En fallo unánime, el tribunal militar designó al juez Alejandro Solís para que asuma la investigación sobre el envío ilegal de armas a Croacia registrado en 1991. Asimismo, ordenó realizar una serie de diligencias desechadas en primera instancia, a fin de determinar si a los altos mandos del Ejército de la época les cupo responsabilidad.
La Corte Marcial, en fallo unánime, resolvió este martes anular el fallo de primera instancia por el envío ilegal de armas a Croacia, perpetrado en 1991, y nombró un ministro en visita para que asuma la investigación del proceso.
El tribunal de alzada castrense determinó anular la sentencia de primera instancia dictada por el titular Segundo Juzgado Militar, Miguel Trincado.
Junto con ordenar que todo el proceso se retrotrajera a la etapa de sumario, resolvió que la investigación sea impulsada por el juez Alejandro Solís, en calidad de ministro en visita.
El dictamen también ordenó que el magistrado diera curso a las diligencias que en su momento el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al tribunal militar, y que fueron denegadas.
El objetivo de las medidas requeridas por el organismo estatal es esclarecer la responsabilidad de los altos mandos del Ejército de la época en el envío del cargamento de armas.
Investigación ineficiente
La decisión se adoptó en base al artículo 60 del Código de Justicia Militar que, en su inciso final, establece que la Corte Marcial podrá "salvar errores u omisiones de las que adolezca el proceso de primera instancia".
El fallo agrega que "escuchada la relación de la causa y alegatos en estrados, se puede concluir que en la tramitación de este proceso se han producido irregularidades que denotan una ineficiente investigación en la etapa de sumario".
El dictamen fue emitido luego que la semana pasada el tribunal escuchara los alegatos del CDE, el Ministerio Público Militar (MPM) y algunos involucrados, que pidieron la reapertura de la investigación.
En agosto pasado y después de trece años de investigación, el Segundo Juzgado Militar condenó a los capitanes de la FACH Patricio Pérez Villagrán y del Ejército Patricio Araya Hermosilla, además del empleado civil de la Dirección de Logística del Ejército Ramón Pérez Orellana.
El fallo de primera instancia no sólo fue objetado por el CDE sino que por el propio Ejército, quienes estimaron que era improbable que el envío del cargamento haya sido ideado por mandos medios de la institución.
El ministro Solís, miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago e integrante de la Corte Marcial, se declaró "honrado" por la confianza que le expresaron sus pares. "Es una carga muy pesada, pero trataremos de cumplir dentro del más breve plazo", afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de que haya militares de mayor rango involucrados, el magistrado señaló que "no puedo hablar de convicción. He escuchado la relación y he escuchado los alegatos, y en virtud de eso me aboco al conocimiento de esta causa".
Diligencias
La decisión adoptada este martes ordenó al ministro Solís la realización de una serie de diligencias, entre las que se encuentran nuevos interrogatorios a los generales (R) Guillermo Letelier Skinner y Carlos Krumm.
También requirió de nuevos oficios a Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) para que se agreguen los documentos que dan cuenta de un pago de 203 mil dólares por la venta de la ex fábrica de armas; y que se oficie a las filiales de Interpol en Panamá, Hungría, Francia, Alemania e Inglaterra.
También solicitó esclarecer el origen de una cuenta en el Banco de Chile de Nueva York, a nombre de la sociedad Ultracan, que también fue mencionada en el caso Riggs, en el que se indaga el origen del patrimonio del general (R) Augusto Pinochet.
Asimismo, pidió precisar las declaraciones de Carmen Gloria Molina, ex secretaria de Krumm, en el sentido de que éste habría llamado al ex fiscal Fernando Torres Silva para que el Ejército colaborara con el envío de armas con cohetes Low y fusiles calibre 5.56.
