domingo, 23 de septiembre de 2018 Actualizado a las 04:08

Nuevo capítulo del caso Riggs

Desafuero de Pinochet, en suspenso en la Suprema por alegatos pendientes

por 13 octubre, 2005

Tras dos horas durante las cuales se extendió el proceso de relación del caso, expusieron los abogados Pablo Rodríguez y Alfonso Insunza, por la defensa y la parte querellante, en la causa que busca indagar las responsabilidades directas del ex gobernante de facto en la compleja red financiera que se creó para ocultar su patrimonio en el extranjero. [En desarrollo]
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Por existir alegatos pendientes, el Pleno de la Corte Suprema decidió prolongar hasta mañana jueves la vista del desafuero del general (r) Augusto Pinochet en el denominado caso Riggs.



Este miércoles se realizó entre 9 y 11 horas la relación del caso, que estuvo a cargo del relator del máximo tribunal, Omar Astudillo. Posteriormente, alegaron por la defensa y la parte querellante, respectivamente, los abogados Pablo Rodríguez y Alfonso Insunza.



La sesión se llevó a cabo con la ausencia del presidente de la Suprema, Marcos Libedinsky, y los ministro Domingo Kokisch y Rubén Ballesteros, quien se inhabilitó luego de votar en la Corte de Apelaciones el desafuero.



En la diligencia se conoció la solicitud de desafuero elevada por el ministro de fuero Sergio Muñoz en contra del retirado militar, a quien a mediados del año pasado se le descubrió una abultada fortuna mantenida en el exterior, a través de más de 120 cuentas y depósitos en distintas entidades financieras.



Defensa alega prescripción y sumario acotado



El abogado Rodríguez Grez indicó que en los cinco capítulos del desafuero confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago no se constituirían los hechos para demostrar la existencia de los delitos.



Afirmó también que en caso de comprobarse los ilícitos, la acción penal estaría prescrita. En cuanto al delito tributario de declaraciones maliciosamente incompletas, dijo que "Pinochet es el único ciudadano en Chile al que se le persigue por sus declaraciones de impuestos desde 1980 al 2004, lo cual constituiría la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley".



Asimismo, sostuvo que el ex uniformado nunca tuvo como objetivo adulterar sus declaraciones de impuestos con el fin de tributar un monto inferior a su patrimonio, sino que su objetivo fue que no se conocieran sus fondos acumulados en el exterior, "que son objeto del ahorro de toda una vida".



El profesional enfatizó que Pinochet es uno de los hombres más perseguidos en el mundo por razones de orden político y que el ocultamiento de su patrimonio tuvo por fin evitar el hostigamiento y la persecución que existe en su contra en todo el orbe.



Más allá de ello, Rodríguez argumentó que las sociedades ficticias que se crearon para ocultar sus ahorros tuvieron domicilio en el extranjero, por lo cual no estaba obligado a pagar impuestos en Chile por dicho patrimonio.



En esa medida, sostuvo que dicha conducta se trataría de elusión de impuestos, la cual es un instrumento totalmente legítimo que pueden usar los contribuyentes a fin de rebajar sus declaraciones de impuestos.



Asimismo, sostuvo que entre 1998 y 2000 Pinochet estuvo detenido en londres, por lo cual no le correspondía tributar en Chile, pues su domicilio legal estaba en el barrio de Virginia Waters.



De esta forma, concluyó que el único período investigable por los tribunales sería el comprendido entre 2000 y 2004.



Reclamó por lo que considera "una serie de irregularidades" en las cuales habría incurrido el ministro de fuero Sergio Muñoz en la instrucción de este proceso, como haber mantenido por cerca de un año al secreto del sumario para las defensas, haber rechazado la petición de realizar una auditoría internacional sobre las cuentas de Pinochet y haber superado ampliamente el plazo máximo de 240 días que establece el Código Tributario para realizar las indagaciones" pertinentes a los delitos contemplados en dicho cuerpo legal.



