tema complejo que estos antecedentes trasciendan a la opinión pública sin ningún tipo de "filtro".
Cercanos al ministro Zepeda afirman que el hecho que más le complica es que estas carpetas referidas a distintos personajes de todos los espectros políticos e institucionales puedan ser mal utilizada con fines electorales, tomando en cuenta especialmente el período electoral que vive el país.
Por lo anterior, el magistrado ha reforzado las medidas de seguridad respecto a estos documentos y sólo haría público aquellos relacionados con casos de violaciones a los derechos humanos, tanto a su cargo, como instruidos por otros tribunales.
Experiencias internacionales
Uno de los consultados por este medio señaló que el juez Zepeda estaría estudiando diversa literatura jurídica para definir qué futuro le cabría a esas fichas de inteligencia.
Para ello, se ha interiorizado sobre las experiencias internacionales sobre información de inteligencia que han elaborado organismos de seguridad de regímenes autoritarios. Una de ellas es lo que se decidió hacer con los documentos pertenecientes a policía política de la ex Alemania comunista, conocida como Stassi.
Luego de la caída del muro de Berlín, en 1989, los archivos de la Stassi fueron entregados a cada uno de los facetados en forma reservada, quienes luego tomaron propiedad de dicha información para destruirla, guardarla o definir algún otro destino.
Eso es lo que de alguna forma el magistrado ya hizo con la información referida a dos detenidos desaparecidos cuyos casos se encuentra sustanciando, antecedentes que fueron copiados y entregados a los familiares de ambas víctimas a través de sus abogados, Nelson Caucoto y Loreto Meza.
Pero en América Latina también existen experiencias al respecto. Una de ellas es el caso de Paraguay, donde toda la información recopilada y almacenada por los organismos represivos, denominados "Los archivos del Terror", fue destinada a un "Centro de Documentación y Archivos para la Protección de los Derechos Humanos", lugar al que cualquier persona de esa nación puede acceder para consultarlos, pese al grado de privacidad que pueden tener dichos antecedentes.
Al ser consultada al respecto, una fuente cercana al proceso fue reacia a tal posibilidad. Sin embargo aclaró que para concretarse una idea en dicha dirección se debe contar con el respaldo del Poder Ejecutivo. "Para destinarlo a un archivo de consulta pública debe existir una Ley especial que así lo disponga, sino lo más lógico es que quede como parte del proceso judicial del que (dichos antecedentes) forman parte", sostuvo.
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