Consejo de Defensa del Estado dio cuenta de una declaración del general (R) Guillermo Letelier Skinner, ex director de la Famae, quien aseguró -en el marco del proceso por la muerte del coronel Gerardo Huber- que para retirar el material bélico usado de los regimientos »debía existir forzosamente» una orden escrita de parte del otrora comandante en jefe del Ejército.
Un testimonio que involucra directamente al general (R) Augusto Pinochet Ugarte en la venta de armamento ilegal a Croacia, registrado en 1991, fue revelado este jueves durante los alegatos celebrados ante la Corte Marcial por la reapertura de la investigación.
Se trata de una declaración judicial del general (R) Guillermo Letelier Skinner, ex director de Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), que fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como una de las pruebas que ameritan que se reabra el proceso.
En la audiencia ante la Corte Marcial también expusieron el jefe (S) del Ministerio Público Militar (MPM), coronel (J) Waldo Martínez, y el abogado Raúl Ramírez, que defiende al capitán (R) de la FACH Patricio Pérez Villagrán, uno de los condenados en primera instancia.
En la oportunidad, la abogada del CDE, María Inés Horvitz, expuso la necesidad de que el tribunal castrense ordene la reapertura de la investigación, a fin de perseguir mayores responsabilidades, para lo cual reveló el testimonio del general (R) Letelier Skinner.
La declaración del ex militar se produjo en las últimas semanas ante el ministro en visita Claudio Pavez, en el marco de la investigación por la extraña muerte del coronel Gerardo Huber, caso que estaría íntimamente ligado al tráfico ilegal de Croacia.
El CDE pidió que se investigara la responsabilidad de Pinochet a partir del testimonio de Letelier Skinner, para lo cual también recomendó al tribunal tener a la vista los expedientes del caso Riggs, sobre el origen de la fortuna de Pinochet, y la muerte de Huber.
El propio organismo fiscal había atribuido al lavado de dinero y a las comisiones por la venta de armamentos el origen de la fortuna de Pinochet, en el marco de los alegatos celebrado ante la Corte Suprema por el desafuero del ex militar en el caso Riggs.
Por la venta ilegal de armas a Croacia fueron condenados en primera instancia el sargento (R) Ramón Pérez Orellana a 541 días de presidio remitido, mientras que Pérez Villagrán y al capitán (R) de Ejército Pedro Araya Hermosilla a penas de 5 años y un día, respectivamente.
Cónclave de generales
De acuerdo al testimonio revelado por Horvitz, Letelier Skinner aseguró que tras recibir una solicitud de compras de armas usadas de Famae de parte de dos ciudadanos extranjeros, informó a los mandos del Ejército, luego de la celebración de un Consejo de Generales.
Letelier Skinner hacía referencia al francés Ives Marziale, representante de la firma Ivi Finance & Management Incorporated que intermediaba en la compra de armas, y al inglés Sydney Edwards.
El encuentro, realizado en el Club Militar de Lo Curro, fue encabezado por Pinochet, y que en ella se acordaron las unidades de las cuales se retiraría el armamento, aunque precisó el destino del cargamento sería Sri Lanka.
En la cita participaron los generales Florencio Tejos, Sánchez Castilla, Guido Riquelme Andaur, Carlos Krumm Rojas, Guillermo Garín, Richard Quass, Fernando Torres Silva, Sergio Moreno Sarabia y Eterio Pavez, además del propio Pinochet.
Según el testimonio, Pinochet se mostró interesado en el negocio y expuso que los generales presentes y que tenían relación con el tema, lo plantearan e hiciesen las coordinaciones pertinentes, entre ellas, un catastro de las armas y municiones que el Ejército podría enajenar.
Leteier advierte que remitió a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) la lista de las armas que pretendía comprar Marziale y que correspondían "a las que en ese momento íbamos a exportar, según un listado preparado por el coronel Fuenzalida (…) Es decir, no incluía el total de la lista de armas que se pretendía adquirir, por ello se hablaba de que éste era el primer embarque".
Además, añade que remitió un certificado de destino que otorga el país comprador, en este caso Sri Lanka, y un reconocimiento de dicha nación en el sentido de que Ives Marziale era un proveedor habitual suyo de armas, y por tanto, reconocido en ese país, y además remitió un poder de presentación para actuar.
Letelier Skinner señala que "para retirar las armas de los regimientos tenía que forzosamente existir una orden escrita que pudo provenir del general Pinochet (…) pues en definitiva, la orden fue dada por el comandante en jefe del Ejército, eso es, el general Pinochet, y cumplida por el general Riquelme".
«Siguiendo el ordenamiento de esta situación, el material retirado de los regimientos debía ser dado de baja, función que cumplía el director de material de guerra, el general Florencio Tejos», agrega el testimonio.
MPM sugirió nuevo proceso
En tanto, el Ministerio Público Militar se sumó al pedido del CDE en orden a revocar la resolución de primera instancia, pero sólo planteó la posibilidad de que se aclararan las eventuales responsabilidades penales de quienes habían sido absueltos en primera instancia.
Martínez señaló que en caso de confirmarse el cierre del proceso, que al menos se aplicaran penas de 10 años y un día de presidio para los capitanes (R) Araya y Pérez, ya que en el fallo de primera instancia no se consideró que se aprovecharon de su rol de funcionarios públicos para cometer el ilícito.
Asimismo, planteó la posibilidad de que en caso que la decisión de primera instancia se mantenga a firme, la Corte Marcial ordene la apertura de una nueva causa por hurto de material de guerra, descartando que para tales efectos estuviera prescrita la acción penal.
El fiscal Martínez también planteó que había varios organismos del Estado fueron negligentes, entre ellos, la Dirección de Aduanas, e incluso a la Policía de Investigaciones, respecto a que nunca se dejó constancia de las salidas ni las entradas de la tripulación que fue en el charter a Hungría.
Asimismo, señaló que el Ministerio de Defensa y el Consejo Superior de Famae tampoco habían tenido la rigurosidad que se espera de ellos, porque no reaccionaron de forma inmediata para esclarecer la venta ilegal de armas.
Por su parte, la defensa del capitán (R) Pérez pidió a la Corte Marcial absolver a su cliente y que, en su subsidio, se reabra la investigación para perseguir la responsabilidad de los mandos superiores que habrían adoptado la decisión de vender las armas a Croacia.
Señaló que su cliente no tuvo acceso a un debido proceso y que sólo se tomaron en cuenta antecedentes que lo inculpaban, pero no aquellos que lo absolvían, en contraposición a los otros militares que sí fueron absueltos.
Asimismo, aseguró que su cliente nunca participó en la adulteración de documentos para cambiar el destino final del cargamento de armas, ni el despacho de estos pertrechos.
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