Sobre delitos de perjurio en la declaración de bienes hecha ante notario al dejar la Presidencia, la falsificación y uso de pasaportes, la falsificación de un certificado de la Subsecretaría de Guerra para justificar ingresos y la elusión del ambrago internacional sobre sus bienes dictado por el juez español Baltasar Garzón en 1998, Rodríguez siguió en la línea de desestimar que los hechos sean constitutivos de delito y, además, afirmó que tales ilícitos estarían ampliamente prescritos, según la legislación nacional.



"Los fondos del general Pinochet son bien habidos. Él es un hombre honesto y honrado. Es un hombre sobrio que con buenas asesorías logró multiplicar sus bienes en el extranjero", enfatizó, añadiendo que este proceso está "infectado de presiones", tanto de Chile como del extranjero.



En tanto, el abogado Insunza explicó que a partir de julio de 2004 se conoció el real patrimonio de Pinochet a través de un informe de Estados Unidos, en el cual se daba cuenta de la vinculación del ex uniformador con el Riggs Bank.



En ese marco, opinó que más que delitos puntuales que hasta junio del año pasado investigaba el ministro Muñoz, en este caso existe lavado de dinero y hechos que pueden constituir corrupción, por lo que los tribunlaes chilenos estarían obligados a esclaracer estos hechos, ya que el país suscribió la Convención Interamericana contra la corrupción de la OEA.



Insunza puntualizó que en consideración a los cerca de US$ 27 millones que el ex jefe castrense amasó en el exterior, éste omitió incluir cerca de $ 600 millones anuales an sus declaraciones de renta, lo cual sumado a la creación de sociedades ficticias y la apertura de cuentas con variaciones de su nombre real implicarían que éste tuvo dolo o culpa en el pago de gravámenes anuales que hizo al Fisco.



Junto a ello, recordó que Pinochet ingresó clandestinamente a Chile cerca de US$ 5,6 millones, sin pagar ningún impuesto, por lo cual tampoco se cumpliría la premisa que estas inversiones y utilidades sólo se mantuvieron en el extranjero, por lo cual no se constituiría el delito de evasión tributaria.



También precisó que los ingresos de Pinochet en su calidad de funcionario público, desde 1973 a 1998, sólo sumarían $ 671 millones, razón que imposibilitaría que sólo con sus ahorros hubiera podido acumular cerca de US$ 27 millones.



Por último, mencionó la carta enviada a los medios de comunicación por el general (r) en la cual exculpa a su señora e hijos de la eventual responsabilidad penal que les pueda caber en el ocultamiento de su fortuna, antecedente que para este querellante desvirtúa absolutamente la posibilidad de que éste no esté en condiciones mentales de enfrentar un juicio.



En esa misma línea, mencionó que según los antecedentes mencionados en el proceso y la declaración del ex albacea Óscar Aitken, el otrora jefe de la Junta Militar realizó a lo menos 15 actos jurídicos de importancia entre 2000 y 2004, instruyendo a sus asesores sobre el manejo financiero de sus bienes, lo cual hace difícil que no hubiese estado en su sano juicio.



Confianza



Frente al posible resultado de esta petición de quitarle la inmunidad legal que ampara a Pinochet como ex gobernante de facto, algunos de los querellantes manifestaron su confianza en que el máximo tribunal apruebe investigar al ex uniformado por los delitos que se le imputan en este caso.



Fuentes consultadas al respecto, recordaron que una buena señal, en esa línea, fue el desafuero cursado para el ex comandante en jefe del Ejército en el caso por la denominada Operación Colombo, a mediados del mes pasado, el cual evitó pronunciarse sobre las condiciones de salud mental que impedirían que el ex uniformado pueda enfrentar un debido proceso.



Por ello, estimaron que en el Caso Riggs sería "demasiado impresentable" que la Suprema nuevamente acogiera las razones de salud para marginar a Pinochet de la investigación, dado que "consta en el proceso que ha desarrollado una serie de actos jurídicos con total lucidez en el último tiempo, lo cual también se desprende de su ex albacea Óscar Aitken, quien afirma que él sólo cumplió órdenes directas de su ex jefe", argumentaron.



