La investigadora de Flacso, Lucía Dammert, y el investigador de Libertad y Desarrollo, Ignacio Illanes, analizan las diferencias entre los candidatos en materia de delincuencia. Al parecer, la derecha tiende a centrar el problema en el corto plazo, solucionando las urgencias inmediatas, mientras la Concertación es favorable a invertir más en prevención. Aunque en campaña todo vale.
Es indudable que para el abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, es un gran logro haber podido posicionar en los medios y en el debate público en general el tema de la delincuencia. Un acierto que celebran no sólo en su comando -ya que consiguió que Michelle Bachelet y el mismo presidente Lagos contesten sus emplazamientos y entren al debate público en ese terreno-, sino que también en el mundo académico, porque ello permite discutir más seriamente las distintas alternativas de solución.
Según Ignacio Illanes, abogado, master en políticas públicas y director del programa sociedad y política del Instituto Libertad y Desarrollo (vinculado al gremialismo), existe un enfoque distinto entre los planteamientos de Bachelet y los de los candidatos de la Alianza en la materia. «Joaquín Lavín y Sebastián Piñera son más partidarios de la mano dura y de tomar medidas en el corto plazo», señala.
A juicio de Illanes, «existen visiones distintas sobre si este es un problema de largo plazo o si también es de corto plazo. La visión de la Concertación es que todas las medidas deben ser de largo plazo y el resto de las medidas vana ser consideradas siempre como efectistas. Ahora, yo creo que son necesarias también si tú quieres poner atajo al problema».
A las ya conocidas propuestas de Lavín «la tercera es la vencida» -que busca poner fin a la reincidencia- y la «cárcel isla» para la población penal más peligrosa se les sumó ayer una medida del abanderado de RN y su bancada de senadores. Ellos presentaron un proyecto de ley que busca tomar medidas más drásticas para combatir delitos graves como robos, violaciones, homicidio y tráfico de drogas poniendo en marcha leyes transitorias de una duración de tres años.
Una mirada diferente
Sin embargo, este enfoque cortoplacista no le gusta a Lucía Dammert, coordinadora de Estudios Seguridad y Ciudadanía de la FLACSO, quien cree que «Lavín mira el tema de la delincuencia desde una perspectiva política y ha puesto especial énfasis en ese tema porque es donde mejor se puede diferenciar de la candidata de la Concertación».
Dammert es socióloga y experta en temas de delincuencia (fue asesora de la División de Seguridad Ciudadana del ministerio del Interior) y tiene una visión diferente de la manera como se debe enfrentar la delincuencia.
A su juicio «hay que ponerle mucho más hincapié a los programas preventivos, evitando los desertores escolares y entregándole oportunidades laborales a los más jóvenes, porque sin posibilidades laborales y educativas la ilegalidad comienza a aparecer como la única alternativa para un sector de la población».
Aunque cree que es necesario castigar a la gente que comete delitos no es favorable a un trato igual para toda la población que va a la cárcel. «Hay algunos que probablemente no tengan capacidad de reinserción y que deban tener un tratamiento diferente, pero la gran mayoría de los primerizos tendría una mejor reinserción social si es que ingresa a cárceles diferentes a las que tenemos ahora».
En su opinión, «el panorama (que presentan los políticos) es un tanto exagerado. En Chile los homicidios no son altos, es la tasa más baja de América Latina. Ésta es una estrategia de campaña y no de gobierno. Hay muchas propuestas que están más dirigidas al votante promedio más que a resolver el problema de forma acuciosa».
Además, según la experta, propuestas como «la tercera es la vencida», que busca meter a la cárcel por 15 años sin derecho a pataleo a los criminales más peligrosos que reinciden, no es aplicable en Chile donde ya existe un déficit carcelario importante, porque implica aumentar la población penal. Con respecto a la «cárcel isla» plantea: «¿Uno quiere invertir 25 millones de dólares en una cárcel isla o aumentar la cobertura de jóvenes desertores de escuelas para que puedan volver al colegio?».
Y es que los recursos, recuerda, no son ilimitados.»En Chile contamos con recursos limitados por lo que hay que preguntarse ¿Cuál inversión es mejor en el mediano y largo plazo para disminuir la delincuencia? Y está claro que la inversión no son las cárceles, porque los estudios demuestran que entra un lanza y sale un secuestrador», puntualiza.
La necesidad de solucionar los problemas inmediatos
Frente a esos argumentos, Illanes señala: «Comparto con Lucía la necesidad de tener políticas de largo plazo, pero también creo necesario apuntar a políticas de corto plazo que, a ojos de la gente son un poco más duras. Hay que resolver el problema inmediato, qué hacer con el asaltante violento de ahora, lo cual no excluye las acciones de largo plazo».
Plantea la misma tesis de Lavín y Piñera, en el sentido que ser más duro con los delincuentes desincentiva sus conductas ilegales. «No comparto las tesis que pretenden reducir el tema de la delincuencia a simplemente un problema sociológico, complejo, que no se puede abordar. Creo que sí se puede abordar, que sí se necesitan medidas de corto plazo y comparto la necesidad de algunas medidas más drásticas porque dan señales de corto plazo», estima el investigador del instituto Libertad.
Lo mismo opina Marcelo Venegas, abogado del instituto Libertad (ligado a RN) y asesor de la bancada de senadores de Renovación Nacional, quien, dicho sea de paso, participó en la redacción del proyecto sobre delincuencia presentado ayer.
Venegas estima que hay que tomar tanto medidas de corto como de largo plazo porque, dado que uno de los motivos del aumento de la delincuencia es la mala distribución de los ingresos y ese problema, «según los expertos», se solucionará recién en 30 años, es necesario tomar medidas ahora, mientras se soluciona el problema de fondo.
En todo caso, hay que tomar en cuenta que cada una de las medidas realizadas en el corto plazo son recursos con los que no se cuenta para hacer cosas en el largo plazo. Sólo un dato: actualmente el país gasta alrededor de 3.500 millones de dólares en seguridad al año, la mayor parte de ello es gasto privado. El gasto público en seguridad ciudadana es de 1.000 millones al año.
«No creo que en Chile estemos mal en términos de inversiones, salvo en infraestructura carcelaria, que se está comenzando a implementar. Más que nada lo que se necesita es dar las señales correctas y evaluar los programas, donde en Chile estamos recién en pañales», termina diciendo Illanes.
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