Ministro Alejandro Solís elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago los antecedentes relativos a la desaparición de 36 presos políticos y 23 casos de aplicación de tormentos perpetrados al interior del mayor centro de detención de la ex DINA. Ahora, el tribunal de alzada deberá fijar una audiencia para determinar si procede iniciar un juicio de reproche contra el general retirado.
El ministro Alejandro Solís dio curso a una nueva solicitud de desafuero presentada contra el general (R) Augusto Pinochet Ugarte, en el marco del proceso por los delitos perpetrados al interior del centro de detención «Villa Grimaldi».
El magistrado elevó los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que sea ésta instancia se pronuncie sobre la eventual responsabilidad de Pinochet en 23 casos de torturas y 36 desapariciones de opositores al régimen militar.
Se trata de la primera vez que un juez pide despojar al general retirado del fuero del que goza en su calidad de ex gobernante, pues antes sólo se había solicitado por el delitos de homicidio o secuestro calificado.
Actualmente, el ex uniformado está desaforado por los delitos perpetrados en el marco de la Operación Colombo, en el que se investiga la muerte de 119 chilenos en el exterior. Por este caso, será sometido a exámenes mentales, para determinar si está en condiciones de enfrentar un juicio de reproche.
Además, el próximo miércoles Pleno de la Corte Suprema debe pronunciarse si priva al ex militar de su fuero en el marco del caso Riggs, en el que se investiga el origen de su millonaria fortuna, cifrada en US$ 27 millones.
Sospechas fundadas
El magistrado dio curso al pedido de los abogados Nelson Caucoto, Héctor Salazar, Fabiola Letelier, Hugo Gutiérrez, Hernán Quezada y Sergio Concha.
En su petición al tribunal de alzada, el magistrado sostiene que existen «sospechas fundadas» de la participación de Pinochet, como superior jerárquico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en los delitos que investiga.
Entre los desaparecidos figuran Luis Palomino Rojas, Claudio Thauby Pacheco, Fernando Silva Letelier y María Julieta Ramírez, que desaparecieron a fines de 1974. Ramírez era la madre de Oscar Castro, actor y director del teatro «Aleph», en Francia.
Uno de los antecedentes que desencadenó el pedido de desafuero de Pinochet fue la confesión del coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, quien integró la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Este ex uniformado, en el marco del proceso conocido como Calle Conferencia, aseguró que Pinochet conocía pormenorizadamente todas las actividades represivas y violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por este organismo de seguridad, que funcionó bajo la dirección operativa del general (R) Manuel Contreras Sepúlveda.
Además, aseguró que Pinochet habría visitado al secretario general del PC, Víctor Díaz, quien junto a los otros cinco que conformaron la cúpula de la tienda estuvieron detenidos en Villa Grimaldi y, posteriormente, a un cuartel ubicado en el Cajón del Maipo llamado "Casa de Piedra", que estaba a cargo del coronel (R) de Ejército, Germán Barriga, quien se suicidó en enero de este año.
El mayor centro de detención
De acuerdo a los informes Rettig y Valech, que han documentado las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, el de Villa Grimaldi -también conocido como Cuartel Terranova- fue el recinto secreto de detención y tortura más grande de la DINA.
En la investigación por los abusos perpetrados en dicho recinto, están procesados los generales (R) Manuel Contreras, Hernán Ramírez Hald, César Manríquez, y a los brigadieres (R) Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza, Fernando Laureani, todos del Ejército, por desapariciones y torturas aplicadas en dicho recinto.
También enfrentan cargos los coroneles (R) Marcelo Morén Brito, Haroldo Latorre, Rolf Wenderoth, Gerardo Urrich, Carlos López Tapia, capitán (R) Manuel Carevic, el cabo (R) Basclay Zapata, también del Ejército, el civil Osvaldo Romo Mena y el subteniente retirado de Gendarmería Osvaldo Manzo.
Antes, el ministro Solís procesó a ocho ex militares por apremios ilegítimos contra 22 personas que estuvieron recluidas en el dicho recinto. El dictamen afectó a Contreras, Morén Brito, Espinoza Bravo, Krassnoff Martchenko, Romo Mena, Zapata Reyes, Laurani Maturana, además de Maximiliano Ferrer Lima y Gerardo Godoy García.
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