Los delitos



El pasado siete de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió quitarle a Pinochet sus garantías constitucionales como ex primer mandatario por 21 votos a favor y cuatro en contra, por sólo cuatro de las cinco aristas judiciales que hasta esa época estaban configuradas en el expediente de las millonarias cuentas de Pinochet en el extranjero.



Esos delitos se relacionan con las declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas; adulteración de su declaración de bienes ante notario al retirarse de la Presidencia de la República en 1989; falsificación de pasaportes y documentación fiscal de la Subsecretaría de Guerra para acreditar ingresos; y elusión del embargo internacional que dictó sobre sus bienes el juez español Baltasar Garzón, en 1998, durante su detención en Londres.



Sin embargo, una línea investigativa que quedó marginada del caso, por estar considerada preescrita fueron los eventuales delitos de negociación incompatible y amenazas, de los cuales el ex uniformado estaba acusado a raíz de la compra de terrenos en El Melocotón, a través del coronel Ramón Castro Ivanovic.



En todo caso, fuentes requeridas por el tema aclararon que, de mantenerse esa decisión, eso no significa que no se sigan investigando la posible utilización de recursos y funcionarios del Comando de Ingenieros del Ejército en la construcción de los inmuebles ubicados en El Melocotón, Los Boldos y Los Flamencos, hecho que podría tipificarse con el delito de malversación de fondos.



Futuro próximo



En todo caso, aún cuando la decisión de la Suprema pudiera ser conocida dentro de esta semana, se estima que difícilmente el magistrado podría adoptar una resolución de fondo en el caso, -como dictar procesamientos- ya que la redacción del dictamen sobre el desafuero de Pinochet sería un paso previo de mayor importancia para proceder.



Al respecto, fuentes de los querellantes explicaron que de ser favorable la decisión de la alta magistratura sobre la participación que le puede competer a Augusto Pinochet, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya estaría en condiciones de presentar una querella por lavado de dinero en contra de todos los que resulten responsables en el origen de la fortuna del ex uniformado.



El reemplazante de Muñoz



Otro tema que no deja de preocupar a los querellantes es quién será el designado por la Corte Suprema para reemplazar al ministro Sergio Muñoz, quien el próximo lunes jurará ante el máximo tribunal y pasará a integrar la vacante de la Primera Sala (Civil) de dicha magistratura.



Para la abogada Carmen Hertz, lo ideal sería que se respetase el sistema de turnos para nombrar al sucesor del juez. Con ese criterio quien debería hacerse cargo de esta "mega investigación" sería el ministro Jorge Zepeda, quien hace poco tiempo fue nombrado para indagar en todos los posibles ilícitos cometidos por la ex Colonia Dignidad.



Esa última razón hace poco probable que se le encomiende otra causa de gran complejidad a la que instruye por Villa Baviera, la cual tramita de forma paralela a causas por violaciones a los derechos humanos. En la línea normal de subrogación, entonces, correspondería que la ministra Dobra Lusic asuma la sustanciación de este proceso.



El nombre de la magistrado deja satisfechos a los querellantes, ya que además de su fama de eficiente e implacable, también está el hecho que ella conoce de cerca el proceso, ya que reemplazó a Muñoz cuando este estaba "implicado" debido a una presentación de la defensa de Pinochet que, luego, fue rechazada.



Pero otra de las leyes "no escritas" para elegir al reemplazante del llamado "superministro", es que la Suprema opté por designar al integrante más nuevo del tribunal de alzada capitalino, Mario Rojas. Sin embargo, las fuentes consultadas consideraron que esa sería la opción "más mala entre todas".



Rumores de pasillo que circulan en el palacio de Tribunales apuntan a que la ministra Lusic sería la encargada de asumir el caso Riggs, mientras que los otros casos sustanciados por el nuevo supremo serían traspasados a Zepeda, ya que son procesos que prácticamente están concluidos y sólo falta dictar sentencia.


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Envíada por Enrique Álvarez Jaque | 22 septiembre, 2018

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